La precarización laboral que padece la clase trabajadora en nuestra provincia viene de larga data. En ese marco, la comunidad migrante se encuentra en un cuadro de vulnerabilidad que agrava la explotación laboral. El decreto 70/17 forma parte de toda una orientación contra los elementales derechos humanos de todx residente en el país.
El objetivo de fondo del decreto es el de expulsar del país a una masa de trabajadores migrantes precarizadxs, en momentos en que la desocupación bate récord en la provincia. También es una medida de disciplinamiento.

Prensa Obrera dialogó con una mujer trabajadora de uno de los cortaderos ubicados en Córdoba Capital, quien relató la realidad de las mujeres trabajadoras. “Hoy en día no mucha gente tiene trabajo, con esto de la pandemia”, afirmó nuestra entrevistada, dando cuenta de una situación que se agravó tras el impacto del coronavirus.

Consultada por el impacto de pandemia, la compañera contó que “no trabajamos normal, hicimos changuitas un dinerito para la comida de los chicos. En la semana hacíamos una changa y de ahí sacamos para la comida”.
En relación a la modalidad de pago y condiciones de trabajo, la fuente dijo: “a nosotros nos pagan por tanto, no trabajamos por jornal, de nosotros depende cuantos de ladrillos queremos hacer. Si al día quieres hacer 2.000 ladrillos, pues te pagan por eso. Nosotros disponemos de nuestros horarios de entrada y salida de nuestro trabajo. No contamos con ninguna obra social, tampoco estamos trabajando en blanco, trabajamos en negro”.

En relación a la documentación, la compañera manifestó que hay compañerxs que no pudieron obtener la documentación, “la están pasando mal”. Además, “los tramites salen bastante, y la virtualidad complicó bastante”.
“Nosotros nos levantamos temprano. Yo me levanto a las 5 am, limpio la casa, después de las 8 horas acompaño a mi marido a su trabajo, y ayudo en una u otra cosa que haya para hacer; me vuelvo a mi casa a hacer el almuerzo. Después vuelvo, y ahí ya me quedo a apilar ladrillos. Esa es mi jornada laboral”, manifestó, narrando las largas jornadas que deben pasar los trabajadores, y particularmente las mujeres, quienes padecemos una doble explotación laboral, al hacernos cargo de las tareas de la casa y además realizar el trabajo a la par de los hombres.

Cabe resaltar que hay trabajos con mano de obra migrante como el de la costura, en las quintas, los cortadores de ladrillos, en los que el beneficio de los capitalistas se multiplica, mientras que lxs trabajadores deben pasar largas horas por una paga por debajo de la línea de pobreza.

En este escenario urge desenvolver un plan de lucha para derogar el decreto 70/17, y abrir paso a todos los reclamos pendientes, en este caso de la comunidad migrante que trabaja en cortaderos en donde de “cada 10 personas, 9 son personas migrantes”.

Es necesario registrar al conjunto de trabajadores, garantizándoles condiciones laborales y previsionales, proveyéndoles viviendas fuera de los lugares de trabajo, así como condiciones de salubridad e higiene y un salario de convenio. También es pertinente proceder a un registro de los cortaderos, y dejar en claro la responsabilidad de los dueños de los espacios donde se desarrolla la actividad.

Es necesario un control de trabajadores de los lugares de trabajo, destapar los negocios de los desarrollistas y constructoras, que son los grandes beneficiados de un sistema basado en la precarización laboral. En ese sentido, corresponde levantar la consigna de apertura de sus libros, y establecer sobre los capitalistas de la construcción un impuesto extraordinario para garantizar los derechos del conjunto de trabajadores del rubro.

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