11/01/2001 | 694

Durante una semana, el Plenario Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados realizado el 16 de diciembre en Fatpren fue víctima de los ataques del ministro Storani y otros funcionarios, como el secretario de Seguridad Mathov. El ministro se basó en un informe de espionaje caratulado «cónclave de piqueteros» para «enviar señales de alerta a las fuerzas de seguridad (…) porque no se trata de movilizaciones espontáneas» (Clarín, 26/12). Esto le sirvió para amenazar a los movimientos de lucha de los explotados, anunciando que el gobierno «reprimirá por la vía de la justicia ya que la democracia debe defenderse con todo el peso de la leyó» (Crónica, 28/12).


El Plenario de Fatpren fue sin duda un extraordinario centro de deliberación política de una parte activa e importante de esa generación de piqueteros de todo el país ofreciendo un programa, impulsando una salida obrera a la crisis y reclamando el inmediato paro de 72 horas hacia la huelga general contra el paquetazo del gobierno y el FMI. Pero habría tenido la rara capacidad de «concertar» luchas anteriores y posteriores al plenario, respuestas a despidos que no se habían producido y aún reclamos a supermercados que no forman parte de las resoluciones del plenario ni del congreso salteño que lo precedió. Típica ensalada de los servicios para justificar la represión contra las luchas obreras.


Tanto la Mesa Nacional del Plenario como el Partido Obrero han respondido en defensa del derecho a la lucha, difundiendo los propósitos del Plenario y de la convocatoria a un próximo Congreso nacional de piqueteros y de la clase obrera que impulsamos para el mes de abril, y el llamado a todas las organizaciones de lucha a organizar en común una Marcha Nacional contra el Hambre. Publicamos aquí esos pronunciamientos.


El ministro Storani ha inundado los medios durante una semana entera con la amenaza de futuras acciones judiciales y represivas contra la acción de lucha basada en piquetes y cortes de rutas de los que los trabajadores nos valemos para llevar adelante nuestros reclamos de todo orden. Para ello condenó «las acciones concertadas» que «golpean la gobernabilidad», una clara provocación contra nuestras luchas que tuvieron su máxima expresión de «concertación» en el paro del 23 y 24 de noviembre protagonizado por millones de compañeros y en el que decenas de miles de piqueteros ganamos la calle y cortamos rutas y vías en todo el país.


El ataque político del ministro apunta contra nuestro Plenario de Trabajadores Ocupados y Desocupados realizado el 16 de diciembre pasado en Fatpren, en el que centenares de dirigentes, delegados y activistas de movimientos de todo el país nos reunimos para impulsar la inmediata realización de un paro de 72 horas como parte de un plan de lucha hacia la huelga general contra el paquetazo del gobierno. Es claro que se busca hacer pasar gravísimas medidas, como la elevación de la edad jubilatoria de la mujer, la eliminación de la PBU, las rebajas salariales del Estado y los convenios flexibilizadores, la privatización de la salud, el pacto de ajuste por cinco años en las provincias y las consecuencias no anunciadas del descomunal endeudamiento que implica el blindaje al cobro de la banca.


Nuestro encuentro fue anunciado públicamente, información que recogieron varios suplementos bonaerenses del Diario Popular, nada secreto, al contrario de lo que indica el ministro. En cambio fue secreto e ilegal el espionaje en el que se basa para la provocación. Denunciamos el ataque a los derechos democráticos de organización y deliberación de los trabajadores que implican los dichos del ministro y de sus funcionarios. Llamamos a su repudio a todas las centrales obreras y organizaciones políticas y de lucha de los trabajadores.


Duele al gobierno la valiente lucha de los fraternales que derrotaron a los privatizadores reincorporando sus despedidos con la huelga general; duele la victoria de la huelga general de los gráficos de Recali que también reincorporaron sus despedidos antes de Navidad; duele la lucha de los despedidos de Terrabussi, de los desocupados de Matanza que ocupan la plaza de San Justo o de los miles de desocupados que fueron reprimidos en Neuquén antes de las fiestas; duele la ocupación de Alpargatas en Tucumán.


Muchos de ellos estuvieron en nuestro Plenario, como también una importante representación de un masivo Congreso de piqueteros de Tartagal y Mosconi realizado una semana antes. Hubo coordinadoras de desocupados de todo el país, estuvo la CTA de Santa Cruz, la CGT San Lorenzo, los dirigentes del pescado de Mar del Plata, la oposición gráfica de Buenos Aires, integrantes de decenas de sindicatos docentes y de la Asociación Docentes de la UBA, de bancarios, de camioneros y muchos otros.


Claro que somos un reagrupamiento político de la clase obrera. Hemos deliberado para ofrecer a todas las organizaciones que luchan un programa: 600 pesos de salario mínimo, 500 pesos de subsidio al desocupado, derogación de la reforma laboral y de toda la legislación flexibilizadora, reparto de horas sin afectar el salario en toda fábrica que suspenda o despida, anulación del ajuste estatal, ruptura con el FMI y no pago de la deuda externa, reestatización de las empresas privatizadas y derogación de las leyes privatizadoras de la salud y la educación.


Y vamos por más. Llamamos a un Congreso Nacional de Piqueteros y de la Clase Obrera para el mes de abril, para discutir una salida obrera a la crisis y organizar una Marcha Nacional contra el Hambre en vista del completo fracaso de las fuerzas patronales que se reparten el poder político y nos sumen en el hambre y la desocupación. Lo informamos a los trabajadores, llamamos a considerarlo a todas las organizaciones obreras y populares, lo informamos a la opinión pública y se lo informamos con cuatro meses de anticipación al ministro Storani.


El plenario eligió una Mesa Nacional compuesta por: Edgardo Quiroga (CGT San Lorenzo), Mónica Galván (CTA Sta Cruz), Néstor Pitrola (Congresal Fed. Gráfica), Pepino Fernández y Piquete Ruiz (Coordinadora de Tartagal y Mosconi), Romina Del Pla (Sec. Derechos Humanos Suteba-Matanza), Néstor Correa (Sec. Gral. AGD-UBA), Mariela Ugarteche (Sec. Gral. INTI-UPCN), Nancy Carvajal (Com. Prov. SOIP-Mar del Plata), Carlos Suárez (SUTRADE-Córdoba), Sergio Sosto (Sec. Prensa FOETRA-Bs. As), José Villalba (Coord. Desocupados-Sur Matanza), Rubén Schofrin (C. I. Ed. Perfil-UPTBA).

En esta nota