11/01/2020

Defendamos los salarios, el trabajo y las jubilaciones

Los trabajadores seguimos pagando la crisis. Declaración de la Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero.

En 25 días, el gobierno de Alberto Fernández no recuperó nuestros salarios y tampoco empezó el camino de su recuperación.


Lejos de ello. El importe por decreto, se parece más a un adelanto de sueldo que a un aumento porque no rige para todos los adicionales y es a cuenta de “futuras negociaciones paritarias”. De este modo nos tragamos la pérdida del 19.5% en promedio que sufrieron los sueldos en la era Macri.


Es una suma fija de bolsillo de $ 3320 en dos cuotas, que deja a la mayoría de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Apenas cubre la inflación prevista en los tres primeros meses de este año 2020. Con un dólar que aumentó en 2019 un 63,2% contra un aumento nominal de salarios de 20 puntos menos, resulta en una reducción salarial enorme en el poder adquisitivo.


Además, la mayoría de los estatales, docentes, docentes universitarios, municipales, empleadas domésticas y trabajadores rurales quedaron excluidos. Hasta ahora quienes lo cobran no llegan al 35% de los trabajadores.


La información no confirmada aún por decreto alguno, señala que los estatales nacionales que cobren hasta $60.000 en bruto (48.000 aproximadamente de bolsillo) recibirían el adelanto pero con cobros en marzo y abril. Se trataría de la quinta parte de los 1,5 millón de trabajadores públicos nacionales, provinciales y municipales. Los gobernadores –Buenos Aires por ejemplo- declararon que pagarlo depende de la ayuda que reciban del gobierno nacional y de la aprobación de la ley impositiva provincial. En cualquier caso, es una regimentación de las futuras discusiones paritarias.


El bajísimo importe y las exclusiones son la resultante de las presiones del FMI y de la UIA. No quieren gasto público, lo que expresa la atadura del gobierno a las imposiciones del FMI para garantizar el repago de la deuda externa que están renegociando a costa de los trabajadores. Encima, el decreto establece que la inmensa mayoría de las empresas están eximidas de todo aporte de fondos jubilatorios y patronales sobre este incremento, lo que significa que la mayor parte de este bono lo paga el Estado, es decir, los trabajadores mismos, vía impuestos y desfinanciamiento de cajas jubilatorias y de obras sociales.


La sola reposición del IVA a los alimentos se devorará este adelanto de paritarias. A todo esto hay que agregar, que por la ley de Ganancias aprobada durante el gobierno Macri y acordada por Daer, Pichetto y Cía, el impuesto al salario sigue agravando la confiscación de los salarios, porque el mínimo no imponible aumentó diez puntos menos que la inflación.


Jubilados


A los jubilados el gobierno les ha quitado la movilidad en el cálculo de sus haberes, que ajustará por decreto por debajo de esa fórmula. La suspensión de la movilidad representa un robo –que se suma al efectuado por Macri en diciembre 2017- aproximado de 2.800 millones de dólares contra los jubilados que, además, en un 60% sólo cobran una jubilación mínima de indigencia. Una comisión ajena a los trabajadores, estudia la nueva movilidad e incluso lo que se propondrá para los regímenes especiales, que son conquistas que llevaron un siglo de luchas.


Tampoco hay una política para defender el empleo. Los más de 180.000 puestos de trabajo perdidos en la actividad privada y los más de 60000 estatales cesanteados en el período macrista no serán recuperados, porque bajo el peso de la deuda y el ajuste se prevé una nueva caída del Producto Bruto Nacional, o sea más recesión. Que no hay ninguna política de reabrir las fábricas cerradas lo demuestra la inacción gubernamental frente a los despidos injustificados como los de la papelera Kymberly. El 7 de enero, la patronal de Siderca despidió sin más, a 60 trabajadores sin causa, y amenaza ir por casi 300 despidos más, ante la pasividad de la UOM de Zárate-Campana y de Caló.


La Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero impulsa la creación de un Fondo de Capital, sostenido por impuestos progresivos a las grandes ganancias, para garantizar el financiamiento para la reapertura de toda fábrica que haya sido cerrada en los últimos dos años, iniciativa que ha sido presentada en el Congreso como propuesta de ley por los diputados del FIT-Partido Obrero.


En este camino defendemos las ocupaciones de fábrica frente a los cierres, para que no pase ningún despido más.


¿Qué pasa con nuestros sindicatos?


Las centrales sindicales están divididas, con enfrentamientos entre sí y también a su interior, por intereses de aparato y económicos, pero dejaron atrás sus diferencias para apoyar todas las medidas descriptas en la Casa Rosada junto a la Unión Industrial y el gobierno en lo que será el Consejo Económico y Social. Sin mandato alguno han estatizado al movimiento obrero.


“No es la salvación de nadie”, confesó Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT. Y similares expresiones tuvieron Hugo Yasky y otros dirigentes, incluida la autodenominada CTA Autónoma.


No hay autonomía de las centrales obreras y sindicales.


Asambleas y congresos de delegados con mandato para defender el salario, los puestos de trabajo y paritarias sin techo ni regimentaciones


Para defender los reclamos de la clase obrera, debemos conquistar la independencia política de nuestros sindicatos que la CGT y las CTAs han atado al gobierno de Alberto Fernández y de las patronales.


Las revisiones de paritarias y futuras paritarias tienen que ser debatidas por los trabajadores. Sin recuperación del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones no hay reactivación posible. Docentes, estatales provinciales y municipales tienen que tener también aumento, hay que organizar sus reclamos. Los trabajadores están antes que las deudas usurarias.


Nadie les dio mandato a los sindicatos para entregar las jubilaciones, los salarios y el empleo. Promovamos asambleas y plenarios de delegados para resolver un plan de acción para recuperar integralmente lo perdido en la era Macri, y un salario equivalente a la canasta familiar.


Por la recuperación de lo perdido en los 4 años de Macri y un salario igual a la canasta familiar, indexado mensualmente por inflación.


Por la defensa de las jubilaciones y del 82% móvil.


Por la reapertura de todas las fábricas y reparticiones cerradas


Por un plan de lucha hasta conseguirlo