Sindicales
13/12/2025
De Pablo Grillo a la derogación del estatuto del periodista y la criminalización de la opinión crítica
_Un Nuevo paso en la ofensiva contra los trabajadores y las libertades democráticas.
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Reclamo de los trabajadores de prensa en Plaza de Mayo.
El proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei no es una simple reestructuración normativa. Es una ofensiva integral contra derechos históricos de la clase trabajadora y, en el caso del periodismo, un ataque directo a las condiciones materiales que hacen posible la libertad de expresión. La eliminación del Estatuto del Periodista, presente en el último apartado del proyecto de reforma laboral, el “Título XXVI”, se combina con una reforma del Código Penal que amplía herramientas represivas y habilita un escenario de mayor persecución judicial. Precarización laboral y criminalización avanzan juntas contra los trabajadores de prensa.
El núcleo del ataque está en la derogación del Estatuto del Periodista Profesional (ley 12.908), vigente desde 1944, que reconoce la especificidad del trabajo periodístico y establece garantías frente a despidos arbitrarios, presiones editoriales y fraudes laborales. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció que la reforma laboral “busca borrar un siglo de derechos” y constituye “un ataque a quienes trabajamos y al periodismo”.
La intentona de colocar en agenda el estatuto del periodista profesional fue promovida por las principales empresas de medios horas después que el gobierno anunciara la prohibición de difundir los audios de Karina Mieli que acreditan su participación en el entramado de corrupción. La “censura previa” está prohibida por la Constitución Nacional y forma parte del entramado legal que, junto con el Estatuto, velan por la libertad de expresión del periodista que ofrece un resguardo al trabajador de prensa frente a las presiones que pueda sufrir del Estado, el poder político y las propias empresas de medios.
Su derogación, junto con otros estatutos que rigen la vida de algunas profesiones (vendedores, marina mercante etc.), no se trata de una actualización técnica, sino de un retroceso deliberado que deja a las y los periodistas librados a la lógica del capital en uno de los rubros más concentrados del país.
En este sentido, desde el programa de streaming Ey! Digamos todo emitido en el canal de Prensa Obrera y conducido por Alfonso de Villalobos, Randy Stagnaro, Ana Laura Tornaquindici miembros de la Comisión Directiva de SiPreBA y congresales de la Fatpren e integrantes de la agrupación Naranja de Prensa, señalaron: “Hasta el momento de la aparición del estatuto era muy común que las empresas al cambiar su orientación política y su línea editorial despidieran a los periodistas que antes habían estado expresando la anterior línea. El estatuto lo que hace es penalizar ese despido, obligando a las empresas a que paguen una indemnización especial”.
Allí agregaron que “la libertad de expresión no la garantizan los patrones, la garantizan los trabajadores, y el Estatuto del Periodista Profesional parte de esa idea: es una gran conquista del gremio de prensa, una defensa de la independencia del trabajador frente a las patronales y el Estado. Los trabajadores de prensa, hay que repetirlo una y otra vez, no somos la línea editorial de los medios para los que trabajamos”.
La ofensiva legislativa, además, se produce en el marco de un ataque sin precedentes a la actividad periodística de parte de patronales y el gobierno. La asonada consiste en salarios de indigencia que fuerzan el pluriempleo que afectan el desarrollo del oficio, la libertad de expresión y el derecho a la información de la población por un lado y la represión abierta contra los trabajadores de prensa por el otro.
Su punto máximo lo representa el intento de asesinato del fotorreportero Pablo Grillo en manos de las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich. Ese hecho, sin embargo, forma parte de una práctica deliberada que explica que, en el último año, de los 1.251 heridos registrados en represiones policiales 179 son trabajadores de prensa según el informe sobre libertad de expresión realizado en conjunto por la FatPren, SiPreBA, la FIP y la carrera de Comunicación de la UBA.
El ataque incluye la judicialización de la práctica periodística de parte del Poder Ejecutivo como son las casos de Ariel Lijalad, Julia Mengolini, Mauro Federico, María O’ Donell, entre muchos otros. O los ataques por redes orquestados por los trolls del gobierno nacional que, por caso, derivaron en ataques fascistas contra Roberto Navarro o el fotorreportero de Tiempo Argentino Antonio Becerra. Todo en el marco del aval político de un presidente que declaró, sin tapujos, que “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.
Doble flanqueo con la reforma del Código Penal
El ataque al Estatuto avanza en paralelo con una reforma del Código Penal impulsada por el Ejecutivo, que introduce figuras más amplias, endurece sanciones y refuerza márgenes de discrecionalidad judicial. Estas modificaciones generaron advertencias públicas incluso desde asociaciones empresarias del periodismo, como Adepa (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), que alertaron sobre el riesgo de criminalización de la actividad periodística y de un mayor uso del aparato penal en un contexto de hostigamiento desde el propio poder político.
Hasta Adepa, una asociación que siempre ha representado el interés de las patronales explotadoras que pagan salarios de miseria, identifica el posible salto en la censura y el ataque a la libertad de expresión que anida en la reforma del Código Penal que impulsa el gobierno. El mismo presidente de Adepa, Martín Etchevers, en la cena anual de la asociación, señaló las consecuencias de poner en riesgo el “andamiaje jurídico” actual: “Ponerla en riesgo podría afectar a todos los ciudadanos, no solo a los periodistas”, también a “quienes opinan en redes, a quienes critican decisiones públicas y a las organizaciones que defienden libertades y derechos” (Clarín, 12/12).
La advertencia no es menor: mientras se desarman las protecciones laborales que permitían a un periodista resistir presiones, se fortalece un marco penal que puede ser utilizado para perseguir publicaciones, expresiones críticas y coberturas incómodas. Quitar derechos por abajo y censura por arriba. La combinación es funcional a un mismo objetivo: disciplinar. Otra señal del gobierno liberfacho de Milei, que busca avanzar con modificaciones de fondo al régimen político, algo que hasta el momento no ha logrado concretar.
En el Congreso, el gobierno facho-libertario intenta hacer pasar este paquete regresivo con el apoyo de bloques patronales que ya acompañaron leyes clave como la Ley Bases. Chocarán con la línea de resistencia que conforma en el parlamento el bloque del Frente de Izquierda–Unidad. En este sentido, el diputado del Partido Obrero, Néstor Pitrola, se pronunció en su cuenta de X acerca de la eliminación del Estatuto del Periodista: “Terrible ataque al castigado gremio de trabajadores de prensa: la ley antilaboral de Milei deroga el estatuto del periodista. El que otorga las mínimas garantías (aunque hoy se incumplen) para el derecho de opinión. ¡Nos quitan los derechos y amordazan a quienes puedan hablar en su defensa!”.
Para frenar este ataque en regla a los derechos laborales y a la libertad de expresión, la lucha no puede quedarse en las palabras ni en los despachos parlamentarios: hay que tomar las calles e impulsar una intervención política de la clase obrera. En ese marco, el Plenario del Sindicalismo Combativo, las organizaciones piqueteras independientes y las organizaciones de jubilados en lucha ha logrado reagrupar una amplia convocatoria que incluye organizaciones estudiantiles, de mujeres y diversidades, socioambientales y partidos de izquierda para marchar el 18 de diciembre en una columna independiente a la convocatoria de la CGT hacia Plaza de Mayo, partiendo a las 15:00 desde avenida de Mayo y 9 de Julio, con consignas claras: “Abajo la reforma laboral esclavista”, “Derrotemos la reforma penal represiva y el paquete de leyes contra el pueblo trabajador”, y “Exigimos un paro activo nacional y un plan de lucha hasta derrotar todo el plan de Milei, Trump y el FMI”.
