El reciente acuerdo paritario firmado por La Bancaria consistente en una suma fija para enero y febrero (que varía según las distintas categorías desde los 4.500 a los 10.500 pesos) reafirma el alineamiento incondicional de Sergio Palazzo y la Corriente Federal kirchnerista con la política de “emergencia” de Alberto Fernández. 

El comunicado del palazzismo resalta la defensa exitosa del salario bancario, pero este “adelanto”, como en años anteriores, no es acumulativo y no se aplica al resto de los conceptos. El básico inicial interanual a diciembre se modificó en algo más de 9 mil pesos (pasó de 29.176 en diciembre de 2018 a 38.400 pesos un año después). 

Luego de haber solicitado a los gremios “moderación en los reclamos”, que el Gobierno haya reaccionado “con entusiasmo” es revelador.

La moderación que Fernández pidió a los trabajadores no se la exige a los bancos, que siguen cobrando por préstamos y otros servicios a tasas siderales, que duplican las que pagan por los plazos fijos. 

Recordemos que “el salario real promedio de los trabajadores en blanco cayó 6,3% en 2018 y 8% el año pasado”, según la consultora Ecolatina. Un estudio de los trabajadores del Indec establece que el salario mínimo debería ser de casi 62 mil pesos para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo; o sea ¡cuatro veces su valor actual! 

Paritarias suspendidas 

La advertencia del gobierno es que “no se firmarán paritarias anuales hasta la convocatoria del Consejo Económico y Social”, prevista para el segundo trimestre del año o para cuando culmine la negociación con el FMI. Esto significa postergar las negociaciones libres, al menos hasta abril. Un paso supuestamente necesario para “generar las condiciones de estabilidad que sienten las bases para el repago de la deuda”. 

A juicio de Fernández las cláusulas gatillo que permiten una actualización automática (útiles en momentos de ofensiva patronal contra los salarios) son “un mecanismo de indexación de la economía que hay que eliminar”. Varios gobernadores, que las concedieron en el marco de las elecciones, también piden desconocerlas. 

La burocracia es la pieza centra

La clave de este plan antisalarial es el rol de la burocracia sindical, que se reconoce “parte del gobierno”. Héctor Daer, el hombre fuerte de la CGT, es uno de los autores de la iniciativa. Su coequiper Carlos Acuña, alineado con Barrionuevo, llamó a los trabajadores a “aportar a que el país salga adelante". También se pronunciaron varios secretarios generales que no integran los órganos de las centrales, como el taxista Omar Viviani, y los de las dos CTA: Hugo Yasky y Hugo Godoy.

Antes que los bancarios otros sindicatos grandes, como Comercio y UTA, adaptaron sus cronogramas de negociación o revisión y, en las próximas horas, arranca la que, por peso gremial y político, es la más determinante: la paritaria nacional docente. 

A los dichos favorables de Yasky y la aceptación de Roberto Baradel, del Suteba, de canjear la cláusula de actualización por la devolución de los días descontados por paros en la gestión de María Eugenia Vidal, se sumó Sonia Alesso, la secretaria general de Amsafe y de Ctera. Alesso fue más lejos que todos y cuestionó la utilidad de la cláusula gatillo. 

El ministro de Educación Nicolás Trotta aseguró que las negociaciones “van a estar vinculadas a la realidad macroeconómica argentina”. 

Un camino tortuoso

La generalización de los aumentos fijos produce un “achatamiento de la pirámide salarial” que es rechazada por los que ganan por encima del promedio. Camioneros reclama un 33% adicional sin incrementos fijos. Otro gremio poderoso -Petroleros, conducido por Guillermo Pereyra- no quiere saber nada con ceder los aumentos porcentuales. Ninguno de ellos, sin embargo, saca los pies del plato.

Tanto los Moyano como Pereyra, lobista de las operadoras de Vaca Muerta, tienen línea directa con el ministro Claudio Moroni.

Por otro lado, hay patronales que consideran las sumas propuestas como “excesivas”. Los dueños de estaciones de servicio y las cámaras de medicina privada notificaron que no abonarán el bono de fin de año y numerosas Pymes todavía adeudan los cinco mil pesos dispuestos por Macri; para pagar exigen créditos blandos y exenciones impositivas.

Es decir, que el plan oficial tendrá que atravesar un camino tortuoso. A esto se suma la inflación, que el gobierno busca contener, sin éxito, con los Precios Cuidados. Según las consultoras privadas, en enero no se espera una baja significativa respecto al mes anterior, estaría cercana al 4%. Alberto Fernández habló de "actitudes irresponsables" y lanzó un ultimátum a los empresarios esgrimiendo la ley de Góndolas (que tiene media sanción). La respuesta patronal fue amenazar con una ola de remarcaciones y de despidos, además de la judicialización a nivel local y en tribunales internacionales. 

El “pacto de precios y salarios” está lejos, en un verso para imponer la regimentación de las paritarias. Los trabajadores debemos defender las negociaciones libres y las cláusulas de actualización automática; los paritarios electos en asambleas y un plan de lucha para recuperar lo perdido y alcanzar un mínimo que cubra la canasta familiar y una jubilación del 82%. 

A la manipulación de la burocracia, que transa con los gobiernos de turno, oponemos la autonomía de los sindicatos y un congreso de delegados electos por las bases, que debata y resuelva un plan integral basado en la ruptura con el FMI y el no pago de deuda usuraria y fraudulenta.