La crisis de la regimentación de los sindicatos
En los últimos meses, la situación que enfrentan los sindicatos ha dado un vuelco sustancial. La anunciada crisis fiscal ha dado paso a una ola de tarifazos y de impuestazos, que ya se concretaron en las provincias y que el gobierno nacional mantiene en carpeta, aunque sólo en parte, hasta el desenlace de las paritarias más importantes. La batalla obrera que frenó el ajustazo en Santa Cruz es un adelanto de las condiciones y tendencias que dominarán el escenario en este año 2012. El techo a las paritarias, vinculado con la crisis fiscal, quedó oficializado en la paritaria docente, luego de haber sido negado en forma reiterada por el oficialismo. El asunto del ‘techo’ inaugura un período de conflictos sindicales a repetición, que se extenderá al interior de los sindicatos -esto en la medida en que la burocracia sindical buscará un compromiso con las patronales y, por sobre todo, con el gobierno. Aunque la situación en su conjunto es muy diferente a la de 1975, los elementos básicos de este conflicto son similares a los que provocaron el ‘rodrigazo’ y la huelga general de junio y parte de julio de ese año, conducida, en lo fundamental, por las coordinadoras fabriles organizadas en aquellos años. La ruptura entre el gobierno y el sector de Moyano admite un paralelismo con la situación creada cuando Lorenzo Miguel rompió con López Rega e Isabel Perón.
La crisis política entre la burocracia de Moyano y el gobierno implica una quiebra, por arriba, de la regimentación de los sindicatos por el Estado; esta crisis no debe confundirse, claro, con una ruptura desde abajo, pero debilita en forma incuestionable esa regimentación. El enfrentamiento entre el gobierno y Moyano tiene que ver con la naturaleza del régimen político K, un régimen de arbitraje personal que no admite otro campo, rival, de decisiones políticas. De nuevo, hay una crisis de la regimentación sindical por arriba. El conflicto ha sido azuzado por la crisis fiscal -la cual puede convertirse en ‘defol’ si el gobierno no reúne los fondos para pagar los vencimientos de 2012- y también por el impacto que esta crisis tendrá sobre la inflación. A diferencia de los ’50 o incluso los ’70, la burocracia es hoy un poderoso grupo empresarial. La disolución del Renatre sirvió como indicación de que los K quieren apropiarse de los recursos de las obras sociales. Esto no ocurrirá, ya que provocaría un levantamiento de toda la burocracia contra el gobierno, pero el gobierno lo utiliza como un factor de extorsión o presión para alinear con él a un sector fuerte de la burocracia que se apreste a secundar el plan de ‘sintonía fina’ -o sea de ajuste y tarifazos. En este marco de crisis, el oficialismo ha comenzado a ‘agilizar’ las causas judiciales contra Moyano. La crisis por arriba tiende a agudizarse, porque los dos contendientes se encuentran debilitados en relación con el pasado reciente. El sostén directo del gobierno no va más allá de La Cámpora, luego de los roces con Scioli y los desplantes al sabbatellismo; el PJ no funciona y numerosos intendentes conspiran para buscar reemplazo a CFK en 2015. Moyano, por su lado, ha quedado marginado dentro del bloque amplio que lo llevó a la secretaría general de la CGT.
El discurso ante la Asamblea Legislativa puso todas las cartas del gobierno sobre la mesa: reafirmación a rajatabla de la alianza con mineras y concesionarios, así como del pago de la deuda externa y una reafirmación a cualquier costo del ajuste y el tope salarial, además de una defensa del espionaje y la persecución a los que luchan. Es visible el repudio que este planteo y esta ‘agenda’ ha provocado entre los votantes populares del kirchnerismo. No es, sin embargo, una política ‘clásica’ de ajuste, de corte neo-liberal, simplemente porque esto provocaría una rebelión popular. Es una política de ajuste ‘nacional y popular’, o sea que se complementa con acciones regulatorias del Estado para prevenir que la crisis se convierta en estallido. En esto guarda también una similitud con 1975, cuando el gobierno peronista del rodrigazo ‘argentinizó’ algunas empresas extranjeras, lo que cosechó el entusiasmo de varios sectores de la izquierda. Las limitaciones de las regulaciones y su fracaso previsible serán un factor adicional de desorganización económica, como ya ocurre en el comercio exterior y en el petróleo (y como ocurrirá con la nueva política monetaria) y, por lo tanto, de mayor descontento popular.
