La CGT difundió un documento donde informa la proyección de un déficit en la cobertura del sistema solidario de obras sociales que alcanzaría en 2023 los $132.610 millones. La burocracia cegetista hace énfasis en los gastos por cobertura de discapacidad, reclamando un ajuste en las prestaciones.

El informe elaborado por el secretario general de Obras Sanitarias y secretario de Acción Social de la central obrera, José Luis Lingeri, aborda sumariamente la situación de las 288 obras sociales nacionales con una cobertura de 14.244.066 personas, de las cuales 99.843 (el 0,7%) recibe prestaciones por discapacidad.

Según lo informado por la CGT las prestaciones por discapacidad implican el 75% de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), siendo que en 2016 solo ascendían al 22% de estos fondos. “Resaltando” que el 47% de la cobertura por discapacidad corresponden a educación y transporte, “prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa”.

Para la CGT el problema de desfinanciamiento de las obras sociales responde a que una minoría de afiliados consume una parte importante del presupuesto solidario y no en la caída de los aportes y contribuciones ligada a las negociaciones salariales a la baja, y/o el negocio de los prestadores privados.

Se estima que a marzo del 2023 la cápita promedio del sistema fue equivalente a escasos $8.604, con solo un 33% de las obras sociales por encima de este valor y con un gasto en cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO) superior a esta cápita.

El sistema de obras sociales argentino cuenta con un FSR que retiene entre el 15 y 20% de los aportes para redistribuirlos entre las obras sociales compensando las asimetrías y gastos excepcionales.

Entre las soluciones propuestas por el documento de la central obrera puede leerse la “elaboración de una canasta básica de servicios organizada por líneas de cuidado que reemplace al actual PMO”.

La burocracia sindical cegetista plantea restringir las prestaciones obligatorias para los afiliados con discapacidad, en vez de atacar el problema del desfinanciamiento de las obras sociales producto de la caída salarial y los negocios privados.

No se espera más de una dirección que viene respaldando la política de ajuste fondomonetarista del gobierno nacional, y que no ha impulsado ni una acción de lucha ni reivindicación de los trabajadores.

Tampoco han esgrimido palabra alguna respecto a una crítica integral al sistema de salud dominado por el capital privado, donde se imponen precios de prestaciones y medicamentos que hacen tambalear la estructura financiera de las obras sociales.

Además de que una parte significativa de los trabajadores se encuentra trabajando en la informalidad (sin aporte alguno) y/o bajo formas de precarización laboral que disminuyen o anulan los aportes y contribuciones a las obras sociales.

El gobierno nacional colabora con el esquema de negocios de la medicina prepaga autorizando aumentos por arriba de la inflación y con un sistema sanitario desfinanciado que no garantiza prestaciones propias ni la investigación, desarrollo y producción de insumos y medicamentos de alto costo, que son explotados por las grandes farmacéuticas y laboratorios.

Para impedir un avance ajustador sobre las obras sociales es preciso desarrollar la lucha en cada sindicato por su recuperación y la elección directa de los directorios de las obras sociales por parte de sus afiliados, a quienes debe garantizársele también el control obrero de su funcionamiento.

La recomposición general de los salarios, una meta que debería figurar entre las demandas de la CGT, y el reconocimiento de los trabajadores informales, son necesarios para defender el financiamientos de las obras sociales, junto a un sistema sanitario que no favorezca los negocios de los grandes capitalistas.

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