05/04/2001 | 701

Desregulación, hundimiento y desfalco

Una costosa solicitada de la OSPG denuncia que la patronal le adeuda 15 millones de dólares, y que bien contados podrían ser 30 millones. Sin embargo, los médicos, enfermeros y empleados de la OSPG fueron víctimas de rebajas salariales y recientemente rechazaron con encomiable dignidad una «colecta» de su patronal (el sindicato) para «afrontar la crisis».


Al momento de las elecciones de abril de 2000 se denunció una deuda de 10 millones. Su monto habría crecido a razón de 400.000 por mes, cifra impresionante para un ingreso mensual de algo más de 1,5 millones (60.000 beneficiarios a 28 pesos per capita durante el ‘99, según la Superintendencia de Salud). Ahora se denuncia que en diciembre último la recaudación bajó a 16 pesos por beneficiario. Semejante caída tuvo que ser progresiva y no se dijo una palabra y, por sobre todas las cosas, no se movió un dedo frente a ello.


En cualquier caso estas deudas patronales ponen en evidencia que el crédito de 5 millones del Banco Mundial para la obra social fue a parar a los bolsillos patronales. Lo mismo ha pasado con los aranceles. Roban los descuentos de nuestros recibos.


Pero caben más preguntas. ¿Qué se hizo con la anterior deuda y qué se hace con la actual? Ahora se comprende la intención de vender el edificio de Paseo Colón y la cesión ilegal del camping de Claypole, propiedad del sindicato a la obra social. Está todo hipotecado. Mientras se deteriora la salud, vamos perdiendo el patrimonio de 140 años de sindicato. En la solicitada, Ongaro se queja «de la indiferencia de los poderes ejecutivo, legislativo, etc.».


De la Rúa no exhibió «indiferencia»: desreguló tomando partido por la banca internacional y los pulpos privatizadores de la salud. La Alianza y el PJ son responsables en todos los poderes de un proceso de privatización de la salud y la jubilación a través de distintas leyes y decretos.


La solicitada no llama a movilizarse, llama a la «ayuda solidaria» en una cuenta corriente del Banco de Galicia.


La actual administración debe ser removida y los libros investigados por una comisión obrera. Reclamamos inmediata Asamblea General y elegir una comisión de control de las cuentas.

En esta nota