Los petroleros de Santa Cruz no solamente han derrotado los intentos del gobierno por aplastar la huelga sino que, más allá aún, han dado un soberano golpe a la política de gravar con impuestos al salario y que precariza el trabajo con la tercerización. La victoria de los petroleros de Santa Cruz es una victoria para el conjunto de la clase obrera.

 

La lucha de Las Heras planteó dos reivindicaciones centrales: el pase al convenio petrolero de los obreros de las tercerizadas —que trabajaban bajo el convenio de la construcción— y la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Por esta vía el Estado les confisca a los petroleros un salario al año. Después de veinte días de lucha, la huelga arrancó la primera reivindicación y puso un plazo de solución a la segunda.

 

Mientras los petroleros paralizaban los yacimientos del norte provincial, el gobierno se empeñaba a fondo en aplastarlos. Los pulpos petroleros exigieron públicamente la ilegalización de la huelga y la justicia provincial actuó en consecuencia, ordenando el desalojo de las rutas. El gobierno de Acevedo se puso al frente de la policía para cumplir la orden. Pero los cortes se volvieron más masivos, mientras la huelga se extendía a los campos de Pico Truncado. La lucha crecía en proporción directa a las amenazas represivas de Acevedo.

 

El pliego de los petroleros golpeó, por un lado, a la política de fraude laboral de las “tercerizadas”. Por el otro, sacó a la luz la confiscación impositiva del salario. Con este recurso, el gobierno ha expoliado a todos los que, en el último año, arrancaron aumentos salariales. Desde 2002, “otros 300.000 trabajadores comenzaron a tributar el impuesto y el resto a pagar más” (Clarín, 14/2). Esto ha venido ocurriendo con la tolerancia de los Moyano y el voto en el Congreso del sindicalismo kirchnerista. En Santa Cruz, la versión “petrolera” de esa misma burocracia “K” —ligada al moyanismo— se puso en la primera fila del coro patronal y estatal contra la lucha de Las Heras.

 

Provocación del gobierno

 

Cuando el gobierno percibió que la lucha crecía, se embarcó directamente en la provocación política y la represión. Primero, con la detención de uno de los voceros de la huelga. Por tercera vez en dos años, los dirigentes de una huelga en Santa Cruz son detenidos por su carácter de representantes obreros. Es decir que en la provincia de Kirchner, Repsol ha suprimido el derecho constitucional de huelga. Cuando el pueblo de Las Heras respondió a la detención de Navarro con una movilización de más de mil personas, la policía de Acevedo recibió a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas. Por haber montado este escenario de provocación y represión contra la huelga, el gobierno es enteramente responsable de la muerte del policía Sayago, que luego pretendió endosarle al movimiento popular e incluso al Partido Obrero.

 

Firmeza obrera, repercusión nacional

 

El gobierno usó la muerte de Sayago para desviar la atención popular respecto a la razón de la huelga y la potencia de las reivindicaciones. Con estas maniobras miserables se justificó el envío de la Gendarmería cuando lo que correspondía era intervenir a Repsol y las petroleras, y a la policía de Santa Cruz; y dar satisfacción a los reclamos de la huelga.

 

Los trabajadores se sobrepusieron a la ofensiva estatal y continuaron la lucha, derrotando a Acevedo, que dijo que sólo discutiría los reclamos “en un marco de paz social”, es decir, con la huelga derrotada. Con la Gendarmería en las narices, las asambleas petroleras ratificaron la huelga contra el impuestazo y por el pase al convenio petrolero. Los yacimientos continuaron paralizados. Mientras tanto, y a miles de kilómetros de Las Heras, se producía una gran movilización nacional por la victoria de los petroleros.

 

Es a partir de esa determinación obrera que el gobierno debió recular. El Ministerio de Trabajo “llega a la conclusión” de que los trabajadores en huelga “son petroleros”, y acepta el encuadramiento gremial exigido por ellos. Aunque no se arrancó en lo inmediato la elevación del mínimo no imponible, se ha instalado un plazo de solución. La lucha petrolera abrió también una crisis al interior de la burocracia sindical, cuyos representantes votaron el impuestazo salarial en el Congreso.

 

Las petroleras y el gobierno no han dejado pasar un minuto para volver a la carga contra los trabajadores. Las Heras se encuentra hoy bajo el dominio de la policía y de la gendarmería. La investigación por la muerte del policía Sayago está siendo manipulada para convertirla en una persecución de los delegados petroleros. Los yacimientos están militarizados por exigencia de la cámara patronal petrolera. Es un cuadro de coacción que prepara nuevos ataques patronales. Por lo pronto, quieren desconocer el compromiso asumido en favor del pago integral de los días caídos. A casi una semana del levantamiento de la huelga, las asambleas obreras vuelven a reunirse en los yacimientos.

 

Debemos asegurar la victoria definitiva de los petroleros del sur. ¡Fuera la Gendarmería de Las Heras! ¡Abajo el Estado policial! ¡Abajo el impuesto al salario! ¡Por la satisfacción integral de todas las reivindicaciones de los compañeros petroleros!