La mejor demostración de que el pacto CGT gobierno en cuanto a la reforma laboral ha preservado las columnas estratégicas del proyecto original es el pronunciamiento o el silencio aprobatorio de los “popes” del empresariado.

 

Es interesante analizar cómo se vuelca la información. Todos los medios han batido el parche sobre la eliminación de la modificación del artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), planteada en el proyecto original, y que introducía el concepto de “cooperación” entre partes iguales, lo que hacía desaparecer el concepto del trabajador asalariado como sujeto sometido a una relación de dependencia, equiparándolo jurídicamente al patrón. Se exalta la “victoria” de la burocracia al eliminar este texto ideológico pero no se dice una palabra sobre la suplantación de ese artículo por la decisión de conformar una Mesa de Diálogo Tripartita que funcionará en forma permanente entre el gobierno y los “triunviros”, una suerte de Consejo Económico y Social nada menos que para “evaluar y determinar medidas o cambios en el actual marco laboral”. Es decir, un paso más en la integración de los sindicatos al Estado. ¿Órgano formal, deliberativo? No. Se debe constituir en 90 días y en otro tanto deberá pronunciarse sobre temas conflictivos y otros puestos a su consideración. La creación de dos figuras nuevas en el marco laboral, como el “trabajador profesional económicamente vinculado” y el “trabajador independiente con colaboradores”, un virtual golpe de estado en la legislación laboral al crear dos categorías por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), se sacaron del proyecto pero no fueron abrogadas, sino derivadas a la Mesa Tripartita que se expedirá en 90 días sobre su implementación. La bambolla periodística no ha destacado que el gobierno logró mantener la figura del “trabajador autónomo independiente económicamente vinculado” que se aplicará a quienes presten servicios a un empleador hasta el 80% de sus ingresos mensuales y queda fuera de la LCT.

 

¿Cómo quedó el principio de “irrenunciabilidad” -que determina la nulidad de toda norma que rebaje los derechos previstos en todo tipo de contratación laboral? Toda la prensa “informa” que se dio marcha atrás en el texto original, que permitía ignorar el “piso” de conquistas establecidos en los convenios colectivos y en la LCT en los contratos individuales, pero no dice que se habilitó que “en el resto de otros casos” –de mejoras por encima de este piso– al trabajador solo le queda el derecho de ser asistido por los abogados del sindicato frente a la acción de las patronales.

 

 

El acuerdo dejó intocada la modificación del llamado Ius variandi, a través de la nueva redacción del artículo 42, que establece que “el empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidad de la prestación del trabajo”. El proyecto girado al Congreso establece que el trabajador podrá acudir a la Justicia pero esto no impedirá el cambio ¿Qué otra defensa le queda al trabajador si no está de acuerdo? Considerarse despedido sin causa.

 

Una de las mayores impudicias del fraude periodístico sobre el acuerdo se da en el tema de las indemnizaciones. “El gobierno dio marcha atrás”, se dice a coro, porque en el texto original debía calcularse sólo según el salario básico y ahora se integran las horas extras y las comisiones. Queda afuera nada menos que el proporcional del aguinaldo, los bonos anuales, los premios de todo tipo y se mantiene la puerta abierta a los “fondos voluntarios” donde el trabajador termine pagándose de su salario su propia indemnización. 

 

Sobre pocos temas se ha machacado tanto como en el caso del retiro del “banco de horas” que dejaría preservadas las horas extras. Pero la información habitual no dice que el proyecto de ley establece que el banco puede establecerse por convenio colectivo, es decir con el acuerdo de la burocracia sindical, como hoy pasa en el Smata y otros gremios.

 

Multifunción, flexibilidad laboral y rebaja sustancial de las indemnizaciones: el corazón de la reforma laboral exigida por la burguesía nativa y extranjera ha quedado en pie (“mantuvo su espíritu”, en palabras del ministro Triaca).

 

 

El jubileo a las empresas que operan en negro es, a la vez, un colosal desfalco al trabajador. Los empleadores que blanqueen tendrán una condonación de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios por el no cumplimiento de sus contribuciones a la Seguridad Social (100% si se regularizan de inmediato, 70% si luego de 180 días corridos). Pero atención, a los trabajadores blanqueados se les reconocerá sólo hasta 60 meses de servicios con aportes como parte de los años que se necesitan para cumplir con el requisito de 30 años para acceder a la jubilación.

 

Si se mira la otra parte, los empresarios que actúan en negro, el trato es bien diferente. El Estado se hace cargo de lo que no aportaron los patrones y el blanqueo laboral incluye, además de la anulación de las multas a empleadores por la contratación informal de trabajadores, la extinción de la acción penal en eventuales juicios.

 

 

La reforma laboral valida la tercerización, un rumbo abierto con las modificaciones al Código Civil. Elimina la responsabilidad solidaria en la tercerización o subcontratación de una vastísima cantidad de rubros. Lo que importa, de todos modos, es que éste es uno de los reclamos básicos del capital, que queda habilitado para implantar la tercerización “dentro o fuera de su ámbito” y pagar un salario menor a los sometidos a este régimen. Lo notable del acuerdo es que ha sido modificado en función del arreglo con Hugo Moyano. El régimen de responsabilidad solidaria de la empresa principal con el personal de una tercerizada no será aplicable, de acuerdo al nuevo texto, a limpieza, seguridad, montaje de instalaciones, gastronomía, servicios médicos de emergencia y otros rubros. Pero “quizás el logro mayor de la CGT fue dejar afuera de la limitación al transporte de cargas y la logística, la gran preocupación del jefe camionero, Hugo Moyano, que interpretaba la primera redacción de este artículo como una abierta ofensiva en su contra” (El Cronista, 17/11).

 

A cambio de dejar pasar la reforma laboral, la burocracia se lleva tres cuestiones sustanciales. Una, la preservación del unicato sindical, que el gobierno y la Corte Suprema están impulsando fuertemente con la ofensiva sobre los sindicatos simplemente inscriptos. Dos, la creación de la “agencia evaluadora” de las prestaciones de las obras sociales, cuya misión será la de restringir los tratamientos más costosos y complejos, una agencia en la que la burocracia actuará como cualquier patrón de la salud. Tres, la suspensión, aunque siempre esté presente como extorsión, de nuevos “carpetazos” sobre la “caja negra” de los sindicatos.

 

La reforma laboral determina que el plazo de prescripción para presentar reclamos laborales pasa de dos años a uno – la última dictadura había acotado ese plazo de cuatro a dos años. Además, si durante cinco años no te pagaron horas extras, ahora podrás reclamar sólo por el último año. Cuando el empresario, o cualquier trabajador, tiene hasta diez años para reclamar una deuda, por lo que la reforma deja a los trabajadores con menos derechos que cualquier otro ciudadano” ((Declaraciones del titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, Página 12, 1/11). Esto en el marco de algo oculto pero sustancial: la colonización brutal que se está operando en la justicia laboral, a fin de convertir a este fuero en una fuente de decisiones abiertamente patronales, más allá de la letra de la ley.  

 

 

Bajo la consigna Fuera la Reforma, impulsemos asambleas de base, plenarios de delegados con mandato de los lugares de trabajo con la mirada puesta en primer lugar en una enorme jornada de movilización del 6 de diciembre. Organicemos congresos con mandato de bases de todos los sindicatos, sin distinción de centrales, para resolver un plan de lucha hasta quebrar esta ofensiva.