A 5 años del accidente del que Nelson Nahuel Bravo fue víctima en su lugar de trabajo, que le ocasionó la mutilación del brazo al tomar contacto directo con el tornillo sin fin de un chimango de carga de forraje, la empresa “Puesto Viejo Estancia & Polo Club” (Ancien Poste SA y Londres & Baires SRL), propiedad del empresario Jeremy Charles Philip Baker, continúa desconociendo los fallos judiciales que lo intiman a pagar la prótesis y el tratamiento que el trabajador necesita. Para ello esgrime maniobras de vaciamiento de cuentas y desvío de fondos a otras sociedades del mismo propietario, además de la conformación de fideicomisos. Esto hizo que la situación del muñón de Bravo se agrave, lo que pondría en riesgo la reparación que significa la incorporación de la prótesis.

Cabe destacar que el trabajador petisero, durante su paso por la empresa, se encontraba trabajando de manera informal, es decir no contaba con ningún tipo de derecho laboral, por lo que la cobertura médica también tuvo que ser conseguida mediante un fallo judicial. Al momento del accidente, desde la empresa solo depositaron al trabajador en el Hospital Marzetti de Cañuelas con gravísimo cuadro de pérdida de sangre con riesgo de vida, librándolo a su suerte. Esta es una muestra más de que la precarización laboral a la que son sometidos los trabajadores, que terminan en mutilaciones e incluso a veces hasta en la muerte, con el único objetivo de engordar las ganancias empresarias. Justamente, los petiseros duermen en su lugar de trabajo, permanecen a disposición 24 horas, trabajan los 7 días de la semana, no tienen descanso y no ven a sus familias. Estas mismas condiciones, en España, se las considera trata de personas.

Por otro lado, también demuestra que la idea de "la industria de los juicios laborales" en realidad esconde que la regla es la ausencia de derechos. En paralelo, los empresarios se valen de la Justicia y de la desesperada necesidad de los trabajadores para resguardar sus intereses, incluso intentando avanzar contra quienes que ya han sido víctimas de la precarización a la que lo someten, como es este caso. El demandado y su mujer, Liliana Forrester, iniciaron una absurda causa penal contra Nelson Bravo con el objeto de amedrentarlo y desistir de su reclamo por daños y perjuicios. Esta se basaba en un testimonio falso obtenido presionando y abusando del estado de necesidad de un compañero de trabajo de Bravo, a quien le prometieron trabajo a cambio de firmar un acta que no conocía y que no se corresponde con su declaración, y así lo ha reconocido en los estrados judiciales señalando que le hicieron firmar un acta a cambio de un trabajo que finalmente tampoco le dieron. El Poder Judicial, entonces, por acción u omisión, termina siendo un agente del empresariado que permanentemente sale impune de cualquier tipo de culpa y cargo.

Hoy, como consecuencia del accidente, Bravo presenta secuelas profundas que le impiden la realización de una actividad laboral productiva y sostener a su familia, compuesta por su mujer e hijas de 3 y 1 año. Mientras tanto, Baker continúa facturando mediante la razón social de otras empresas que tiene en su poder y sosteniendo los mismos negocios que lo enriquecen, también a costa de la precarización laboral de muchos otros trabajadores, algo sobre lo que la Justicia no avanza porque su carácter de clase se lo impide.

En Argentina, el trabajo precario no para de crecer al ritmo de las reformas antiobreras que aplica al gobierno, mientras impulsa la reforma laboral que reclama el FMI, algo que agravará la situación a la que se ven sometidos millones de trabajadores. La clase capitalista pretende generalizar y legalizar estas formas de trabajo. Juntos por el Cambio y los “libertarios” de Milei dicen abiertamente que hay que avanzar en ese sentido. Debemos organizarnos contra la ofensiva de los capitalistas y sus políticos.

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