El gobierno de Alberto Fernández ha resuelto, junto a las centrales obreras y a las cámaras patronales, adelantar los aumentos previstos en el Salario Mínimo Vital y Móvil para el mes de septiembre. Sin embargo, la suma final continúa siendo un monto de indigencia y un ataque hacia los trabajadores.

Sucede que el índice de inflación interanual del 48,8% ha puesto al desnudo que el esquema de aumentos para el salario mínimo -fijado en abril entre el gobierno, la burocracia sindical y los empresarios- compuesto por siete tramos hasta febrero 2022 no guardaba ninguna relación con el ritmo en el cual viene aumentando el costo de vida. Tal es así, que esta nueva disposición mantiene la suba del 35% pero en menos cuotas: 9% en julio, 4% en agosto y 5% en septiembre (más un 17% de abril a esta parte). La confirmación oficial desmintió los rumores de que el incremento sería del 45%.

Hoy en día el salario mínimo se encuentra en $25.572, por debajo de la línea de indigencia calculada en $27 mil. En septiembre llegará a $29.160 y nuevamente quedará por debajo del índice de indigencia teniendo en cuenta que la inflación mensual no baja del 3%. Por otra parte, la cifra mencionada equivale a menos de la mitad de los $65.000, monto en el que se establece el umbral de la pobreza.

Como se ve, el gobierno -en clave electoral- pretende mostrarse como el defensor de la reactualización salarial, sin embargo, sus dichos no pasan de la demagogia. En definitiva, un aumento del 35% no alcanza para empatar una inflación proyectada en el 50% hasta fin de año. A su vez, la suma final de $29.160 es una sentencia de hambre para aquellas personas que reciben un programa social, cuyo monto se estipula calculando la mitad del salario mínimo.

Es decir, el oficialismo presenta como un avance que beneficiarios del Potenciar Trabajo, por ejemplo, pasen a cobrar en septiembre $14.580 por realizar su trabajo. Se trata de una gestión empecinada en hundir en la miseria a los sectores populares. Evidentemente, su prioridad radica en cumplir con los vencimientos de deuda que se aproximan y arribar a un acuerdo con el FMI, a costa de ajustar al pueblo.

Sin ir más lejos, un informe elaborado por el Departamento de Economía de la Universidad Di Tella adelanta que en el primer trimestre del año el índice de pobreza se ubicó en el 43,4%. Por otra parte, las proyecciones realizadas por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) estiman que el país tardará 10 años, con un crecimiento del 3% interanual, en reducir el porcentaje de pobres por debajo del 30%.

Esta catástrofe social golpea de lleno en las infancias, ya que según los datos relevados por el Observatorio de la UCA, la pobreza alcanzó al 62,5% de los menores de 17 años en el 2020. A esto se le suma que el 34% de los niños y adolescentes estuvo en situación de vulnerabilidad en el acceso a los alimentos y el 15,6% padeció riesgo alimentario grave.

Necesitamos de manera urgente la duplicación de los programas sociales, un seguro al desocupado de $40.000 y un salario mínimo de $65.000. Reforzar la unidad en las calles del movimiento piquetero independiente y el sindicalismo combativo resulta fundamental a la hora de “pararle la mano” al ajuste del gobierno.

 

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