La pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo en lo que va del año, el tarifazo y el crecimiento de la inflación, han acelerado la pobreza y la miseria en la Argentina, como lo revelan las propias estadísticas oficiales que reconocen un 32% de pobres en nuestro país. Esta situación tuvo como resultado un crecimiento acelerado en las organizaciones sociales que militan en los distintos barrios del país, y la conformación de un frente de organizaciones que entre marzo y julio puso en pie cinco piquetazos nacionales contra el ajuste, los cuales fueron creciendo sucesivamente en concurrencia. Con respecto al Polo Obrero, todas las semanas se ponen en pie nuevas asambleas en barrios, localidades y provincias, como lo fue la apertura del Polo Obrero en Mendoza vinculado a la lucha por la garrafa social, en Formosa, o en localidades del conurbano bonaerense como Almirante Brown. 

 

Sin embargo, el frente antes mencionado entró en un impasse desde agosto. El motivo fue que dos de las organizaciones que lo componían, la CCC y Barrios de Pie, avanzaron en una política de integración al gobierno. Junto con la CTEP (Movimiento Evita y demás) conforman un frente con el gobierno, la oposición patronal, la Iglesia y la CGT que tiene por objetivo lanzar una contención asistencial para bloquear que, como ocurrió en el pasado, el movimiento piquetero juegue un papel independiente en la situación política y enfrente el ajuste y al Estado. 

 

Esta ‘burocracia piquetera’, pródiga en fotos con la ministra Stanley y con Marcos Peña, recibiría 55 millones de pesos para realizar “encuestas” y relevamientos en los barrios para el gobierno.  

 

Una ley para tratar de “contener” la pobreza

 

Los senadores del FpV, la centroizquierda y el massismo acaban de dar media sanción a la Ley de Emergencia Social, que prevé como única medida concreta un incremento del 15% en la Asignación Universal por Hijo y de la asignación por embarazo; luego, “promueve (sic) la creación de un millón de nuevos empleos bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo y se constituye el Consejo de la Economía Popular que intervendrá en la fijación de un salario social complementario” (Página/12, 17/11). 

 

El monto del “salario social complementario” para los trabajadores precarizados, que en un principio se insinuaba igualaría sus ingresos al salario mínimo vital y móvil, quedará sujeto a lo que fije dicho Consejo de la Economía Popular, integrado por representantes de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social y los representantes de las organizaciones inscriptas en el “Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas”. 

 

La norma establece además la creación del Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP) bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, en el cual deberán inscribirse los trabajadores de la “economía popular” como requisito para percibir el salario social complementario. 

 

La ley en cuestión en ningún momento plantea una alternativa al ajuste en curso, sino un plan de contención social en los límites de la pobreza y avanza en la integración de las organizaciones sociales al Estado y la precarización laboral. 

 

Nada de un plan de lucha contra los despidos, por trabajo genuino y por aumento. 

 

Los “movimientos sociales” y la CGT se movilizarán el 18 al Congreso con el objetivo de apurar la votación en Diputados antes del receso, un objetivo improbable. Por otra parte, el gobierno dejó correr la versión de que, en caso de aprobarse, recurriría nuevamente al veto, como hizo con la llamada “ley anti-despidos”. El gobierno simpatiza con el armado de un esquema de contención pero no quiere que la oposición le marque la cancha. A la vez, no le sobran los recursos políticos para dotarse de dicho esquema.

 

En ocasión del veto a la ley anti-despidos, la burocracia sindical lo dejó correr sin mover un dedo y a partir de entonces reforzó su compromiso con el gobierno. La marcha del 18 es un simulacro de lucha.

 

El Polo Obrero sigue organizando los barrios contra la política de descargar la crisis capitalista  sobre los hombros de los trabajadores. Al ajuste lo enfrentamos con el movimiento obrero y con una alternativa política propia. 

 

Ante el crecimiento de la desocupación y la pobreza, es necesario el desenvolvimiento de un programa de lucha y una salida de fondo: pase a planta permanente a los precarizados, seguro al desocupado, aumento de salario acorde al costo de la canasta familiar. 

 

Llamamos al conjunto de las organizaciones sociales a abrir un debate en esta perspectiva. 

 

El 19, vamos a Atlanta al acto del Frente de Izquierda.