El asesinato de Gabriela Pérez, trabajadora de limpieza contratada por la empresa Eco Clean, está dejando al descubierto la tremenda precarización laboral a la que son sometidas las trabajadoras de limpieza. En primer lugar, Eco Clean es una empresa en la que se tercerizan las tareas de aseo en la mayoría de escuelas y demás edificios públicos de la provincia de Córdoba.

Según declaraciones de las propias empleadas, quienes son en su mayoría madres con hijxs, los sueldos varían entre los $90.000 y los $110.000 por tareas desempeñadas de lunes a viernes en jornadas de 8 horas diarias. Una cifra miserable teniendo en cuenta el cuadro inflacionario actual. Al momento de ser contratadas, se les recomienda afiliarse al Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Solesac). Dicho sindicato es liderado por Sergio Fittipaldi desde hace 17 años.

Dalma, hermana de Gabriela, quien también estuvo presente en el momento del crimen, responsabilizó al sindicato. Relató que Cristian “Coco” Fuentes, referente sindical, insistió en la asistencia a la reunión en la que luego se produjo la balacera. “Si no íbamos, sabíamos que nos echaban o podíamos tener consecuencias”, aseguró. Y agregó: “si los dirigentes sabían que había una amenaza y la habían denunciado, por qué nos obligaron a Gabriela y a mí a asistir a un lugar, a estar en medio de las balas y a tener que presenciar el crimen de mi hermana” (La Voz).

La hermana de la víctima relató que, tras el impacto de bala, Gabriela no fue asistida por nadie. Además, ella y otras trabajadoras que estaban en el lugar aseguraron que los disparos provenían tanto de afuera como desde adentro del club, es decir que hubo fuego cruzado. Sin embargo, la fiscal, Silvana Fernández, insiste en que no hay pruebas de esto, que los disparos solo fueron desde afuera. Por otra parte, la familia de Gabriela denunció que la escena del crimen no fue preservada, incluso se realizó un cumpleaños en el Club el mismo domingo a la noche.

Mientras tanto, el Solesac y el Surrbac (Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido en Córdoba), liderado por Franco Saillén, se responsabilizan entre ellos por el crimen. Cabe destacar que próximamente serán las elecciones gremiales en el Soelsac. Lo cierto es que Gabriela fue una víctima fatal del enfrentamiento entre la burocracia sindical. Ni el Solesac ni el Surrbac tienen nada para ofrecerle al conjunto de trabajadoras precarizadas. Eso queda claro. De hecho, son las burocracias sindicales las que hacen posible la precarización, el poder que tienen es porque se encuentran en estrecha relación con todos los partidos del régimen. De esa manera hacen pasar el ajuste sobre el pueblo trabajador.

Ahora, a raíz del crimen de Gabriela, los legisladores de Juntos por el Cambio sacaron un comunicado en el que afirman que “el gobierno no puede avalar estas prácticas ni ser cómplice de este crimen y estos actos”. Sin embargo, cuando gobernaron lo hicieron acordando con la burocracia sindical.

Cabe recordar que la precarización municipal tuvo un hito fundamental con la creación del Ente Autárquico Descentralizado de Servicios y Obras Públicas (ESyOP) bajo la gestión de Ramón Mestre, sancionado por la ordenanza 12.47/16. Este Ente, hoy continuado bajo la denominación de COyS (Córdoba Obras y Servicios), ha favorecido la descentralización administrativa, de recursos y de personal que cumple tareas municipales, habilitando el ingreso del Surrbac a los negocios municipales.

En este panorama cobra importancia el planteo de un plan de lucha por todos los reclamos de lxs obrerxs. Basta de precarización laboral y pase a planta permanente de todxs lxs trabajadores precarizadxs. Fuera las burocracias de los sindicatos. Juicio y castigo a todos los responsables por el crimen de Gabriela Pérez.

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