La empresa tabacalera yanqui impuso finalmente el cierre del procesamiento de tabaco en la localidad salteña de El Carril, dejando en la calle a unos 248 trabajadores, a los que se les suman unos 71 “retiros voluntarios”, como parte de un ajuste para potenciar sus ganancias en una actividad en la que no existe ninguna crisis. Se ha valido para esto  de una enorme presión sobre los trabajadores a los que se les presentó la medida como un hecho consumado, de una actividad que estaría en vías de extinción.

Las estadísticas desmienten esta campaña de la patronal ya que la producción en Salta, y a nivel mundial, se mantiene. La caída del consumo de cigarrillos en occidente se compensa con el crecimiento en el oriente. La producción de la provincia se exporta en su totalidad y con la vigencia de la llamada “ley antitabaco” no hay limitación legal alguna para producir y exportar ya que esta solo establece límites a la publicidad de los cigarrillos. Las tareas suprimidas pasarían a desarrollarse en la planta de Massalín, en Rosario de Lerma, revelando que en definitiva se trata de una reestructuración capitalista del proceso para disminuir costos de producción y, principalmente, mano de obra.

La dirección sindical del SOT (Sindicato de Obreros del Tabaco) se adaptó a esta línea sostenida por todas las patronales del sector con el aval del poder político, incluido el presidente de la Cámara del tabaco que es a la vez presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Primero, promovió la aceptación de retiros voluntarios en nombre de salvar, al menos, dos de los tres turnos de la producción. Cuando el cierre total ya era evidente, se convocaron a movilizaciones con una baja participación de los despedidos, debido al desgaste y a la política de adaptación del sindicato.

A instancias de la intervención de la bancada del Partido Obrero se organizó una asamblea general masiva donde se designaron delegados para participar junto a la directiva en las negociaciones para ir por la continuidad de la producción, con todos adentro.

En medio del conflicto, Fernández dictó el decreto de la doble indemnización que operó como una cuña contra la organización de los trabajadores, quienes bajo las presiones de la empresa y la orientación conciliadora del sindicato terminaron aceptando esta salida.  Lo cual revela que la doble indemnización del gobierno no es ningún bloqueo a los despidos, sino un costo que las patronales están dispuestas a pagar para hacer pasar su política. Los montos, aún duplicados, no son muy importantes, ya que los compañeros trabajan por temporada y solo acumulan la antigüedad a los efectos del cálculo de la indemnización por los días efectivamente trabajados. La empresa, con filiales en 50 países, ha impuesto los despidos a un muy bajo costo económico, y con ello su reestructuración capitalista y la consecuente desaparición de 300 puestos de trabajo que existían en el pueblo desde hace 70 años.

Desde nuestra bancada hemos planteado la prohibición de los despidos y la defensa de los puestos de trabajo, y el acompañamiento en favor de la ocupación de toda fabrica que cierre o despida. La doble indemnización de Fernández y Cristina solo opera como un factor de presión para quebrar la resistencia obrera e imponer el ajuste capitalista. Una parte de la dirección gremial depositaba expectativas en un arbitraje positivo del nuevo gobierno, quien en 40 días de conflicto nunca apareció, salvo como facilitador de los despidos vía doble indemnización.

Un activismo obrero importante hizo una acelerada experiencia política y se plantea encarar colectivamente la lucha de los despedidos por un plan de emergencia en obras públicas y servicios para el pueblo, que dé trabajo bajo convenio a los despidos. Con ellos, iremos a estas nuevas batallas, sobre la base de la independencia política de los patrones y sus partidos, iremos construyendo una nueva dirección que nos lleve a la victoria.