La nota publicada en La Nación (1/8) sobre la actualidad de Pepsico (“Pepsico hoy: despidos, cierre de planta, trasladado a Mar del Plata e importación de productos de Chile”), contiene conclusiones reveladoras.

 

La primera es la confesión abierta de la empresa norteamericana de que el objetivo del cierre de Planta Florida es el desmantelamiento de la organización gremial: “Desde la empresa destacaron que las ventajas logísticas de esta nueva planta, más cercana a la zona de producción de papas en la provincia de Buenos Aires, junto con una posibilidad de minimizar la influencia de los delegados gremiales de izquierda, fueron los motivos que impulsaron el cierre de la operación en Florida y su traslado al polo industrial marplatense”.

 

Otro punto importante es la rotunda desmentida de que la empresa habría ofrecido traslados a la planta marplatense -versión que ayudó a deslizar la propia conducción del sindicato STIA- y de la versión del gobierno de que los 500 puestos no se perdían sino que se mudaban: “A la fecha no hay empleados trasladados desde Vicente López ni certezas sobre otra ola de incorporaciones que se comentó como una suerte de compensación de la merma de producción que significó la paralización y cierre de una de las dos plantas”. Hasta mayo de 2017 trabajaban en Pepsico 1.300 trabajadores (700 en Mar del Plata y 600 en Florida); en agosto, quedan solamente los 700 de Mar del Plata.

 

La nota expone otra confesión: Pepsico reemplaza la producción de Florida con importaciones desde Chile de chizitos, palitos, papas fritas y tostadas saborizadas.

Este artículo alcanza y sobra para verificar que el cierre de Pepsico -como antes ocurrió en AGR- tuvo por finalidad reventar la organización gremial de la planta y sus conquistas. El gobierno actuó de acuerdo con el libreto de la patronal, del cual no se apartó un milímetro, y el papel rastrero y traidor de la burocracia de Daer.

 

Cuando la Justicia ordenó desalojar a los trabajadores que resistían adentro de la fábrica, el gobierno macrista dispuso un megaoperativo policial para hacer cumplir la orden. Pero cuando la Justicia ordenó reinstalar a los trabajadores en sus puestos porque el cierre de la empresa era fraudulento, el gobierno cuestionó el fallo.

 

La respuesta de la burocracia sindical de la Alimentación a este plan antiobrero fue recomendarles a los trabajadores cobrar la mejor indemnización posible. Mucho cacareo de Daer contra la reforma laboral, pero a la hora de luchar se le queman todos los papeles. Así pasaron las masacres laborales del menemismo en los '90, cuando él estaba a cargo de la conducción de la CGT.

 

Las ocupaciones de AGR, Pepsico, Tecpetrol, deben reproducirse ante cada empresa que cierre o despida para defender los puestos de trabajo. La defección de la burocracia sindical es irremontable.

 

Asimismo, las ocupaciones demuestran ante la sociedad que somos los trabajadores los únicos interesados en el funcionamiento económico del país y refuerzan la conclusión que solamente un gobierno de trabajadores pondrá fin al ajuste interminable de la clase capitalista sobre los explotados.

 

 

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