El Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados acaba de rechazar una denuncia de dos de los tres jueces del Tribunal Oral Nº 21 —designados como tales a propuesta del actual gobierno—, que pedían se “juzgara la conducta del abogado Angel F. Di Paola (defensor de Adrián Alvarez, delegado del diario La Prensa, condenado a un mes de prisión en suspenso)”, por considerar que su escrito de interposición de recurso extraordinario para que se reviera la pena impuesta contra el trabajador, incluía “términos injuriosos hacia la investidura de los magistrados”.

En sus considerandos, la Sala II del Tribunal de Disciplina advierte que “la causa se origina en un problema de carácter gremial en la actividad periodística, acaecido en el diario La Prensa, que dio lugar a otras causas contra estos periodistas de ese diario, lo que tiñe todo el proceso de un fuerte matiz político sindical”. Y agrega: “El abogado defensor enjuicia la tesitura del Tribunal, la critica severamente, pero sin incurrir, como se dijo, en expresiones demesuradas, pero sí poniendo de resalto las implicancias políticas del caso (…)”.

Queda al descubierto, con esta sentencia, el carácter eminentemente persecutorio de los juicios encomendados por la Fortabat a su staff de abogados videlistas, contra delegados y trabajadores del diario La Prensa. La denuncia y la movilización son, entonces, el camino para aplastar esta ofensiva.