En 1994, los trabajadores del subte fueron derrotados por la política de Menem. De acuerdo al convenio del año 1975, el subte comprendía a 4.070 trabajadores y la jornada era de 6 horas. Este plantel fue reducido drásticamente entre 1991 y 2003, a través de retiros “voluntarios” y despidos, y tuvo su broche final con la concesión a Metrovías.

El 31 de diciembre de 1993, quedaban 2.000 trabajadores, pero aún se trabajaban seis horas. Al día siguiente, se aplicó la jornada de ocho horas y comenzó la liquidación de 400 puestos de trabajo.

A fines de 1994 teníamos un convenio totalmente flexibilizado firmado por la Uta, con 1.600 trabajadores. Quienes comenzamos a trabajar en 1994 nos encontramos con un cuadro de desmoralización y odio a la burocracia sindical, y asumimos la tarea de comenzar la reorganización de los trabajadores. Asumimos como propia la historia de luchas del subte, y se produjo una mezcla de experiencias de los que veníamos despedidos de otros gremios, los jóvenes que recién comenzaban su experiencia laboral y los compañeros que quedaban del subte.

A finales del año 1994 se produjo la primera movilización frente a la empresa: 150 compañeros reclamaron la reincorporación de dos compañeros despedidos. No lo logramos, pero fue el inicio de una recomposición de nuestras fuerzas.

Surgieron las agrupaciones, y la nuestra (Trabajadores de Metrovías) tuvo su nacimiento a mediados de 1995. Funcionábamos en condiciones de total clandestinidad, debido a las condiciones represivas en las que teníamos que trabajar. Tuvimos que apretar los dientes mientras vimos despedir a cientos de compañeros ante la pasividad cómplice de la Uta y de la mayoría de los delegados. Pasaron las tercerizaciones, que profundizaban más la flexibilización laboral y la división de los trabajadores. Nuestra agrupación tuvo desde el vamos, como primer punto de su programa, la recuperación de la jornada de seis horas por insalubridad. Se luchó en todos los campos, levantando la moral de los compañeros; presentamos li stas para meter delegados de los trabajadores, luchamos contra el aparato burocrático más poderoso del país, contra la arbitrariedad impune de las jefaturas y contra la complicidad del Estado con uno de los grupos económicos más poderosos (Roggio). Enfrentamos causas penales, por cortes de vías, y algunos delegados fuimos presos por enfrentar las injusticias. Siempre tratamos de demostrar el carácter político de la lucha en nuestras publicaciones. Con el tiempo, fuimos forjando los cimientos de una nueva vanguardia que obtuvo el reconocimiento y respeto de los compañeros.

Dos batallas de importancia estratégica

En el año 1999 una parte minoritaria del cuerpo de delegados y todo el activismo de las agrupaciones tuvimos una prueba decisiva: un compañero – Méndez – choca con otra formación y la empresa lo despide. Fuimos al paro, frente a un complot pérfido entre la empresa, el sindicato, el Estado y una parte del cuerpo de delegados. Trescientos compañeros recibieron telegrama de despedido: y fue la carta de negociación para que Méndez quedara afuera. Podríamos haber ganado, pero un sector de delegados y la Uta pusieron urnas para que los compañeros decidieran entre los 300 despedidos y el compañero. El repudio a esta extorsión fue el terreno para que en la siguiente elección de delegados una parte de los que “tiraron para atrás” fueran barridos.

La segunda lucha estratégica contra los planes de la empresa fue contra la eliminación del puesto del guarda. En febrero de 2001, la empresa anuncia la reubicación de todos los guardas de la línea “B” dejando de este modo al conductor a cargo total de la formación, nuevamente con la complicidad de la Uta. La respuesta fue un feroz paro de los trabajadores que tuvo que ser detenido por Patricia Bullrich, al aplicar una conciliación obligatoria de 6 meses – la más larga de la historia argentina – . Impedir la eliminación del guarda – y los 220 despidos con los que pretendieron castigar nuestra lucha – fue un triunfo en toda la línea, que preparó el terreno para el tramo final de la lucha por las seis horas.

Luego de ese episodio, en las elecciones de delegados el activismo barrió a los de la burocracia y a sus cómplices de “izquierda” en todas las líneas. En ese momento, el Partido Obrero acababa de conquistar una banca en la Legislatura porteña, desde donde impulsó una resolución de repudio a los 220 despidos y a la eliminación del guarda. Así, Jorge Altamira, junto a los delegados del Partido Obrero en Metrovías, se convertía en un referente público de los intereses de los trabajadores del subte.

De este modo comenzamos a demostrar a los trabajadores para qué sirve un puesto de legislador en el parlamento burgués.

