Cartellone S. A. (empresa de construcción con sede en Mendoza y Puerto Madero) acaba cesantear a 200 trabajadores en las obras del Parque Eólico de Miramar. Como los telegramas de despido tienen fecha del 30 de marzo, no son alcanzados por el decreto emitido por el gobierno nacional sobre despidos y suspensiones, mostrando que en los hechos la prohibición es papel mojado.

La patronal echó a los trabajadores como consecuencia directa de la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno. “Según trascendió, la obra está a cargo del consorcio Goldwind Group, una firma de capitales chinos. Días atrás, el Municipio de Miramar clausuró la obra en construcción de manera provisoria, ya que la empresa no respetó el alcance de la cuarentena.” (La Capital, 2/4).

El atropello hacia los trabajadores es total, ya que “muchos estaban en viviendas de Miramar alquiladas por la compañía y ahora deberán resolver cómo volverán a sus hogares, por ejemplo, en Mendoza y Córdoba” (El Diario de Miramar, 2/4.

Lo más probable es que Cartellone se valga de este ataque contra los trabajadores como una extorsión al gobierno, buscando un subsidio para cubrir el pago de los salarios (que redujo en más de un tercio por el descuento de las horas extras), alguna exención fiscal, e incluso la habilitación para seguir operando en medio de la pandemia exponiendo la salud de los obreros.

La conducción de la Uocra se limitó a pedir a la patronal a que “se abstenga de continuar en su conducta” y se supedita a la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia, que ni siquiera nombró todavía a al funcionario responsable de la delegación de Mar del Plata. Es un abandono grave, porque hay muchas obras frenadas en la región. Lo que corresponde es que se plante para que se retrotraigan los despidos en el Parque Eólico, para garantizar el pago íntegro de los salarios en todas las obras y por extender la vigencia de la prohibición de despidos retroactivamente al 1 de marzo.

Además, planteamos que cuando se reanuden las obras se formen comités obreros de seguridad e higiene para supervisar el cumplimiento del protocolo de prevención frente al coronavirus, con potestad para frenar la construcción cuando no estén garantizadas las medidas sanitarias que necesarias para proteger la salud de los trabajadores.