La crisis de Proteínsa, la ex Cresta Roja, se acerca a un desenlace. Los trabajadores han decidido no retomar tareas hasta que no se paguen las indemnizaciones (el único capital que Ovoprot, Tanacorsa y el grupo Laclau se comprometieron a invertir).

 

Desde hace varios días la planta II está tomada por los trabajadores, que después de ver que no se cumplieron ninguna de las promesas de Proteínsa ni de la jueza ni del gobierno, pasaron a los hechos. 

 

En la última audiencia, luego de varias amenazas de parte de la empresa de levantar campamento y cerrar, el Ministerio de Trabajo impulsó una intervención que apunta a desconocer el mandato de asamblea: 

Una votación de las propuestas de la empresa (ninguna de ellas contemplaba el pago de la indemnización) por urnas y con voto secreto. 

 

El objetivo de la votación secreta y por urnas es desconocer la asamblea obrera y darle vía libre a los supervisores, jefes y líderes para incidir a través de amenazas en la votación.

 

El activismo, encabezado por el cuerpo de delegados de sector de Planta II, fijó posición llamando a no votar: por no aceptar resignar la indemnización, ni aceptar falsas promesas de mentirosos probados como los directivos de Proteínsa y, sobre todo, no permitir que se instale un método ajeno a la asamblea obrera.

 

El sindicato STIA trajo las urnas y los fiscales, pero en vano: los resultados fueron demoledores. En planta I votaron solo algunos encargados; en planta II no votó nadie. La claridad del activismo hizo fracasar la maniobra de la empresa y el Ministerio. 

 

Mañana a la audiencia los representantes de base de los trabajadores irán en ganadores. Hay que ir a fondo por el cobro total de las indemnizaciones y continuar con el reclamo del regreso al trabajo de todos los despedidos.