La burocracia menemista de FATUN, gremio de los no docentes, contando con el aval del gobierno, decidió crear su “propia” Obra Social, retirando a sus afiliados de las que tienen en común hasta el momento con los docentes universitarios.

La separación de los no docentes en otra obra social, además de ser un premio del gobierno a la burocracia (para que pueda rapiñar sin cortapisas los ingresos de la misma) por los servicios prestados en contener la lucha reivindicativa de los trabajadores, es un paso más en la destrucción de las obras sociales, con vías a su futura “privatización”.

La división de bienes, edificios y activos de las obras sociales universitarias en dos no sólo debilita a ambas, sino que también le quita poder de negociación en el sistema de contrataciones existente, por presentar un paquete con una menor cantidad de afiliados frente a los prestadores (Hospital Italiano, etc.).

Esta medida ha sido acompañada por un nuevo golpe del rector Shuberoff.  Desde noviembre decidió incrementar el pago de coseguros para las prestaciones. Los docentes deberán abonar al prestador un porcentaje que antes era financiado por la obra social. El argumento que presentó el directo general de DOSUBA (Obra Social de la Universidad de Buenos Aires) para implementar esta disposición, vía decreto 266/94, es “la grave crisis financiera de DOSUBA, dado que los bajos salarios no permiten el recupero de los coseguros de manera y tiempo razonables”. Propone que dado que los salarios son bajos (lo que implica poco descuento al trabajador para la obra social) reducirlos aún más, haciendo pagar al afiliado los tratamiento médicos.

La mayoría de la Directiva de ADUBA (Ptp y otros) han ocultado esta resolución, que conocían desde octubre del ‘94 por lo menos. No informaron de la misma ante la Comisión Directiva en pleno ni ante el Congreso del gremio. Los representantes de ADUBA (Sindicato de los Docentes Universitarios de Capital) ante el Consejo de gestión de DOSUBA, nombrados por la moayoría de la Directiva, no se opusieron a esta resolución. Por el contrario, en forma unilateral, la mayoría de la Directiva elaboró y distribuyó entre los afiliados una encuesta, en la que se sugiere, con diferentes opciones, que seamos los docentes los que nos hagamos cargo de las crisis financiera de DOSUBA y de su consecuencias (¿también aquí “construir” igual que la burocracia de FATUN, una obra social “propia”?) Frente a esta situación, la lista Naranja, integrante de la Directiva, lanzó una campaña para que ADUBA tome medidas concretas por la derogación del decreto 266/94; que sea la Universidad (y no los trabajadores) la que se haga cargo de la crisis financiera que atraviesa DOSUBA, sin que esto afecte de manera alguna a los salarios; que los representantes gremiales en el Consejo tengan poder de veto y resolución; que se investigue el destino de los fondos. A su vez ha reclamado a la directiva de ADUBA que los representantes del gremio en la dirección de la obra social sean electos democráticamente por los afiliados, reciban mandato y puedan ser revocados por la base.

Se plantea la necesidad de llamar a los trabajadores no docentes a resistir la resolución —tomada sin consulta a la base del gremio— de romper con la obra social única y a constituir un frente común para defender la obra social de los trabajadores universitarios.