—A fines de febrero y comienzo de marzo, el gobierno firmó un convenio con las telefónicas. ¿Cuál es su opinión?

 

—Vamos a decir primero lo que no es. El acuerdo no varió el marco regulatorio, por lo menos en las cuestiones de fondo, o sea algunas condiciones de “competencia” que se habían establecido en la venta o en la privatización de Entel y, a posteriori, en la modificación regulatoria del gobierno de De la Rúa. Lo que modifica el acuerdo es el pago por llamada en tránsito (que es el canon que pagan los distintos países por transitar por la Argentina). Eso ha tenido un valor a favor de las telefónicas. Eso implica un mayor ingreso para las dos prestatarias.

 

Por otro lado, aparece como importante que caen o se bajan momentáneamente (porque no hay una renuncia definitiva) las demandas que habían entablado las empresas en el Ciadi. Telefónica reclama 3.000 millones de dólares, no sé cuánto era el monto que reclamaba Telecom.

 

—El convenio reafirma las condiciones de la privatización inicial; la prensa lo presentó como una renovación “a perpetuidad”, o “ilimitada”.

 

—No cambiaron las condiciones de la privatización. A diferencia de otras privatizaciones, ésta fue la primera y la más nociva; en realidad, esta fue a perpetuidad. Acá, lo que puede variar las condiciones de la privatización es la variación del marco regulatorio, que es lo que tenemos que encarar nosotros como pelea inmediata o cuasi inmediata. Tenemos que ir por condiciones de prestación de servicio que impliquen necesariamente un beneficio para el conjunto de la población, ésta es la idea. Pero esto se hace modificando el marco regulatorio.

 

El propio Estados Unidos tiene un marco regulatorio que establece la obligatoriedad de prestación de servicios aun en aquellos sectores donde la rentabilidad es nula, baja o negativa.

 

Acá se estableció un fondo específico para esas zonas al que nunca se aportó lo que había que aportar o nunca se llegó a implementar. Tal es así que hoy las empresas no están obligadas a dar telefonía en todos lados, y antes sí estaban obligadas.

 

Uno puede venir hoy y sacar una licencia de telefonía que es única y se la puedo dar. Puedo dar telefonía celular, dar telefonía fija, dar telefonía internacional, dar telefonía nacional. No tiene limitación; lo que compró es la licencia única. Pero además puedo comprarla por determinada región y dedicarme a esa región y no a otra. Esto es una barbaridad, porque entonces no hay, no digamos ya un “mercado de competencia perfecta” (que no existe), sino una legislación que impida trabajar únicamente sobre los nichos más rentables, lo cual desfinancia cualquier tipo de inversión sobre los sectores de menores recursos.

 

De hecho, hoy en día, la telefonía celular está teniendo mayor penetración sobre los sectores de menores recursos que la telefonía fija. Habiendo 18 millones de terminales móviles, o sea más del doble de la telefonía fija, ese servicio no tiene regulación ninguna, está absolutamente desregulado, como si no fuera un servicio. O sea, nació como un artículo de lujo y hoy es un artículo de necesidad: ese artículo de necesidad, que es un servicio para la población muy necesario, no está regulado; tiene absolutamente piedra libre para fijar precios, de tarifas en general, de venta de aparatos, de lo que se te dé la gana. Así están los contratos leoninos, las estafas.

 

Estos acuerdos sí le otorgan la posibilidad a la telefonía fija de mandar imagen, de tener imagen, es decir, de mandar imagen por su red troncal, que es la red troncal de mayor poder de dispersión, la más grande, la más poderosa. Eso sí, les otorga esta posibilidad que no tenían hasta el momento.

 

—¿Qué incidencia tienen estos contratos desde el punto de vista del usuario y del trabajador telefónico?

 

—La tiene para el trabajador telefónico, si se quiere, en la medida en que aumenta el entendimiento entre el gobierno y las empresas. Es una consecuencia política del acuerdo, no una consecuencia directa del acuerdo en sí en el plano laboral.

 

—¿Cómo caracterizás esta política de telecomunicaciones?

 

—Yo creo que no es Dromi, ni es De la Rúa. La política del secretario de Comunicaciones, Ruiz Moreno, no es la misma que la anterior. ¿Alcanza con eso? Por ahora no alcanza. Como gremio vamos a apoyar todo lo que esté bien y rechazar todo lo que esté mal. Esa es la fórmula que nos da resultado; ésos son los techos que tenemos como organización gremial y política.

 

—El 18 de marzo es el Día del Telefónico y es, también, el aniversario de la estatización de la telefonía. ¿Dónde queda el planteo de la “empresa nacional” de telefonía?

 

—Nosotros, históricamente, hablamos de la empresa estatal monopólica y eficiente, que fue la consigna de Foetra en la pelea contra María Julia. Seguimos planteando lo mismo. El problema que hay que definir con mayor claridad es qué tipo de Estado queremos. Cuando hablamos de empresa estatal, tenemos que hablar de qué Estado va a manejar esa empresa estatal, de qué manera va a regirse esa empresa, con qué carácter de Estado. Esto hoy no lo tenemos definido internamente. De hecho, hay una cantidad de empresas estatales que siguen funcionando con una lógica que no es la lógica del usuario. No alcanza con plantear la empresa estatal, sino que hay que ver cuál es el control de los trabajadores y de los usuarios con respecto a esa empresa. De hecho, estamos discutiendo al respecto entre las distintas fuerzas dentro del sindicato.

 

Nosotros participamos hace uno o dos años en un congreso de las telecomunicaciones. Allí llevamos una cantidad de proyectos al Poder Ejecutivo que tenían que ver con la telefonía social, con un marco regulatorio distinto, con la participación de usuarios en los controles, etc., con la característica de un servicio público. De hecho, esos aspectos que nosotros aportamos al Congreso, no están apareciendo.

 

Creo que la pelea a dar próximamente es con relación al marco regulatorio.

 

—¿Cuáles son los planteos de Foetra sobre el marco regulatorio?

 

—Hay tres o cuatro ejes fundamentales. Primero, el servicio tiene que tener carácter universal. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas están obligadas a dar servicio a todo el territorio y al conjunto de la población. Ese el primer punto que divide aguas en cualquier marco regulatorio.

 

Segundo tema del marco regulatorio: debería haber una política “Robin Hood”, donde los que tienen mayor poder adquisitivo realmente subsidien a aquellos que no lo tienen.

 

Tercer tema: no debería haber diferencias en la atención y los servicios en cuanto a la cantidad de consumo. La segmentación es una de las cosas que han hecho las dos empresas, pero que no existía en Entel. Hay segmentos cada vez más diferenciados y producciones determinadas del servicio de telecomunicaciones de acuerdo al cliente al que se le vende. Eso debería estar regulado. No hablemos ya del “compre nacional” (que hoy, de hecho, está por una resolución de la Secretaría de Telecomunicaciones, pero no en el marco regulatorio). Debería estar el tema de cómo evitar la deslocalización del trabajo.

 

Debería haber telefonía social, que implique un desarrollo intensivo de la línea; barriadas pobres que tengan posibilidad de tener líneas con centrales propias y donde se trabajen cien líneas para mil viviendas y se alternen como si fuera un gran conmutador y se fuera alternando para el servicio, y se pueda trabajar intensivamente el servicio. Debería haber tarifa plana, debería haber un marco regulatorio donde las empresas tengan la obligación de servir a hospitales, servicios públicos en general, escuelas, sobre todo con Internet.

 

Ojo, esto que estoy planteando puede verse en cualquier país de índole capitalista.