Es necesaria una discusión muy preparada de la caracterización precedente, porque configura el marco de conjunto de una acción en los sindicatos. De ella se deriva una agenda, que debe abordarse con métodos definidos, a la luz de la experiencia -en especial, a lo que pasó en los años recientes.
Paritarias
Es claro que en el tope de la agenda se encuentra la cuestión de las paritarias. La burocracia, tanto la de la CGT como las de las CTA, las consideran como un terreno reservado. El monopolio de la negociación paritaria por parte de la misma facilita una línea de compromiso con los ‘techos’ que buscan las patronales y el gobierno -como ya ocurre con Ctera, que pide desesperada una pseudo oferta del gobierno que le permita levantar el plan de lucha; este monopolio le reserva a la burocracia, a su vez, la negociación de las condiciones de trabajo, donde busca ‘compensar’ con concesiones a las patronales algún punto de la reivindicación salarial. Aunque la elección de paritarios por la base requiere condiciones excepcionales de lucha y de crisis política para que se pueda concretar, la reivindicación tiene importancia y actualidad, en especial si es acompañada con reclamos concretos referidos al conjunto de la actividad laboral -como precarización, tercerizaciones, régimen de horas extras y otros. La huelga petrolera en Santa Cruz -tanto la de 2010 como la de 2011- reclamaba discusión de convenio en oposición a la exclusiva discusión salarial, en especial debido a la arbitrariedad en las condiciones laborales de las contratistas. Proponemos, en consideración a esto, una campaña de propaganda y de agitación en favor de paritarios electos, acompañada con un pliego laboral y salarial. Sobre esta base, se organizarían reuniones y plenarios para impulsar el planteo por parte de núcleos en las empresas o entre empresas, no ya sólo con volantes, sino también mediante boletines. La ventaja de esta consigna, en cualquier caso, es que prepara a la masa sindical contra cualquier firma de convenio ostensiblemente negativa y, por lo tanto, para la exigencia de que ésta deba ser ratificada por asambleas y el voto de los afiliados. Sirve, además, para denunciar el silencio de las direcciones sindicales respecto de la posición frente a las paritarias -o sea, su inmovilismo.
A la luz -de nuevo- de la experiencia de 1975, cabe la pregunta de si un empecinamiento en la política de ‘topes’ o ‘techos’ podría derivar en una huelga general, del mismo modo que Yasky-Maldonado-Baradel se vieron obligados a ir a un plan de lucha, con independencia de que éste sea levantado en muy poco tiempo. Los medios de comunicación destacaron “el primer paro general” de los K de Ctera contra el gobierno kirchnerista. Esa posibilidad existe si los ‘techos’ se combinan con un tarifazo derivado de un previsible colapso fiscal. Aun así, al igual que hace cuarenta años, la burocracia no tomará ninguna iniciativa de ese tipo, sino que buscará acompañarla para liquidar el movimiento.
El plan de lucha de la AGTSyP del subte por la anulación del tarifazo de hace un mes demostró que las paritarias no pueden disociarse de la lucha contra el ajuste -con independencia de que la motivación de la dirección K del subte se limitara a embarrarla la cancha a Macri. El movimiento tuvo una amplia repercusión. En oposición a este ajuste particular, hemos planteado la apertura de los libros de Metrovías, empresa parásita del poderoso grupo Roggio que la gestiona desde los años ’90. El congelamiento de las tarifas ha sido un subsidio a las patronales y no a los trabajadores, porque éstos cobraron un salario ajustado a esos bajos precios relativos, en tanto que los patrones pagaron un salario que no incorporaba un precio de mercado por el consumo de energía o por el uso del transporte. En oposición al tarifazo planteamos, de un lado, la indexación simultánea de los salarios y, del otro, la oposición al mismo tarifazo, que en cualquier caso afectará a las capas populares que no cobran salarios y que, por tanto, tampoco podrán ajustar sus ingresos. La llamada ‘ecuación económica’ de las empresas de servicios debe ser determinada por el control obrero, la apertura de los libros y la nacionalización sin indemnización.
