El gremio de la construcción (Uocra) lanzó un comunicado declarando el “estado de alerta y asamblea” ante 50.000 despidos directos y más de 100.000 cesantías indirectas como resultado de la parálisis de la obra pública y la recesión. A esto se suman despidos en la industria privada y suspensiones como resultado de la política recesiva del gobierno, al tiempo que suben los precios y ajustan los salarios e ingresos populares.

La caída en la construcción era de esperarse ante la eliminación casi total de la obra pública, algo que sucedió con la complicidad de la burocracia sindical de Gerardo Martínez, que no solo no realizó acción alguna sino que incluso colaboró con el presidente Javier Milei para “asesorarlo” sobre cómo extender el fondo de desempleo de la construcción al resto del movimiento obrero.

El derrumbe de la construcción, de lo que estamos viendo solo el principio, plantea afectación de decenas de otras industrias vinculadas a la obra pública y privada (acero, cemento, colocaciones, áridos, logística, materiales, etc.) y suele ser un indicador de la actividad económica más general.

Desde la cámara patronal (Comarco) también enfatizaron, a través de su presidente Gustavo Weiss, que las suspensiones y despidos afectan actualmente a 100.000 trabajadores y que las obras, en su mayoría, se encuentra paradas.

La caída en el presupuesto para la obra pública (gastos de capital) se encuentra en un 86% interanual para el pasado mes de enero. La burocracia de la Uocra presiona a los gobernadores para que estos se hagan cargo de la obra pública, en el marco de que el gobierno nacional recorta, a su vez, los fondos a las provincias.

Al mismo tiempo que esto ocurre en la construcción, en la industria automotriz se multiplican las suspensiones y el cese de contratos “temporarios”. La FIAT de Córdoba acusa una caída del 33% en las ventas, por lo que se encuentra paralizada; y lo mismo ocurre con General Motors (Santa Fe), Volkswagen (Pacheco) y Renault y Nissan en Córdoba (Clarín, 26/2). Otros sectores afectados por la recesión son la industria textil y la industria el ensamblado tecnológico en Tierra del Fuego.

La CGT asiste a este escenario como mera espectadora, pactando en la mayoría de los casos con las patronales las condiciones del ajuste, sin ofrecer una respuesta de conjunto, lo que se expresa en el paro aislado del 24 de enero y la amenaza sin fecha cierta de eventuales acciones en el futuro.

Tomados los datos estadísticos más recientes, la tendencia a los despidos y suspensiones es preexistente a este gobierno, aunque con Milei y su ofensiva antiobrera la situación se está agravando. La actividad económica tuvo una caída del 4,5% interanual en diciembre y se espera la tendencia continúe en el primer trimestre del año, con una baja del 3,3% y una desocupación oficial (subestimada) que pasaría del 5,7% al 8%.

Según Trabajo desde septiembre se va consolidando “una fase de caída moderada del empleo asalariado registrado en el sector privado”, y hasta noviembre se registraron al menos 26.000 desvinculaciones laborales del sector.

La recesión y la caída industrial con el paquete de medidas de Milei está sirviendo a engrosar las filas de los trabajadores desocupados, cuando el gobierno ultima las políticas para licuar los ingresos de los trabajadores precarizados del Potenciar Trabajo y cierra miles de comedores y merenderos en todo el país, que asiste a las familias pobres e indigentes.

La orientación oficial es forzar una caída general mayor de los salarios e imponer una reforma laboral a punta de pistola, bajo la extorsión de una economía diezmada por las políticas de ajuste desenvueltas por el gobierno nacional. Algo que es justificado, incluso, por Cristina Kirchner en su reciente carta de 33 páginas, con “recomendaciones” al gobierno ajustador de Milei.

Esto también se expresa en la ofensiva de las patronales para imponer una reforma laboral de hecho y la modificación de las condiciones de trabajo, como ocurre actualmente en Bridgestone (neumático) donde la patronal despide trabajadores para modificar la correlación de fuerzas y condicionar acuerdos a la baja y reformas en las condiciones de trabajo.

El “estado de alerta” de Gerardo Martínez –responsable de los salarios más bajos de la industria y las peores condiciones laborales- es un saludo a la bandera para tratar de calmar las tensiones por abajo, en un gremio que no avisara una pronta recuperación sino todo lo contrario.

La respuesta a esta política antiobrera debe ser la acción común de todos los trabajadores contra la ofensiva de Milei y las patronales, sin proclamar ningún rente con los gobernadores ajustadores. El paro activo de 36 horas y el plan de lucha son el camino inmediato a seguir, junto con la deliberación de los trabajadores ocupados y desocupados y todos los sectores en lucha para derrotar definitivamente esta orientación y aplicar los recursos del país a la generación de trabajo genuino, el desarrollo industrial y la recomposición salarial, sobre nuevas bases sociales.

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