La publicación de los informes del Indec sobre el uso de la capacidad instalada de los lugares de trabajo y el Índice de Producción Industrial Manufacturero arrojan para el mes de noviembre del 2020 un crecimiento de la “productividad”, lo que resulta llamativo si nos atenemos a que el período estuvo signado por suspensiones, despidos y, en general, la ausencia de inversiones. Las patronales aprovecharon la pandemia para imponer una reforma laboral de hecho, aumentando la explotación laboral.

Lo que estos datos ponen de manifiesto es que aumentó la utilización de la capacidad industrial instalada con un plantel de personal reducido y/o disminuido, lo que conlleva más trabajo en menos, sin el atenuante de ninguna beneficio salarial adicional, mas bien todo lo contrario.

Otra cuestión llamativa es que la aplicación de los protocolos sanitarios supondría una afectación de los ciclos de trabajo y la disminución de la productividad, sin embargo los resultados generales indican lo contrario, lo que revela una desatención general de las obligaciones sanitarias por parte de las patronales.

En efecto, para el mes de noviembre se registra una utilización de la capacidad instalada industrial del 63,3%: el máximo de la serie 2020 y también del 2019. Al tiempo que para el mismo mes se registra solo un crecimiento del 4,5% en el IPI manufacturero.

De esta manera, de la relación que se establece entre ambos indicadores resulta que 9 de 12 industrias relevadas dan cuenta de un aumento de la explotación laboral. Por arriba de la media se destacan la manufactura de tabaco, la metalmecánica (excluida la industria automotriz), la industria papelera y la de edición e imprenta.

Las patronales han sacado provecho de la cuarentena y la pandemia para imponer nuevas condiciones de trabajo, gravosas para los trabajadores, para sacar un mayor provecho de sus respectivos procesos  productivo. Se trata de una mayor flexibilización de las condiciones, con jornadas extendidas, turnos rotativos, polifuncionalidad y aumentos en la intensidad de las tareas, todo justificado bajo la esencialidad de las tareas o simplemente por las condiciones excepcionales de la pandemia.

Así, la constante ha sido utilizar las suspensiones y disminuciones del plantel, junto a la crisis económica, como palancas para “negociar” la imposición de estas nuevas condiciones, lo que en algunos casos como el Frigorífico Penta o GRI Calviño ha implicado una respuesta del colectivo obrero bajo la forma de conflictos sindicales contra las reformas antiobreras.

Por su parte, las centrales obreras, con la burocracia sindical al frente, han sido más que meros espectadores de este fenómeno: se han convertido en socios de las patronales y el Estado en la implementación de una reforma laboral de hecho en los lugares de trabajo. La fuente de esta política se inscribe en el pacto social de ajuste del gobierno, las patronales y el la burocracia para lograr el visto bueno del FMI y aceitar el plan de ajuste que viene con las negociaciones con los bonistas privados.

La segunda ola de contagios vuelve más que urgente la lucha en cada lugar de trabajo por la elaboración y el control obrero de los protocolos sanitarios para la industria, los cuales deben ser antepuestos al lucro capitalista. Así como enfrentar suspensiones y despidos, directos e indirectos, de los cuales se valen las patronales para hacer pasar su ofensiva.

También se vuelve preciso defender los convenios colectivos de trabajo y los derechos consagrados en los regímenes laborales vigentes que impongan un límite a la explotación laboral.

El movimiento obrero debe desarrollar a fondo una deliberación en los lugares de trabajo para sacar conclusiones de las consecuencias de esta política criminal y resolver medidas de acción directa, como el paro nacional y un plan de lucha para derrotar a los ajustadores. Es el camino que inició el Sutna y el sindicalismo combativo con la jornada de lucha del 18 de diciembre pasado.

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