Luego de un análisis de los indicadores que arrojan la situación económica de la educación en Córdoba, el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (Otes) concluyó que “en los últimos cinco años hay una pérdida total de $1.336.888 por trabajador/a docente”. Para tener referencia concreta, estamos hablando del equivalente a diez salarios de una maestra que recién inicia y hoy cobra $120.000.

Por otro lado, en los docentes de mayor antigüedad el ajuste es más del doble. Esto quiere decir que estamos frente a un ataque que golpea no solo sobre los salarios, además ataca el escalafón y sobre todo las futuras jubilaciones que se calculan sobre los últimos diez años de actividad, que es donde porcentualmente más salario se ha perdido. Con el 40% ofertado por Schiaretti, el deterioro se profundizará. Si a esto se suma el mazazo que significa la ley 10.694 sobre nuestros haberes y derechos, es claro que los actuales y futuros jubilado y jubiladas son los principales perjudicado y prejudicadas.

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No es el calor, es Schiaretti

El informe emitido por el Otes también señala que “durante el periodo 2016-2023 el presupuesto del Ministerio de Educación ha sufrido una merma del 11% en términos reales”. El gobierno incumple así con la Ley de Educación de la provincia de Córdoba, porque destina “solamente el 29% del presupuesto al sistema educativo provincial, en lugar del mínimo del 35% establecido”. Según el informe, Córdoba, junto con Chaco, Jujuy, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero “son las provincias argentinas con menor presupuesto por alumno de escuela estatal”.

Nuestra provincia cuenta “cada vez con menos infraestructura y docentes para atender a una demanda educativa mayor”. Es claro que Schiaretti ha dejado en el completo abandono a las escuelas que hoy se sostienen con el exclusivo financiamiento de la comunidad educativa.

La ola de calor puso de relieve lo que otrora evidenció el frío polar, los desprendimientos de mamposterías, baños deplorables, etc. En las escuelas públicas de Córdoba no hay condiciones para desarrollar el proceso educativo y muchos edificios son inhabitables. El Estado ni siquiera garantiza el servicio de Emergencia Médica en lugares donde las infancias y las adolescencias se congregan multitudinariamente durante más de cuatro horas.

El sostenimiento de la educación pública quedó en manos de las cooperadoras escolares y, sobre todo, de la lucha de la comunidad educativa. Esto se hizo más que evidente en los años de virtualidad donde se ejecutó menos del ¡20% del presupuesto! destinado a las escuelas, mientras la deserción escolar se triplicó en un año.

Desfinanciamiento, precarización y privatización

Para completar este cuadro, el informe agrega que en el año 2020 “Córdoba fue la provincia que destinó la mayor proporción de la masa salarial a la educación privada”. En estas escuelas, los derechos laborales no existen o están limitados, hay sobrecarga laboral; se exigen múltiples tareas a las docente que exceden a sus funciones. El ministro de Educación, Walter Grahovac, “ha importado” esta precarización laboral durante años a las escuelas públicas.

A esto se agregan dos medidas impulsadas por la misma Uepc: el decreto 257/19 que hizo desaparecer diez años o más de formación pedagógica acumulada en antecedentes docentes, que recorta el alcance de títulos y la reforma del Estatuto Docente que precariza la labor docente. Ambas reformas han “empujado” a la docencia a volver a pagar para formarse, a pesar de que no cuenta ni con salario ni con tiempo para hacerlo, además de haber perdido su trabajo y derechos adquiridos. De este modo, se reactivó el negocio millonario de los centros de capacitación públicos y privados, controlados por el mismísimo Grahovac, la Uepc e instituciones privadas.

Los docentes tienen razón: fuera Monserrat

El hecho de que los últimos paros y movilizaciones hayan sido multitudinarias, que la columna que representa al sindicato fuese minoritaria, que el cántico más vociferado sea “Fuera Monserrat” y que la burocracia sindical no pueda hacer hablar a su principal representante por el abucheo ensordecedor de la multitud, es una muestra clara de que la Celeste ha sido participe de todo el ajuste antes detallado.

 

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La conducción de Uepc llenó de militantes el Ministerio de Educación, empezando por su cabeza, y esto le sirvió al gobierno para desembarcar con todas sus políticas de ajuste sin tener mayor resistencia que la organización de las escuelas. El hecho de que Schiaretti intente pasar el aumento por decreto es una muestra clara de que los 20 años de ajuste no solo han terminado por esmerilar la autoridad de la conducción sindical en las escuelas, sino además al mismo gobierno.

La oposición y el activismo docente, que ganaron protagonismo en las principales asambleas de delegado y delegadas, en las acciones callejeras y en la organización de las escuelas que hoy encabezan todas las luchas y acciones orgánicas y autoconvocadas: piquetes, movilizaciones asambleas y acciones zonales, etc.

Para sacar a la docencia de la pobreza, recuperar el 82% móvil y terminar con la precarización laboral en educación tenemos que impulsar y profundizar el plan de lucha y unificar nuestros reclamos con los trabajadores de salud y el resto de los sectores que están movilizados. Con Monserrat y la Celeste esto es imposible. Hay que sacar al gobierno de nuestro sindicato. Ya está en marcha la conformación de una lista integrada por los protagonistas de todas estas luchas. El plenario de las escuelas votó para el 1° de abril, una primera asamblea para conformarla.

Desde Tribuna Docente venimos desarrollando reuniones en todo el interior y el sábado 25 haremos un plenario provincial abierto para impulsar a fondo todas estas tareas. Previo a esto el 24 de marzo, en la marcha independiente del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia movilizaremos por ¡30 mil presentes!; contra la criminalización, la persecución y el ajuste del gobierno.

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