Con una convocatoria abierta de los trabajadores del Ministerio de Defensa frente a la Plaza de Armas, en la esquina porteña de Paseo Colón y Alsina, continúa la lucha de los estatales frente a los primeros 70 despidos en distintas áreas del organismo. El gobierno ha desplegado en la zona un amplio operativo represivo, con la presencia camiones hidrantes y transportes de efectivos.

Con el acompañamiento de organizaciones de Derechos Humanos –quienes se han manifestado contra el creciente desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos–, los estatales reclaman una audiencia con el ministro Oscar Aguad.

Despliegue de efectivos de la Policia Federal en Moreno y Paseo Colón. Cuatro transportes de efectivos y carro hidrante. Irán organismos DDHH y ATE a presentar una nota que frene los despidos en el Área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa pic.twitter.com/8f0gcoc5je

 

El jueves 21 y el viernes 22 realizaron “ruidazos” y marchas dentro de los edificios, mientras que el miércoles 27 una concentración convocada por la Junta Interna de ATE se hizo oír frente al edificio Libertador, donde funciona el ministerio, para marchar también a la sede de Fabricaciones Militares –donde se produjeron 16 despidos. ATE nacional, además, ha debido llamar a un paro en todo el país para el jueves 4 de enero. ATE Capital, conviene recordar, aceptó los despidos en el Ministerio de Energía y firmó un acuerdo de “paz social”; es decir, que el gobierno pueda dejar a la gente en la calle sin mayores molestias, en paz.

Sin embargo, eso no será así. Como cuenta a Prensa Obrera Paula Kohan, delegada gremial en el ministerio, en los edificios del mismo “organizamos guardias frente a la puerta de los despachos de funcionarios que se niegan a recibirnos a pesar de haberse comprometido a lo contrario” –es el caso, por ejemplo, de Horacio Aldo Chighizola, secretario de Estrategia y Asuntos Militares.

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Entre los despedidos hay delegados paritarios electos, y Kohan agrega que “esto comenzó en agosto [en julio asumió el nuevo ministro, Oscar Aguad] con persecuciones y amenazas de que se venía el ajuste. Empezaron por la Secretaría del Derechos Humanos, que quedó desmantelada”. Esa secretaría, en su momento, proveyó documentación probatoria en juicios a genocidas. Tiene su lógica que hayan comenzado por ahí: Aguad es un hombre ideológica y personalmente próximo al asesino condenado Luciano Benjamín Menéndez, y es además, un guiño a los militares sobre la función que el gobierno les tiene reservada en materia de represión interna. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos de todos los signos –varias de las cuales participan hoy de la convocatoria– han repudiado unánimemente este intento por suprimir los archivos de la represión dictatorial.

Entre los despedidos no hay un solo “ñoqui”: se trata de personal técnico, archivistas, investigadores y especialistas en conservación de documentos.

“Queremos que nos reciba la firmante de los despidos –dice Kohan−, Graciela Villata, que ahora está a cargo de dos secretarías: Ciencia y Técnica para la Defensa, de la que depende Fabricaciones Militares, y la de Servicios Logísticos y Coordinación Militar en Emergencias. Además, el paro del jueves 4 incluirá una movilización a Modernización” –el ‘ministerio de despidos’ en el Estado.

 

 

El de Villata es un caso peculiar, puesto que no tiene antecedentes ni conocimientos en materia de defensa, y sólo ha sido designada por ser amiga de Aguad. A pesar de eso, estuvo a cargo de la “coordinación” de la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido hace más de un mes con sus 44 tripulantes a bordo. “Por estas cosas –termina Kohan− no puede asombrar que ocurran tragedias como la del submarino”.

En su mayoría, los despedidos son personal bajo contratos precarios y en negro –una modalidad que el kirchnerismo multiplicó durante sus años de gobierno– que no serán renovados. Otros han sido trasladados sin motivo, mientras se reducen salarios, aumenta la cantidad de horas trabajadas y no remuneradas, crece la persecución gremial y se vacían áreas enteras.

La respuesta de los trabajadores necesita estar a la altura del plan de guerra declarado por el gobierno. Resulta indispensable convocar asambleas en todos los lugares de trabajo, sin importar a qué sindicato está afiliado cada uno, ocupar los lugares de trabajo y una asamblea general del gremio para votar un plan de lucha hacia la huelga nacional sin dilaciones. Ese es el planteo de la agrupación Tribuna Estatal.