La Junta Ejecutiva de CTERA dirigió a los sindicatos docentes adheridos una “propuesta” de reforma de estatutos para ser tratada en el próximo congreso de la organización. La reforma otorga a la dirección marysanchista poderes absolutos para intervenir sindicatos, hacerse cargo de las negociaciones “paritarias”, expulsar agremiaciones que no le responden y en definitiva terminar de convertir a CTERA en una cárcel para los propios trabajadores que la crearon y la integran.

En un lenguaje leguleyo que no disimula la brutalidad de lo que se pretende, la Junta Ejecutiva plantea dos circunstancias que justificarían la reforma. Primero, “la situación de Aesya”, organización gremial de los docentes santiagueños actualmente en huelga. La burocracia “suspendió” la afiliación de Aesya a CTERA en 1991 e hizo intervenir al Ministerio de Trabajo. Escudándose ahora en la necesidad de que éste u otros interventores le respondan directamente, la Junta Ejecutiva señala que “nuestros estatutos deben contener disposiciones que faculten a la CTERA a través de sus cuerpos orgánicos a tener prioridad” en casos como el de Aesya, “ya que pueden reiterarse en otros (impugnación de elecciones, vencimiento de mandatos, etc.)”. El marysanchismo copia así textualmente el estatuto miguelista de la UOM para autodotarse del derecho a la intervención.

Otra de las reformas propuestas se inspira en “que muchas entidades de base de CTERA no cuentan con personería e inscripción gremial (…) lo que obstaculiza el normal ejercicio de los derechos sindicales”. La burocracia plantea, entonces, acogerse a “la normativa legal vigente (que) consigna el derecho de las federaciones con personería gremial a asumir la representación de los trabajadores… en aquellas zonas donde no actuare una asociación sindical de primer grado con personería gremial”. Es decir, ejercer el monopolio de la relación con el Estado —con las prebendas consiguientes— y barrer con la autonomía de los sindicatos locales. El marysanchismo propone explotar en su favor los “beneficios” del decreto 470, que coloca la firma de los convenios a cualquier nivel en manos de las burocracias centrales de los sindicatos.

El “pleno respeto a la autonomía de las entidades de base”, que proclama hasta ahora el estatuto de CTERA, no impidió al marysanchismo expulsar a ATECH (docente del Chaco), suspender a AESYA, tratar de dividir a ADOSAC (docente de Santa Cruz), expulsar docentes antiburocráticos y liquidar el régimen de las asambleas soberanas allí donde pudo.

La burocracia de Mary Sánchez está anotada como caballo del “comisario” en las elecciones de Osplad, en un operativo montado con el ministro Rodríguez y el ex-Aráoz. La única finalidad de la patota de Mary Sánchez es asegurarse los fondos sociales. Fuera de esto no tiene política.