El Poder Ejecutivo ha emitido el Decreto de Necesidad y Urgencia  Nº 39/2021 por el cual se prorroga la prohibición de producir despidos sin causa hasta fines del 2021. Pero esta prórroga, basada en el “estado de emergencia ocupacional”, viene con trampa. Porque por un lado mantiene, ante un despido sin causa, el “derecho a percibir el doble de la indemnización” (Art. 5º), para agregar a renglón seguido en su artículo 6°: “A los efectos de establecer el cálculo de la indemnización definitiva, en los términos del artículo 5° del presente decreto, el monto correspondiente a la duplicación no podrá exceder, en ningún caso, la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000)”. Un tope que está por debajo de la indemnización que correspondería a los trabajadores con más antigüedad.

Por otra parte, sabemos que las patronales del transporte están embarcadas en una política de “limpiar” de las empresas a los trabajadores más antiguos y conservar o tomar trabajadores jóvenes bajo condiciones de precariedad laboral (menos derechos y mayor proporción de sueldo en negro). La creciente desocupación propia de la crisis termina de componer el cuadro favorable a la competencia entre trabajadores y a las aspiraciones superexplotadoras de las empresas.

Semejante acción antiobrera se suma a otras producidas desde el gobierno como la de admitir suspensiones con reducción de salarios. Dice el artículo 3° del mismo DNU: “Prorrógase la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de noventa (90) días corridos (…) Quedan exceptuadas de esta prohibición (…) las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”. El art 223 bis es el que autoriza las suspensiones con reducción salarial si parten de un acuerdo entre el sindicato y las patronales. Es lo que vienen sufriendo los compañeros de Larga Distancia y la mayor parte de los choferes del interior, bajo el argumento de “caída de la recaudación” o “falta de pago de los subsidios estatales”. Suspensiones, falta de pago o reducciones salariales.

Las centrales sindicales no se han pronunciado ante estos ataques a las condiciones de vida de los trabajadores que descargan la crisis sobre sus espaldas y defienden las ganancias de las patronales a las que se dan todo tipo de subsidios y concesiones. Es más, la CGT tiene firmado un acuerdo con la Unión Industrial Argentina que los promueve. Mucho menos las camarillas burocráticas de la UTA –sean del ala de Roberto Fernández, como de la de Miguel Bustinduy- tienen ninguna intención de enfrentarlas. Está en manos de los trabajadores reunirnos y organizarnos en cada línea para rechazar la ofensiva de patronales, burocracias y gobiernos.

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