17/12/1999 | 612

Defendamos la educación de nuestros hijos

Como denunciamos incansablemente desde Tribuna Docente, el gobierno ha iniciado el proceso de privatización de escuelas. Como un paso en la aplicación de la Ley Federal antieducativa Nº 24.195, se dictó la Resolución 696 del Ministerio que impone como prueba piloto el llamado «Modelo de descentralización de la gestión educativa». Nombre que se ha elegido para implementar el sistema de ‘autogestión’ que se está ejecutando en algunos hospitales. Ya sabemos, por esta experiencia, que los directores pasaron a ser gerentes, que los servicios se privatizaron y que ahora se está avanzando en el cobro obligatorio de aranceles.


Se trata de una prueba que luego se extendería a todas las escuelas. Prueba que se inspira en los documentos del Banco Mundial que ‘orientan’ la política del gobierno de Romero para deshacerse de la responsabilidad de sostener la escuela pública gratuita.


Principales consecuencias de esta resolución


Para los padres:


Se pretende, en una primera fase, que los padres autofinancien los talleres e incluso las nuevas materias como computación o inglés; esto ya se venía dando de hecho en la escuela cabecera de Rosario de Lerma y en los casos de varias cooperadoras que financiaban con su recaudación los salarios de docentes especiales y ordenanzas.


El gobierno dice que mantendrá el presupuesto actual de cada escuela, lo que de por sí es completamente insuficiente porque es con este presupuesto que los padres y docentes han venido sosteniendo a pulmón el funcionamiento escolar. La realidad es que el presupuesto del Estado se irá achicando año tras año como ya se puede ver en estos días con una rebaja de 100 millones de dólares en el presupuesto para el ‘99; así las escuelas que vayan entrando en este sistema ‘autogestionado’ terminarán cobrando obligatoriamente cuotas si quieren sobrevivir.


La calidad educativa quedará sujeta a los pobres ingresos de un pueblo con salarios cada vez más bajos y una creciente desocupación.


Para los docentes:


Se consagra el trabajo por contrato y la inestabilidad laboral.


Se liquidan los sistemas de puntaje para el acceso a los cargos (la escuela tiene la facultad de contratar).


Se propone un sistema que forzará la extensión de horarios de trabajo o la liquidación lisa y llana de todo régimen de licencias y de las conquistas del Estatuto del Docente.


El rol del directivo pasará a ser el de gerente o jefe de personal dejando de lado su papel fundamental en la actividad pedagógica y quedando su estabilidad en manos del gobierno de turno que políticamente hará los nombramientos (y los despidos…).


El Ministerio de Educación de Salta se quiere quedar sin escuelas a cargo, algo que ya hizo el Ministerio a nivel nacional dejando a las provincias que se las arreglen como puedan.


Una consecuencia de aquella descentralización la tenemos en Salta en el hecho de que los docentes tenemos el salario más bajo del país, aulas superpobladas, jubilación a los 60 y 65 años, etcétera.


Con la misma lógica, la descentralización colocará a las escuelas de los barrios en inferioridad de condiciones y de calidad del servicio educativo; a su vez los docentes ganarán menos en las escuelas periféricas.


Una propuesta para derrotar este intento privatizador


Desde Tribuna Docente denunciamos la actitud cómplice de Virgilio Choque que ha salido a pedir que se modifiquen los términos de esta resolución en una reglamentación, apoyando de hecho su contenido. Ninguna reglamentación podrá modificar el carácter privatista de esta resolución. A su vez hay quienes han salido a criticar la resolución diciendo que estaría en contra de lo que propone la Ley Federal, cuando esa ley brinda el marco para llevar adelante ese atropello.


Es por todo esto que decimos que defender la escuela pública gratuita es una causa de todos, padres, docentes y estudiantes, y proponemos:


Autoconvocarse en asamblea por escuela, barrio, ciudad. Preparar movilizaciones locales y una gran marcha blanca provincial para exigir la derogación de la resolución 696 y el aumento del presupuesto, en la perspectiva de la anulación de esta reforma antieducativa.

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