La movilización por las 6 horas

Después de 1997 se instaló un debate entre los trabajadores. La burocracia y sus amigos de “izquierda” planteaban que no había condiciones para luchar por las 6 horas y que había que reclamar las 7 horas que ya estaban mencionadas en el convenio colectivo. Nuestra agrupación defendió la restitución incondicional de las seis horas. Fuimos acumulando datos históricos de diferentes fuentes, iniciamos investigaciones científicas, vimos a todos los profesionales relacionados con la insalubridad y de este modo, sólidamente armados de argumentos, lanzamos una campaña votada por el cuerpo de delegados después de la lucha por el guarda y elaboramos, junto a nuestra bancada obrera, el proyecto de ley por la reducción de la jornada laboral a seis horas sin afectar el salario.

La Uta, desde el inicio, jugó un papel carnero. Llegó a patotear una asamblea general llamada por los delegados para tratar el plan de lucha por las 6 horas y la recomposición salarial. Este fue el principio de rupturas más profundas entre la burocracia y los trabajadores.

En primer lugar se juntaron 50.000 firmas destinadas a poner en movimiento a los compañeros. Los primeros triunfos se dieron en el contexto político de la rebelión popular de diciembre de 2001. La primera incursión de los delegados y trabajadores en la Legislatura le arrancó a la Comisión de Legislación general y del Trabajo (que Altamira integra), una recorrida de los legisladores por los subterráneos. A partir de aquí los trabajadores y delegados de subte iniciaron una experiencia directa diferenciando el rol del Estado capitalista, los partidos del régimen y el partido revolucionario. Dieciocho marchas a la Legislatura, conferencias de prensa y luego la toma de la Legislatura por los trabajadores para que la ley fuera tratada en el recinto, y dos paros resueltos en asambleas realizadas en la misma Legislatura frente a los medios, permitieron obtener una nueva victoria el día 22 de agosto de 2002, con la sanción de la Ley 871 del Partido Obrero.

La Banelco

Ibarra veta la ley e impide el libre acceso de los trabajadores a la Legislatura a la sesión que debía tratar el posible rechazo al veto. Ese día, la movilización de los trabajadores se encuentra con la infantería. Una salvaje represión a los trabajadores deja a dos heridos de gravedad: el compañero Blanco, de la línea “E”, y un compañero del Polo Obrero que nos apoyaba. Los delegados lanzan el paro de repudio en una asamblea improvisada frente a la Legislatura. A los dos días, se realiza una movilización de repudio a las oficinas centrales del Grupo Roggio acompañada por organizaciones barriales y de piqueteros. El Polo Obrero suma 3.000 compañeros.

Después del veto de Ibarra, la empresa trata de tomar la iniciativa. Amenaza a las compañeras con despedirlas, larga un plan de retiros voluntarios y baja las primeras expendedoras de boletos. Los trabajadores, junto al cuerpo de delegados, retoman la movilización sobre el gobierno de Ibarra exigiendo que avancen nuevos estudios sobre insalubridad. Las audiometrías realizadas a los trabajadores confirmaron lo que los trabajadores ya sabíamos: que el subte es insalubre.

La Uta firma a nuestras espaldas

En un plenario realizado en la Uta, el cuerpo de delegados rechaza de plano la pretensión de la empresa de incorporar categorías nuevas al convenio, que preparan el terreno para la liquidación del boletero. Días después la empresa publica en un comunicado interno el acuerdo firmado con Uta para nuevas categorías y la nueva escala salarial, en la cual no habían participado nuestros paritarios. Entonces, lanzamos el paro en repudio a ese acta trucha, que colocó a la orden del día la lucha por la jornada de 6 horas y la recomposición salarial.

El paro comenzó a las 14 horas, y los trabajadores tenían decidido que no se levantaba hasta que los delegados de base fueran recibidos por el Ministerio de Trabajo.

La cuenta regresiva

Luego de reuniones del cuerpo de delegados con las más altas autoridades del Ministerio, donde se pedía la anulación del acta convenio homologada por éste, la incorporación al básico de los 200 pesos dispuestos por Kirchner y la incorporación de la jornada de seis horas como primer punto de una paritaria libre, al no tener ninguna respuesta favorable el cuerpo de delegados fija la fecha de un paro. El día anterior al paro, nos citan de la Casa Rosada. El propio Kirchner nos asegura que la decisión del Ejecutivo era revisar el acta, y hablar con Ibarra para que salga la insalubridad.

Al día siguiente no nos recibió Tomada – como había pactado en la Rosada – , y pretendieron dilatar la cuestión. La respuesta de los delegados fue anunciar la huelga para el lunes. Al día viernes estaba firmada la resolución de insalubridad.

La resolución le da 30 días a la empresa para su aplicación: ahora, vamos a asegurar su cumplimiento.

Somos conscientes de que estamos frente a un triunfo histórico que abre la perspectiva de la recuperación de las conquistas perdidas por el movimiento obrero en las tres últimas décadas. En el camino han quedado miles de discusiones, miles de volantes con nuestra posición. La conclusión es una lección para los desmoralizados: con programa, organización y lucha, el triunfo es de la clase obrera y de los partidos revolucionarios.

(*) Delegado del subte, Talleres Rancagua. Integrante del Comité Nacional del Partido Obrero