No se trata de un mero ajuste, el gobierno kirchnerista está destruyendo el sistema de asignaciones familiares en función de emplear sus fondos con otros fines.

El decreto que la Presidenta anunció por cadena termina con el derecho del trabajador a cobrar salario familiar por hijo y sujeta ese cobro a los “ingresos familiares”. Si dos trabajadores ganan 3.500 pesos cada uno, pasan a cobrar la categoría inferior creada por el decreto, la cual es de 90 pesos por hijo, correspondiente a una franja de entre 6.001 y 14.000 pesos. Antes, cobraban 270.

Al aplicarse sobre el grupo familiar y no sobre el salario del trabajador, dejan de cobrar la asignación 63 mil familias. Otras 170 mil cobrarán menos por pasar a una categoría inferior. De ese modo, agravaron las consecuencias del sistema de la tablita, ya de por sí discriminatorio.

Se ha anunciado un aumento del 25,9%, lo cual es falso. La categoría I, de 200 a 3.200 pesos (340 pesos) tuvo un 25,9%; la segunda, de 3.201 a 4.400 (250 pesos), el 22,5% y la tercera de 4.401 a 6.000 pesos (160), el 17,6%. La última categoría, de más de 6.000 pesos, fue creada por el decreto y su importe, como dijimos más arriba, es de 90 pesos. De todos modos, los que ingresaron en esa categoría son sólo una porción menor de quienes perdieron este beneficio en los últimos años, por la no actualización de los topes salariales.

Conviene, a esta altura, reparar en los importes que van de 340 a 90 pesos en forma decreciente a medida que aumenta el salario. Todos, sin excepción, son una completa miseria, cuando la Universidad Católica determinó -a través de su departamento social- en 1.400 pesos, al mes de junio, el importe de la manutención digna de un hijo.

El régimen de asignaciones familiares comprende, además, los importes por nacimiento, matrimonio o escolaridad los que se mantienen congelados. Si la escolaridad se hubiera actualizado por inflación real desde 2001 a la fecha, pasaría a 800 pesos. Los demás importes tienen la misma desvalorización.

El sistema, sostenido por aportes patronales ligados al salario de cada trabajador en blanco, está dando un superávit de 2.000 millones de pesos anuales, el cual se incrementará este año.

Buena parte de ese dinero es usado para solventar la Asignación Universal por Hijo (AUH), que tuvo un 25,9% de aumento equiparada a la categoría más baja de las asignaciones familiares. Así, ese beneficio de los trabajadores en negro, los desocupados y las empleadas domésticas es pagado, de esta forma, mediante el desquicio del sistema de asignaciones familiares y el resto con fondos de los jubilados. Integralmente, lo banca la Anses.

Otro punto fundamental es que han hecho confluir los importes máximos de salario por persona para cobrar la asignación familiar (7.000) con el mínimo no imponible. A buen entendedor, pocas palabras: no piensan mover el impuesto a las ganancias sobre los salarios -lo que constituye otra confiscación brutal sobre casi tres millones de trabajadores.

El gobierno desvía crecientemente fondos derivados de los aportes de los trabajadores para concretar la política del Banco Mundial: una “malla de contención” a la pobreza masiva. La AUH es financiada integralmente por otros trabajadores, mediante transferencias despóticas de fondos de la Anses y no mediante un impuesto al capital. Ello se concreta liquidando conquistas sociales pre-existentes como el 82% y las asignaciones familiares.

Se comprende porqué el kirchnerismo jamás devolvió la administración de la Anses a trabajadores y jubilados. Al igual que los 15 mil millones que sustrajo de las obras sociales (también pertenecientes a los trabajadores), dispuso de los fondos jubilatorios para financiar una asignación de miseria a la masa de desocupados e indigentes.

Se trata de una política tan regresiva que no han podido anunciarla siquiera en reunión con la CGT que crearon para que les aplauda las medidas. El movimiento obrero tiene que ponerse de pie en su conjunto para recuperar las asignaciones familiares, reclamar que sea para todos y de 700 pesos por hijo como mínimo, por la eliminación del impuesto al salario y por un salario mínimo equivalente a la canasta familiar.