Congreso de Bases de la CGT
A la parálisis de una década de la CGT se añade ahora la posibilidad de una fractura. El moyanismo ha presentado la perspectiva de un co-gobierno de la Central con las burocracias que adhieren a la ‘renovación’ que reclama el gobierno, bajo la forma de un funcionamiento regular del Comité Confederal, así como mediante la incorporación a éste de sindicatos provinciales o locales. Se trata apenas de una ‘puesta a punto’ del régimen de burocracia sindical, que tampoco prosperará. El moyanismo busca ahora, incluso, un programa para la CGT -al estilo de los 26 puntos de Ubaldini-, para darle un fundamento político a su choque con el gobierno. En los ’90 planteó la alianza con Techint y el resto de la patronal devaluacionista, con independencia de que la Banelco que denunció el moyanismo estuviera inspirada por el pulpo de San Nicolás. La disputa por la dirección de la CGT se ha trasladado a los sindicatos. La incursión de Moyano en Gráficos no ha dado mayores resultados, pero, por ejemplo, ha ganado una base temporaria en Comercio y busca atraer a su campo a los sucesores de Pedraza en la Unión Ferroviaria.
La posibilidad de una ruptura de la CGT obedece a la presión del gobierno para cerrar la crisis de la regimentación de los sindicatos por el Estado, o sea que ha sido precipitada desde arriba. Se trata, en definitiva, de una operación patronal. Las burocracias de la CGT de Barrionuevo se podrían dividir, a su vez, en función de nuevos realineamientos. Debemos denunciar el carácter patronal de la ruptura y denunciar a la burocracia como agente vehicular de esa presión y de la patronal en el movimiento sindical. Es un ‘replay’ del mecanismo que llevó a la división de la CTA.
Sobre la base de esta denuncia, planteamos la consigna ya histórica de un Congreso de Bases -o sea de delegados electos- para quebrar desde abajo y para siempre la regimentación del Estado y desarrollar a los sindicatos como órganos de la lucha de clase de la clase obrera.
Al igual que con el planteo de paritarios electos, las condiciones para la realización inmediata de esta consigna no están reunidas. Sin embargo, su utilidad salta a la vista, porque la ruptura de la CGT sería un fenómeno político que afectaría en forma horizontal a las tendencias que actúan en los sindicatos. Desde ya que sacudiría a toda la periferia sindical del kirchnerismo y al conjunto de las centroizquierdistas. En oposición a realineamientos por arriba -por un lado, oportunistas; por el otro, divisionistas de los sindicatos-, planteamos el Congreso de Bases y presentamos al clasismo como una tendencia unitaria y consecuente de clase.
La reivindicación del Congreso de Bases fomenta también las tendencias a la democracia obrera, las que deben manifestarse en todas las actividades sindicales. La llamada ‘libertad sindical’ que promueven las CTA y la OIT no son un equivalente de la democracia obrera, pues se trata de la libertad para formar sindicatos burocráticos integrados al Estado o a sus diversas fracciones políticas. El Partido Obrero defiende el derecho de los trabajadores a decidir en forma libre y democrática su organización sindical. Además es solidario con la decisión de los trabajadores y con las organizaciones que surjan de ella, pero considera su prioridad política luchar por la expulsión de la burocracia y la recuperación de los sindicatos existentes. Valora, respectivamente, a agrupamientos como el sindicato del Subte o Sitraic como instrumentos de lucha para echar a la burocracia de la UTA -mediante un trabajo de conjunto con los choferes- en el primer caso, o a la de Gerardo Martínez, a partir de un trabajo sistemático en las obras, en el caso de la construcción.
Para el Partido Obrero, la independencia de los sindicatos del Estado es un problema político que plantea una salida política: la dirección obrera y socialista de los sindicatos. Y no es un problema de formas, que se resuelva con un reglamento de derechos o garantías democráticas. Sólo la dirección revolucionaria de los sindicatos es garantía de democracia. La lucha por la independencia clasista de los sindicatos no es un asunto institucional, sino de lucha de clases. Reclamamos la derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales, porque sanciona la integración de los sindicatos al Estado y ofrece medios para la perpetuación de la burocracia -no por el principio de sindicato único, que se le atribuye pero que no tiene. La protección de los representantes sindicales emana del derecho constitucional a la organización sindical, no de los fueros de un aparato burocrático. Asimismo, no entendemos a las luchas contra la regimentación de los sindicatos por el Estado -o su estatización- como un asunto legislativo, sino de acción directa. La lucha por la independencia de los sindicatos forma parte de una política de movilización socialista y revolucionaria de la clase obrera.
