Entre el 1° y el 7 de diciembre próximos tendrá lugar el juicio contra Alejandro Toloza y Jorge Castro, secretario adjunto y general de la Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones (Uettel), respectivamente, acusados por medidas de lucha realizadas en el marco de un conflicto gremial. 

 

El proceso es una demostración clara de la función patronal y criminalizadora de las luchas obreras que cumple el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

 

El conflicto

 

Uettel es un sindicato que intenta organizar a los tercerizados telefónicos que se encuentran trabajando en las empresas telefónicas, pero que han sido encuadrados en los convenios de empleados de comercio y Uocra (Construcción), en lugar del convenio telefónico que les corresponde.

 

El conflicto surgió por el reclamo de los trabajadores de la empresa Plantel (una tercerizada de Telefónica ubicada en La Plata, donde los trabajadores habían logrado mejores condiciones de trabajo y salario), que reclamaban ser admitidos en el convenio telefónico. La respuesta de la patronal fue, por un lado, proceder a despedir a parte de los trabajadores (con el aval del Ministerio de Trabajo comandado por Tomada), y por el otro, convocar a una patota de la Uocra para desarmar la organización de los tercerizados.

 

El reclamo de los trabajadores se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires como única forma de resguardar la integridad de los luchadores ante las agresiones de la patota de la Uocra de La Plata, del nefasto “Pata” Medina.

 

La causa

 

Los delitos que se le enrostran a Toloza y Castro son entorpecer la vía pública e impedir el ingreso a Telefónica, en diez hechos diferentes distribuidos en los más de 60 días que duró el conflicto que se mantuvo con un acampe en la calle frente al edificio República de Telefónica. Todo esto a pesar de que en todo el conflicto se evitó el corte total de la Avenida Corrientes y las puertas de ingreso fueron cerradas por la patronal y no por los manifestantes.

 

La causa fue fomentada directamente por Telefónica, que efectuó cada una de las denuncias, reclamando el desalojo de los manifestantes y su criminalización. Esto fue recogido por la fiscal Claudia Barcia. En la causa se encuentran incorporadas varias cartas de agradecimiento de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), destacando “la eficiencia del trabajo ejecutado por esa fiscalía”.

 

Pero la postura patronal de la fiscal Barcia fue avalada en todos los estamentos de apelación de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, que confirmaron el requerimiento fiscal de elevación a juicio, a pesar de que viola todos los principios constitucionales en materia de persecución penal.

 

No es casual que esta persecución se dé en medio de una nueva ola de despidos y luchas de los tercerizados. Está planteada una enérgica campaña por la absolución de Alejandro Toloza y Jorge Castro, colocándola como parte de la lucha para frenar la avanzada criminalizadora de las luchas obreras de parte de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.