El gobierno de Martín Llaryora resolvió despedir a trabajadores de la salud de diferentes hospitales de la provincia de Córdoba. Los profesionales fueron notificados de las cesantías a través del CiDi -la página virtual del gobierno-, la medida generó un fuerte rechazo que se expresó en asambleas y un corte en la Bajada Pucarà, en la zona del Polo Sanitario de la ciudad capital.

Hubo despidos en el Hospital de Niños, en el Transito Cáceres de Allende, en el Pediátrico; también se informaron cesantías en centros de salud del interior provincial como el Domingo Funes, ubicado en el departamento Punilla. En Rio Cuarto se informaron al menos cinco desvinculaciones en el principal nosocomio de la ciudad cabecera del departamento homónimo.

Medios de comunicación dan cuenta de diferentes cifras de las cesantías en las unidades hospitalarias. En el pediátrico habría 15 administrativos despedidos; en el Hospital de Niños alrededor de 16 cesantías, entre ellos personal con mucha antigüedad. Lo que es claro es que hay en curso despidos que afectan sensiblemente la atención de la salud de la población cordobesa.

En este cuadro, en el Hospital de Niños Atsa había convocado una asamblea en el hall del centro asistencial, pasadas las 10 horas. De la convocatoria participaron trabajadores del Rawson que plantearon ir a la acción directa en defensa de los puestos de trabajo. Así se fue dando forma a un fuerte reclamo en rechazo a una medida antiobrera y antisanitaria por parte del gobernador Martín Llaryora.

Durante la protesta hubo cantos reclamando el paro provincial por la reincorporación de todos los despedidos. También se observaron carteles planteando: “Basta de despidos arbitrarios en salud, los ñoquis no están aquí”, “cada vez falta más recurso humano”.

Además, durante el reclamo realizado en el Polo Sanitario, diferentes trabajadores denunciaron la precarización laboral de la que son víctimas. También denunciaron un vaciamiento, y hasta negociados en el sistema hospitalario. Sucede que, en el caso de las cesantías de administrativos, implican una sobrecarga laboral para los médicos.

Al finalizar el corte de calle, hubo una nueva asamblea en la que se planteó como moción realizar “asambleas y medidas de fuerza hasta que vuelvan todos” los despedidos. También hubo críticas a la burocracia del SEP; Y se marcó un contrapunto que describe al gobierno de Llaryora: “En la Legislatura sobran ñoquis, y acá hacen falta trabajadores”, en abierta alusión de despidos de trabajadores de la salud.

Es claro que lo que los despidos administrativos hacen ahora el gobierno de Llayora querrá imponérselo a los médicos y enfermeras, y por el mismo sueldo, en muchos casos por debajo de la canasta de pobreza. A lo señalado hay que sumar que los despidos de administrativos traen como consecuencia el ingreso de entes privados que contratan para dar turnos. Así las cosas, para el gobierno de LLaryora ahí donde hay una necesidad no hay un derecho, sino un negociado.

Al reclamo contra los despidos en hospitales públicos de la provincia, hay que sumar la pelea que están dando trabajadores judiciales, y la continuidad de los reclamos de la docencia, que de la mano de Uepc-Capital viene de realizar un importante plenario por la continuidad de la lucha por el conjunto de reclamos pendientes. Sobran los motivos para impulsar un gran paro provincial.

En ese sentido, Uepc-Capital, Sutna, entre otros sindicatos combativos son convocantes de una deliberación en función de hacer un gran paro y movilización para las jornadas del 9 y 10 de abril, en la que sin dudas el reclamo de trabajadores también debe ser parte. Con un frente único de trabajadores podemos vender el ajuste de Milei y Llaryora.

Milei en la cornisa

Entre la corrida cambiaria y la movilización popular. -

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