Una vanguardia joven
La consagración de cuerpos de delegados independientes y clasistas expresa una tendencia de fondo de los trabajadores en los sindicatos. En condiciones excepcionales de crisis política y movilización de masas, pueden aparecer nuevas formas de organización en los lugares de trabajo; éstas pueden ser o pueden adquirir otra proyección superior a la que ya existe si tienen una dirección clasista. Es lo que ocurrió con numerosos sindicatos en los ’60, por ejemplo Sitrac-Sitram, o el Smata Córdoba, la UOM de Villa Constitución y las coordinadoras fabriles a mediados de los ’70. Pero no se trataba de un sindicalismo paralelo al oficial, en nombre de ‘un sindicalismo de las bases’, que es una contradicción en sus términos. Aquellos se destacaron como un principio de doble poder, no como una expresión sindical. Cuando el proletariado organiza a las bases (lo correcto sería decir a las masas o a los explotados), rompe los límites profesionales o locales de la clase obrera y se transforma en clase para sí, o sea con objetivos históricos definidos o que comienzan a definirse.
La conquista de nuevos cuerpos de delegados ha crecido en esta etapa de transición. La huelga general petrolera, que culminó con la destitución de la comisión directiva del sindicato santacruceño (hoy intervenido), y, casi simultáneamente, la gran huelga docente en esa misma provincia -aunque derrotada-, fueron la avanzada de huelgas docentes de menor magnitud en media docena de provincias y de otros movimientos provinciales de importancia, como la huelga judicial bonaerense. El proceso más vivo se manifestó en la conquista de decenas de cuerpos de delegados o de nuevas posiciones en fábricas del Smata, de la UOM, de perfumistas, de la alimentación, de prensa, plásticos, camioneros o de gráficos -en este último gremio, el clasismo le disputó una asamblea general del gremio de igual a igual a la burocracia en la sede de la CGT. Se registró la victoria en AGR-Clarín, una nueva interna que encabeza un dirigente del Partido Obrero largamente perseguido por la “corpo”. En Prensa, las internas antiburocráticas le impusieron a la burocracia la convocatoria del cuerpo de delegados y una paritaria bajo control de asambleas, luego de 20 años. Destacamos la victoria de la Lista 2 en Kraft, por segunda vez, contra el sector de izquierda que firmó la famosa ‘paz social’, a pesar de que en esta oportunidad éste se vio favorecido por la “abstención” del sector que responde a la burocracia de Daer (para las próximas elecciones al sindicato, las listas de Kraft van unidas: un acierto para luchar contra la burocracia). La formación de la lista Gris-Bordó en el ex Roca fue otra expresión de unidad combativa, que recogió las banderas de la lucha de los tercerizados y de Mariano Ferreyra y Elsa. Una alianza encabezada por ex pedracistas, como reclamó la Bordó del Sarmiento, hubiera hundido en la desmoralización al activismo del ferrocarril. En oposición a estas maniobras de aparato, reivindicamos la lista antiburocrática que se formó en el Subte, con el voto de una asamblea general. Sobre una base genuina de clarificación y gracias a nuestra participación en la lucha en las líneas, encabezamos la lista clasista votada en un plenario de 160 compañeros. Desarrollamos en el plenario un programa para el conjunto, para combatir la tendencia a la disputa por ocupar los primeros puestos del pelotón.
Llamamos a formar agrupaciones sindicales clasistas en todos los sindicatos y lugares de trabajo y a formar listas únicas combativas, con un programa preciso, para pelear la dirección a la burocracia. La expulsión de la burocracia sindical no se limita a una pelea electoral, sino que se dará como resultado de una movilización vigorosa. Tampoco alcanza una derrota de la lista de la burocracia en las urnas para considerar que el sindicato ha sido recuperado. La rápida degeneración que sufrió Atsa (sanidad de Capital) en la década del ’80, bajo la responsabilidad del ‘viejo’ MAS, lo prueba en forma definitiva.
