Amanda Martín, legisladora de CABA y miembro vocal de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud presentó un proyecto de ley que apunta a reparar la situación de profunda precariedad laboral de las trabajadoras que atienden los casos de violencia de género en la CABA.

La legisladora encabeza los fundamentos de su proyecto declarando: “Las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer en general y de la línea 144 en particular, quienes en su enorme mayoría son mujeres, atienden múltiples casos de violencia de género sin embargo constituyen uno de los sectores altamente precarizados”.

Agrega que “es el propio Estado de CABA quien intenta perpetuar una política de violencia institucional y laboral contra las trabajadoras mencionadas quienes no sólo enfrentan la situación de contratos “basura”, sino que también este estado de cosas las somete a una discriminación en torno a derechos históricos como la estabilidad laboral, aguinaldo, obra social y cobertura de ART, sin licencias, tampoco reciben ningún plus salarial por desempeñarse en una actividad considerada esencial, con todo tipo de presiones y hostigamiento de parte de funcionarias a cargo del área. Los salarios muy por debajo de la línea de pobreza son otro aspecto que sacude el bolsillo, el poder adquisitivo, y golpea las familias de las trabajadoras que han visto lesionadas sus condiciones laborales producto del teletrabajo sin reconocimiento alguno”.

El proyecto recoge un reclamo de las trabajadoras que incluso durante la situación de pandemia, la cual ha agudizado profundamente la violencia contra las mujeres, las diversidades y las infancias, se vieron forzadas a realizar medidas de fuerza por la falta de cobro en sus paupérrimos salarios. Ante la creciente violencia contra las mujeres cuya expresión última es el femicidio, en lo que va del año se ha cobrado más de 140 mujeres, sin embargo ni el Estado porteño ni el nacional han desarrollado respuestas ante el flagelo que hoy azota total crudeza a las mujeres trabajadoras y de los sectores populares.

Ni el Ministerio de la Mujer de Alberto Fernández y Elizabeth Alcorta, ni los cambios en los directorios de la Dirección General de la Mujer de la CABA se traducen en presupuesto para casas refugios, subsidio a las víctimas de violencia, planes de vivienda, trabajo genuino y el largo etc. que hoy se exige desde el movimiento de mujeres independiente del Estado y sus gobiernos, por el contrario: catapulta funcionarias que bajo ropajes feministas son tributaria de una política opuesta por el vértice a las mujeres de las barriadas, las diversidades, a las infancias y las juventudes.

El proyecto de ley presentado por la legisladora del PO-FITU representa una banca legislativa al servicio de los reclamos y las luchas de las y los trabajadores.