Sin llamar a asambleas y sin partir de las necesidades materiales de la docencia cordobesa, Juan Monserrat (secretario general de la Uepc) fijó el reclamo salarial en torno a un 10% en noviembre, 10% en diciembre y 10% enero, ya que según su perspectiva de ese modo se alcanzaría a cubrir la inflación. La propuesta fue bien recibida por el gobierno, que ofertó un 8% por noviembre, 10% en diciembre y 10% enero. Es decir, en la simulada negociación, la “diferencia” entre lo que hoy está pidiendo nuestro sindicato y lo ofertado por el gobierno es de solo un 2% para el mes de noviembre. En plata, la propuesta del gobierno significa $4.343 para el cargo testigo en noviembre y $5.429 para diciembre-enero (a cobrar en febrero): apenas tres kilos de carne.

Sin cubrir la inflación

El secretario general de la Uepc saludó la oferta del gobierno y anunció que la pondrá a consideración de la docencia; expresó que se trata de una oferta que logra cubrir la inflación y establece un piso para la negociación (el techo vendría a ser el 2% adicional que él ha reclamado). Pero veamos los números.

Al mes de octubre, la docencia está sufriendo el mayor golpe al salario del año. La inflación se calcula de forma acumulada mientras que los aumentos salariales se realizan con referencia al salario de enero de 2022. Esto genera una distorsión ya que grandes porcentajes aparentes solo representan un incremento mínimo en relación al salario actual que percibe la docencia.

Una maestra que recién se inicia cobra al mes de octubre $94.488, mientras que un docente de nivel medio (23 horas cátedra) cobra $95.431. Esto representa un aumento con relación a enero del 60%, mientras la inflación acumulada a octubre es del 71% (datos del Centro de Almaceneros de Córdoba). Es decir, hoy estamos aproximadamente un 11% por debajo de la inflación.

El 15% más 8% para el mes de noviembre ¿logra alcanzar la inflación? No. Si tomamos los mismos valores de la inflación de octubre (6,6%) para la de noviembre, tenemos una inflación acumulada en referencia a enero del 82%. Sin embargo, nuestro aumento, al calcularse con base en enero 2022, alcanzaría en noviembre aproximadamente $105.474 para una maestra, es decir, un 78% de aumento respecto de enero. Si al mismo salario le acumulamos la inflación quedaría $108.467. Seguimos por debajo de la inflación.

La brecha se amplía para los meses de diciembre y enero, cuando la propuesta finaliza con un salario de $116.332 para la maestra, mientras que el mismo salario con la inflación acumulada quedaría en $123.256. Una pérdida de 7 mil pesos, lo que representa un 12% con relación al salario de enero 2022, muy lejos del 2% adicional que pide Monserrat. Esto sin mencionar que desde las cámaras empresariales se está pergeñando un salto inflacionario para los próximos meses, cuestión que dejaría aún más obsoletos los números propuestos.

Además, el achatamiento del escalafón y la proliferación de las sumas en negro lleva a que en puntos porcentuales estemos hablando de una pérdida superior aún para las compañeras y compañeros de mayor antigüedad.

Sin aumento real y docentes cada vez más pobres

Estos números a la baja para el salario son muy diferentes en cuanto a las finanzas provinciales. La provincia viene de un octubre récord, el mejor en 6 años (La Voz del Interior, 2/11), en el que la recaudación ha reflejado un alza de 8% en términos reales, es decir, por encima de la inflación. El salario docente, en cambio, viene perdiendo sistemáticamente y se aleja cada vez más del horizonte mínimo de la línea de pobreza. Al mes de octubre la canasta básica para no caer bajo la línea de pobreza está en $128.214, un 36% por arriba del salario de una maestra ($94.488). Lo que se cobrará en noviembre no llegará ni a la mitad de lo que necesita un maestro para dejar de ser pobre, con lo que esta situación se profundizará gravemente.

Desde 2017 a este año, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios ha superado el 20%, algo que es necesario recuperar. La actual propuesta, sin embargo, solo profundizará esta merma, al terminar en enero alrededor de 10 puntos por debajo de la inflación proyectada y no incluir ninguna cláusula de indexación o actualización automática del salario.

La propuesta, además, no contempla ningún bono o suma extraordinaria, que la provincia con su superávit podría pagar. Es decir, no se atiende tampoco la situación de emergencia de los salarios que exigen una recuperación contundente e inmediata. La burocracia se jacta de esto cuando en realidad lo que oculta es que con ello lo único que logran es cuidar las finanzas del gobierno.

Lo que paga es luchar

En este marco, los médicos residentes y trabajadores de la salud han salido a la lucha en Córdoba y en el país. Rápidamente el gobierno provincial echó lastre y ofreció un bono que luego transformó en suma remunerativa. Entre la docencia también empieza a gestarse un panorama de intervención de las escuelas contra esta política de la burocracia sindical de moverse con el libreto del gobierno. A los paupérrimos salarios se suma el sistemático hostigamiento y las presiones contra la docencia, que está lamentando en este momento a Silvana, una nueva víctima del acoso laboral promovido por el gobierno y amparado por la burocracia.

Una asamblea autoconvocada que tuvo lugar el viernes pasado en las puertas de la Escuela Carbó resolvió un programa y un plan de acción que marca un rumbo de intervención para la docencia: el jueves 17 de noviembre nos movilizamos por un aumento de 50% en noviembre, la cláusula automática de indexación salarial, un bono de $100.000 o doble aguinaldo y la derogación de la Ley 10.694 que nos robó el 82% móvil para las jubilaciones.

Este programa y este plan de acción es el que se debe defender desde las escuelas y unifica a los nuevos cuerpos de delegados que vencieron a la burocracia sindical de la Celeste en las pasadas elecciones de delegados y delegadas. Es la base para la lucha salarial, para la defensa de las condiciones laborales y para la recuperación del sindicato Uepc por una alternativa independiente, antiburocrática y de lucha.

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