La edición de El Cronista de hoy (28/12) informa que “el Gobierno modificó unilateralmente la conformación de la ‘comisión de garantías’, un ente que funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y tiene por objeto determinar las actividades consideradas ‘servicios esenciales’, las que están obligadas a garantizar una prestación mínima sin interrupciones frente a un paro o medida de fuerza”.

Fuentes del Ejecutivo reconocieron que la modificación responde al objetivo de “avanzar rápidamente en declarar al transporte público un servicio esencial y que no puedan paralizarnos el país” (ídem). El macrismo busca cercenar y hasta liquidar en la práctica el derecho a huelga de los trabajadores del gremio, disparando por elevación contra paros generales del movimiento obrero. Asimismo, abre el camino para que cualquier actividad o servicio pueda ser declarado en los mismos términos.

El cambio en cuestión consiste en el reemplazo en la comisión de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) –con el objetivo central de desplazar abogados laboralistas que integren la misma– por una entidad estrechamente ligada a las patronales, la Academia Nacional del Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que tiene entre sus autoridades al vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, y al ex ministro de Justicia de la dictadura genocida, Alberto Rodríguez Varela. El resto del consejo está compuesto por un representante del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), uno de la burocracia sindical, otro de los empresarios y uno del Poder Ejecutivo.  Es decir que el gobierno contará con una mayoría automática de tres representantes sobre cinco. Hasta el momento, la burocracia de la UTA –que fue la primera en bajarse del paro del 18 de diciembre contra la reforma previsional– no ha dicho una palabra al respecto.

Antecedentes

El macrismo se apoya para esta nueva disposición antiobrera en la regimentación del derecho de huelga impuesta por un decreto de 2006 de Néstor Kirchner, que –con el silencio cómplice de la CGT– creó la susodicha “comisión de garantías” y estableció una batería de obstáculos para el ejercicio del derecho a huelga de profesionales de la salud y trabajadores de los servicios de agua potable, energía eléctrica y gas, así como del control de tráfico aéreo.

A lo largo de los últimos quince años, el kirchnerismo y el macrismo presentaron al subte como “servicio esencial” en diversos conflictos, para atacar a los reclamos de los operarios.

Entre los antecedentes cercanos se halla la feroz campaña desplegada por el conjunto de las fuerzas patronales contra la gran huelga de las trabajadoras y trabajadores del transporte cordobés a mediados de año contra la miserable paritaria firmada por UTA Nacional, que conmovió al movimiento obrero de todo el país. En aquella ocasión, la militarización de la ciudad capital, los despidos y el accionar patoteril de la burocracia sindical contra los luchadores fue complementado con la aprobación en junio en la Legislatura provincial de una ley que declaraba “servicio esencial” al transporte, impulsada por el gobernador cordobés Juan Schiaretti (PJ) y votada por la UCR, el PRO y el juecismo. Días atrás, el diputado nacional Mario Negri (UCR-Cambiemos) había buscado imponer una ley análoga a nivel nacional, que fracasó por falta de quórum.

Ese mismo mes, fue aprobado en la Legislatura neuquina –a propuesta del MPN (partido de gobierno provincial) y con acuerdo de la burocracia de UPCN– un convenio flexibilizador contra los trabajadores del ministerio de Desarrollo Social que incorporaba la figura de los “servicios mínimos obligatorios”, en una sesión caracterizada por el fraude y la represión contra los estatales que se movilizaron.

El macrismo y los gobernadores de la oposición previeron avanzar en este mismo sentido contra las luchas de los docentes. En agosto del año pasado, los legisladores santacruceños que responden a Alicia Kirchner presentaron un proyecto que declaraba “servicio esencial” a la educación en la provincia, contra los maestros que resistían las miserias salariales y el atraso en los pagos –que luego debieron levantar por la rebelión en curso. La misma orientación de fondo tuvo la campaña de María Eugenia Vidal este año de reclutar “voluntarios” que reemplazasen a los educadores en huelga.

El derecho a luchar

La medida se inscribe en un derrotero de ataques contra el derecho de huelga y la libertad sindical, que incluye el fallo de la Corte Suprema contra paros realizados por organizaciones gremiales sin personería gremial (en junio de 2016) y la renovada pretensión del ministro Jorge Triaca de quitarles la misma a los sindicatos simplemente inscriptos, creados en muchos casos para superar el corset de la burocracia entregadora.

El macrismo y los gobernadores buscan conjurar las luchas obreras, cuando está planteado un crecimiento de estas frente a los topes paritarios, los despidos y la reaccionaria reforma laboral. Para la clase obrera, se hace necesario defender contra viento y marea sus herramientas de lucha, en la perspectiva de quebrar el ajuste y de superar a la burocracia sindical cómplice.