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores despertó el interés político de numerosos trabajadores, quienes no habían sido atraídos por las actividades sindicales. Gran parte del reclutamiento del Partido Obrero, en los meses recientes, obedece a esta nueva realidad. El trabajo revolucionario en los sindicatos puede adquirir, de aquí en más, un nuevo vigor, pero también predispone favorablemente a los activistas sindicales al trabajo de frente único en los sindicatos y a la formación de listas antiburocráticas. Todo esto ayuda a pelear contra el sectarismo en los sindicatos y a priorizar la lucha por la organización sindical clasista y la recuperación de los sindicatos, por encima de los intereses de grupo o facción. Por este camino se ha andado ya en los ferroviarios del ex Roca, en el sindicato gráfico, en alimentación y en otros tantos gremios.
Llamamos a un desarrollo sistemático del Frente de Izquierda por medio de la agitación política y la organización, para que nos permita convocar a una futura Conferencia sindical en nombre de todas las organizaciones que lo forman.
La unidad en la claridad
La encarnizada lucha de los tercerizados del ex Roca reprodujo un escenario que ya se había visto en la huelga del Casino: la denuncia contra grandes experiencias de lucha, a las que se califica de “acciones irresponsables”, donde es visible la intención de medrar con una derrota. En lugar del repudio a las provocaciones de la patronal, sea la Prefectura o el ‘Caballo’ Suárez en el Casino, o el Ministerio de Transporte y la patota de Pedraza en el ex Roca, se destaca la denuncia contra los propios luchadores y una ostensible abstención en la organización y en la acción práctica. Esas luchas, sin embargo, pavimentaron el camino que habría de dar nacimiento ulterior a nuevas expresiones de lucha, que retomarían los métodos del Casino y del ex Roca. El reclamo para que la lucha obrera sea ‘indolora’ debe dirigirse a los gobiernos, explotadores, burócratas y patoteros, no a los que luchan para defender condiciones de vida menos humillantes o más dignas. Si logramos la condena definitiva a Pedraza y sus cómplices, se abrirá una enorme deliberación en el ferrocarril y será la oportunidad para un gran frente antiburocrático con todos los sectores del activismo ferroviario.
La experiencia del subte fue otro laboratorio central. La fracción dirigente actual había elaborado, con mucha anticipación, la tesis de “cavar trincheras con la burocracia”, política que ha llevado hasta sus últimas consecuencias. Combatimos este planteo desde el inicio; una batalla política absolutamente clave, para la delimitación del sindicalismo filokirchnerista que hoy profesa la dirección de la AGTSyP. Advertimos oportunamente que la incorporación a la CTA no apuntaba ni redundaría en el fortalecimiento del sindicato independiente, sino que era un puente para llevar al sindicato a su subordinación al gobierno. Nuestra agrupación planteó un debate en torno del estatuto, al programa, a la trayectoria de la CTA, el cual nunca fue aceptado, pero nos permitió desenvolver todo el programa clasista de la agrupación, en contraste con una izquierda que se adaptó a cada maniobra del pianellismo. En el subte se desenvuelve una viva lucha obrera contra la patronal de Benito Roggio y la patota de la UTA y, al mismo tiempo, por un cúmulo de reivindicaciones postergadas, a las que el seguidismo del sindicalismo kirchnerista no ofrece salida.
La experiencia de AGR-Clarín merece una reflexión especial, esto porque fue una batalla de nueve años en las condiciones más difíciles: un despido masivo, en 2004, que contó con la complicidad entre la patronal de Clarín, la CGT, el ongarismo y el kirchnerismo. La burocracia entregó la fábrica en bandeja, el moyanismo se apoyó en un grupo mafioso. La Naranja Gráfica desarrolló un trabajo de conjunto en el gremio (congresalías naranjas por la minoría) y un callado trabajo de reorganización, desmintiendo la especie de que el clasismo revolucionario no puede arrancar victorias salvo que “cave trincheras con la burocracia”.
