Un reciente plenario del CTA votó una resolución que llama a defender el artículo 40 de la ley de “jubilación privada” (ver Prensa Obrera Nº12). Entre sus diversas disposiciones, este artículo establece que los aportes que se efectúen al Fondo de Pensión que organice el Banco Nación estarán garantizados  en dólares por el Estado nacional. Al denunciar la campaña de las competidoras del Banco Nación para derogar este artículo, el CTA está señalando su apoyo o aceptación de la “jubilación privada” y desoyendo, por lo tanto, el planteo de la Coordinadora de Jubilados para que los sindicatos impulsen una campaña para que los trabajadores permanezcan en el sistema estatal.

El planteo del CTA es tanto más pérfido cuanto que sus principales integrantes, Ctera y Ate, están organizando Administradoras privadas, que “competirán”, como cualquier otro banco o compañía de seguro, con el Banco Nación, es decir que le interesa, a ella también, la derogación del artículo. La cortina de humo de la defensa del artículo 40 pasa por alto que la “jubilación privada” liquida la más importante y única “garantía”  de un real sistema previsional: es decir, el aporte patronal. Sin este aporte el trabajador debe financiar la jubilación con su propio salario, con el agravante, en este caso, de que deberá “gatillar”  un 3.5  por ciento de ese salario, todos los meses, para pagar las “comisiones” del Fondo de Pensión —sin que importe que éste sea organizado por el Citibank o Mary Sánchez. El CTA defiende la “jubilación privada”  porque sus burócratas están interesados en ese 3.5 por ciento del miserable ingreso de los trabajadores.

Es previsible que después de las elecciones del 10 de abril, el Congreso derogue la parte del artículo 40 referida a la garantía al Fondo del Banco Nación — en especial si el menemismo obtiene una victoria igual o superior a la del 3 de octubre. De todos modos, el gobierno mantendría, según versiones, la disposición que garantiza a este Fondo un rendimiento igual al de la tasa de interés en caja de ahorros que paga el Banco Nación. Como todo el mundo lo sabe, se trata del rendimiento más bajo de todas las colocaciones posibles en ese Banco.

¿Pero qué garantiza exactamente la “garantía”  en dólares que el gobierno pretende suprimir? Está claro para cualquiera que en caso de una devaluación de la moneda, esa garantía en dólares elevaría el monto de los aportes en pesos en la misma proporción en que se valorizaría el dólar frente al peso. Pero ningún aportista estaría en condiciones de realizar en dinero la “ganancia” provocada por la devaluación, porque no puede retirar su aporte del fondo y convertirlo en pesos. Si se toma el plazo promedio de 30 años, hasta el momento del cobro de la jubilación, los rendimientos en dólares (a una tasa de interés internacional) y los rendimientos en pesos (a una tasa de interés muy superior debido a la devaluación) tienden a igualarse. Es decir que la “garantía”  no ha garantizado nada. El Banco Nación, mientras tanto, recibiría del Estado nacional un subsidio de características inflacionarias, esto porque sería financiado con emisión de moneda, que pagarían todos los trabajadores. Ese subsidio beneficiaría a los pulpos capitalistas cuyas acciones fueran compradas por el Fondo de Pensión del Banco Nación.

El artículo 40 es netamente confiscatorio de los trabajadores por la simple razón de que el propio dólar, o para el caso cualquier otra divisa, sufre a largo plazo una tremenda desvalorización, que no compensa ninguna tasa de interés bancaria corriente. El gran negociado de los Fondos consistirá en la especulación, no en la inversión a largo plazo, es decir en la compra-venta permanente de títulos y acciones —algo que también puede llevar a todos estos Fondos a la bancarrota.

Hacemos esta larga exposición para dejar en claro que la “jubilación privada” no constituye una salida para los trabajadores en ninguna de sus variantes, con “garantías”  o sin ellas. Y para dejar exhaustivamente claro que la posición del CTA a favor de la “jubilación privada” es profundamente antiobrera.