Con el aislamiento y suspensión de actividades para enfrentar la pandemia del coronavirus, las trabajadoras y trabajadores de la educación nos encontramos frente a graves situaciones para garantizar la subsistencia y una estricta cuarentena.

Al momento de suspenderse el funcionamiento del CPE, muchos compañeras/os que tenían cargos y horas con licencia y que no han podido renovar. Las mismas caen de manera automática y muchos suplentes quedan sin trabajo.

Planteamos la continuidad de las licencias, con prórrogas automáticas y mientras dure la emergencia, en defensa de los derechos de licencia con goce de haberes y la continuidad de suplentes.

También existen casos de compañeras/os que tomaron horas o cargos y no pudieron efectivizarlas antes de la suspensión de clases, o a quienes cesaron y no tuvieron oportunidad de tomar nuevas horas o cargos.

Exigimos que el CPE cubra íntegramente los salarios, la obra social y se compute como tiempo trabajado a los efectos de todos los derechos laborales y la antigüedad.

Asimismo la falta de asambleas presenciales y de listados de escuela cabecera, condena a muchas/os a la desocupación o a ingresos más miserables de los que cobramos. En ese caso no hay protección alguna, en un sector mayoritariamente integrado por mujeres al frente del sustento familiar.

Ante esta situación planteamos: Un bono especial indemnizatorio por desocupación forzosa de $30.000 por mes, hasta que se retomen los mecanismos de acceso al trabajo (con continuidad de los derechos previsionales y asistenciales). El CPE cuenta con un registro que posibilita esto y tenemos la posibilidad desde Aten hacer un empadronamiento que nos permita tener los propios.

Sabiendo que la cuarentena puede extenderse hasta mediados de abril o más. ¿Cómo vamos a subsistir?

El presupuesto educativo ya contempla los fondos para los salarios y por otra parte la falta de docentes en horas y cargos impediría la tarea pedagógica virtual;  lo que constituye asimismo un derecho de las y los estudiantes.

No podemos renunciar a nuestro derecho a reclamar y organizarnos, máxime cuando el gobierno profundiza más las medidas de regimentación social que las sanitarias. Aunque el gobernador Gutiérrez nos amenace mediante el decreto 390/20, cuando dice que a los agentes públicos (trabajadoras/es estatales y docentes) se les aplicarán sumarios o baja automática. A su vez refuerza el aparato represivo al que conocemos muy bien, por ser el responsable material de los asesinatos de Teresa Rodríguez y Carlos Fuentealba entre otros.

No olvidemos que la suspensión total de actividades las arrancamos desde las escuelas.

Para cumplir la cuarentena, necesitamos trabajo y salario.