En Aten capital (Neuquén), una lista clasista -encabezada por dirigentes destacados del PO y de IS- quedó a 30 votos de ganar la seccional capital; sólo la presentación de una lista fracturista (Marrón Nacional) impidió una victoria. Luego de esta experiencia, se abrió paso un fuerte movimiento provincial de “seccionales combativas” que disputan a la burocracia provincial. Este proceso marca una línea por parte de Tribuna Docente en todo el país. Es necesario desarrollar un bloque combativo en Amsafe Rosario, que debe enfrentar el ajuste del gobernador binnerista, con quien se alinean la CTA oficial y un ala de la propia seccional Rosario. Se trata de ver la formación de listas antiburocráticas que definen campos de reagrupamiento del activismo y preparan la disputa de seccionales y sindicatos de base. Esta conferencia debe contribuir a poner en pie listas antiburocráticas que disputen en gráficos, en ferroviarios, en seccionales de la UOM, en docentes universitarios y en el sindicato provincial docente de Neuquén, así como en la alimentación o el neumático -todos los cuales tendrán elecciones en 2012. Esto en la misma línea con la que intervinimos en Subte o Telefónicos, con listas que reagruparon al activismo ante la cooptación de sus direcciones a distintas alas del sindicalismo oficial. La elección de AGD-UBA, transformada en un ascendente sindicato de 4 mil afiliados, plantea la necesidad de volcar a los intelectuales que apoyaron al Frente de Izquierda a favor de una lista de independencia del gobierno y de las gestiones y camarillas que gobiernan las facultades de la UBA, en un frente común con las agrupaciones combativas de izquierda que se alineen en esa dirección.
Los nuevos sindicatos -como el subte, AGD-UBA, mineros de San Juan, Atrana (radio nacional), el Sitraic en la construcción de Lomas de Zamora- entroncan en una tendencia a la expulsión de la burocracia.
La lucha por la democratización sindical es parte integral de la pelea por una nueva dirección clasista. Nuestras agrupaciones desarrollan una experiencia de lucha que educa en los métodos y el programa de transición de la etapa a las nuevas generaciones.
Las experiencias pretendidamente “reformistas” -como la construcción de un sindicalismo asociado a la centroizquierda por medio de la CTA- han fracasado, cooptadas al kirchnerismo (CTA Yasky) o han sido incapaces de enfrentar con métodos de clase la presión divisionista del gobierno (CTA Micheli). Ahora mismo, el sector michelista levanta el planteo de Binner de un Consejo Económico Social, que busca salvar el ajuste del gobernador del FAP en Santa Fe. Es un planteo que integra los sindicatos al Estado y los lleva a una colaboración estratégica con las patronales.
Las ‘izquierdas’, como el desaparecido MIC, que fundaron la tesis de “cavar trincheras con la burocracia”, se han disgregado. O, alternativamente, se han integrado al kirchnerismo y al centroizquierda capitalista (Binner). El intento reciente (fracasado) de formar una nueva “federación docente” -una Cter(ita) paralela por parte de la CTA Micheli- es demostrativo del parasitismo de este sector. Tribuna Docente planteó y profundizó la propuesta en su congreso de febrero de un plenario nacional de delegados convocado por los sindicatos docentes combativos, para llevar adelante una línea de lucha contra la paritaria trucha de Yasky, contra los pactos sociales no escritos con los gobernadores, por la nacionalización de la educación y por un básico equivalente a la canasta familiar.
Otros problemas y tareas
El gobierno nacional ataca, como parte del ajuste, la supervivencia de las fábricas recuperadas mediante la reducción de distintos subsidios. Los gobiernos locales y el nacional esperaron el reflujo de la crisis de 2002 para evitar cualquier medida de expropiación que no implicara una indemnización, la cual deben pagar los trabajadores. La nueva Ley de Quiebras formaliza esta situación cuando autoriza a que las empresas vaciadas puedan ser entregadas a cooperativas obreras que renuncien al cobro de salarios y contribuciones sociales adeudadas, así como a la indemnización por despido. No son, estrictamente, “recuperadas”, sino cooperativas de producción que operan en un marco capitalista y que, por eso mismo, se transforman en tercerizadas con bajo costo laboral -o sea que los trabajadores allí empleados se encuentran en una categoría social inferior a los de una empresa capitalista corriente. Planteamos a la Conferencia la lucha por la expropiación sin pago a las patronales de las empresas recuperadas, junto con una presencia de éstas en los bancos estatales que garantice el crédito y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo. Los trabajadores de estas cooperativas deben tener el derecho de afiliarse al sindicato de su rama. La actualidad del planteo está determinada por nuevas ocupaciones de empresas -como en Azul, el norte de Santa Fe, Chaco-; éstas pueden crear un nuevo escenario que permita su ligazón con una lucha general de la clase obrera por el reparto de las horas de trabajo contra los despidos. Esto ya ocurre en Chaco.
