Las patronales autopartistas han anun­ciado 400 suspensiones desde la próxima semana, luego de despedir a treinta compa­ñeros en lo que va de noviembre. Están corriendo las suspensiones por sector en Fiat, que preceden al plan de suspensión total desde mediados de diciembre y a las vacaciones adelantadas hasta el mes de fe­brero. Fiat ha abierto el registro de ‘retiros voluntarios’, pero, ante el hecho de que nadie se anotó, ha empezado con las amena­zas con el objetivo de 500 despidos. En Ren­ault, cerca de 200 trabajadores se han acogi­do al ‘retiro voluntario’ y la patronal ha anunciado que suspenderá masivamente a fines de noviembre, adelantará las vacacio­nes y necesita prescindir de 630 trabajado­res. Las terminales están aprovechando la crisis para tratar de imponer un ver­dadero plan de guerra contra los traba­jadores. La patronal francesa ha descarga­do un virtual ultimátum sobre los trabajado­res de Mantenimiento para hacerlos ingre­sar a la tercerizada’ Polynomt. La Fiat se ha apresurado a vaciar la planta para que­brar toda deliberación obrera frente al venci­miento del convenio firmado hace tres años, que consagró el régimen más completo de flexibilidad laboral, disminuyó el salario (un 40%), modificó la jomada laboral, implantó la polifuncionalidad y eliminó las categorías vigentes.

‘Sugestivamente, ni uno solo de los candidatos de los partidos ‘oficiales’ dedi­ca dos palabras a la catástrofe social que se está abatiendo sobre los trabajadores cordo­beses. El ‘debate’ entre De la Sota, John­son (del partido de Cavallo) y Volando no toca este punto, ni la reforma labo­ral, ni la deuda externa provincial de más de 1.300 millones que hipoteca fondos por coparticipación, ni el casti­go y la ejecución de las deudas de la mafia de empresarios y políticos que vaciaron los fondos públicos; es decir, el ‘debate’ no existe. El supuesto enfren­tamiento entre Mestre con De la Sota alre­dedor de la privatización de Epec y del Banco Provincia es trucho, ya que el ‘estatista’ Mestre prepara la privatización de Epec vía la tercerización, la entrega del 29% de las acciones y el gerenciamiento privado. Lo mismo ocurre con el Banco Provincia (donde Mestre plantea la aplicación de la ‘ley Angeloz’, con 49% de las acciones y el gerenciamiento para los privados) y los hos­pitales públicos.

La burocracia sindical, en cualquiera de sus variantes, está acompañando este pacto de silencio con el inmovilismo total de los sindicatos. Esto frente a la situación social desesperante y a una lucha en defensa de los hospitales públicos y de los reclamos de médicos y enfermeras que lleva seis meses sin siquiera un paro ‘solidario’.

El Partido Obrero ha colocado en el centro de su campaña electoral el reclamo de que las organizaciones obreras y populares rompan con los partidos patronales y organicen una alternativa obrera independiente para arrancar ‘nuestra’ salida: el reparto de las horas de trabajo, un salario de 1.200 pesos por una jornada de ocho horas, la apertura de los libros de los bancos públicos y el castigo y la ejecución de todos los vaciadores.