La lucha por el castigo a TODOS los responsables del asesinato de Mariano tiene una importancia suprema para el clasismo y para todo el movimiento obrero. Sería una victoria moral sin precedentes para nuestra clase y un golpe político fenomenal contra la burocracia, los explotadores y el Estado. Este reclamo trasciende las fronteras del movimiento sindical, involucra a las clases sociales populares y es internacional. La revelación del espionaje estatal contra los luchadores obreros volvió a poner en evidencia la naturaleza conspirativa y concertada que tuvo el atentado criminal que costó la vida de Mariano y la invalidez de Elsa Rodríguez -el pretendido ultrismo o la irresponsabilidad del Partido Obrero, a la cabeza de la lucha de los tercerizados del ferrocarril, vuelve a quedar al desnudo como una infamia. La misma conspiración contra los luchadores se puso de manifiesto en el corte ‘piquetero’ de la Panamericana por parte de los compañeros de Kraft. El juicio y castigo a todos los responsables del crimen de Mariano es una batalla vital en el interior del gremio ferroviario (hay elecciones generales este año) y en el Ferrocarril Roca. La movilización por la libertad de Sobrero y la caída de la causa que el gobierno le armó refuerzan nuestra lucha por la cárcel de Pedraza, por el desprocesamiento de Jorge Hospital, Omar Merino y demás compañeros, así como por la formación de una lista nacional antiburocrática en la Unión Ferroviaria.
La cuestión jubilatoria no puede quedar fuera de la agenda del clasismo. La burocracia sindical no considera a los jubilados como parte de la clase obrera; esto, cuando todos los trabajadores serán jubilados y cuando está recayendo sobre ellos todo el peso del ajuste. En oposición a ese ninguneo burocrático, que opera como un factor de desmoralización de la clase obrera, planteamos la unidad de trabajadores activos y pasivos por todas las reivindicaciones jubilatorias.
El año 2011 ha sido testigo de realineamientos políticos en la vanguardia obrera. El Frente de Izquierda ha venido a brindar una referencia política nacional a amplios contingentes obreros. Nuestros compañeros gráficos marcaron porcentajes altísimos de votación para el Frente de Izquierda en los talleres combativos. Lo mismo ocurrió en el subte en torno del corte de boleta a diputados y también en el gremio de prensa o en docentes. Fue general el crecimiento e incorporación de nuevos elementos a la construcción política en la última etapa. En el gremio telefónico hemos reagrupado fuerzas, especialmente a partir del Frente de Izquierda, en el marco de una alta votación también entre la masa del gremio. La constitución de la fracción y ahora de la agrupación metalúrgica del partido, así como de núcleos políticos en todas las fábricas del Smata y la industria automotriz, expresan un crecimiento político por abajo. Esto ocurre en decenas de nuevos gremios -por caso alimentación, construcción, textiles, camioneros, mineros. De manera que nuestra conferencia será una experiencia para muchos jóvenes obreros y activistas sindicales. De conjunto, la intervención en la campaña electoral mediante el Frente de Izquierda, al constituir un canal para el voto de amplios sectores, contribuyó como nunca a desenvolver un programa socialista frente a la coyuntura y, sobre todo, a preparar la etapa que se abre. La perspectiva de una lucha sindical del Frente de Izquierda está ligada al desarrollo del Frente como factor de agitación y organización política.
La Conferencia Sindical deberá discutir cómo actuamos para poner al movimiento obrero a la cabeza de la iniciativa política contra el ajuste. Un lugar especial en ese ajuste lo tienen los trabajadores del Estado -desde los nacionales, pasando por los investigadores del Conicet, los provinciales, hasta los municipales-, cuyas plantas están sufriendo despidos (en particular de los contratados); a esto se suma el DNU que autoriza a rever todas las conquistas sectoriales de 300 mil empleados nacionales. Promovemos un Congreso Nacional de Trabajadores del Estado, por encima de toda diferencia de encuadramiento, basado en asambleas unificadas de ATE, UPCN y demás gremios para encarar un plan de lucha.
Viva la Conferencia Sindical
El porvenir del movimiento obrero depende de que se convierta en una fuerza de clase consciente, que luche por el gobierno de los trabajadores y la emancipación social. Toda la política del Partido Obrero en los sindicatos va en esa dirección.
Organicemos, en estas cinco semanas hasta el 14 de abril, una gran deliberación del activismo que permita convertir a la Conferencia sindical en inspiradora de luchas, organización y victorias. Por una gran concurrencia de luchadores.
