A través de Esteban Bullrich, el gobierno ingresó a la Cámara de Senadores un proyecto  de modificación de la Ley de Conflictos de Trabajo para declarar ilegales los paros y huelgas docentes que se extiendan más allá de 5 días al año, sean seguidos o discontinuados.

Por esta vía el gobierno pretende avanzar en un viejo propósito que acariciaron todos los gobiernos,  el de declarar a la educación como “servicio esencial” para, en definitiva, clausurar el derecho a huelga de los trabajadores.

Campaña antisindical

Durante las semanas previas a la paritaria docente, como todos los años, los editorialistas de los diarios nacionales afines al gobierno sacaron a relucir datos estadísticos sobre la cantidad de días perdidos por medidas gremiales, desde 1983 hasta la actualidad. La ley del año 2003 de cumplimiento de 180 días de clases parece ser el argumento que ahora recoge Bullrich para este proyecto reaccionario (La Nación, 12/2). Aquella norma impulsada por Daniel Filmus y Néstor Kirchner autorizaba a las provincias a “habilitar las medidas necesarias para cumplir esa meta”. Es el andamiaje legal del que ahora se vale el macrismo para avanzar en la tarea de anular por ley la huelga por parte de un régimen que condena a la pobreza a la niñez.

Para atacar el derecho a protestar, Bullrich apela a un argumento más viejo que la ruda macho: “Ningún derecho es absoluto y el derecho a huelga no debe ser la excepción. Consideramos que limitarlo a 5 días permite la convivencia del bien protegido por la libertad sindical así como el derecho a la educación, ambos de rango constitucional. Así como existe un mínimo de días que el Estado está obligado a cumplir para garantizar el Ciclo Lectivo, debe existir un límite a la huelga a los efectos de poder cumplir con dicha manda” (Pagina 12, 4/4).

Este argumento perverso pretende oponer a los docentes con los alumnos y sus familias. Sin embargo, las medidas de fuerza, cada vez más profundas, son producto del deterioro de la educación en su conjunto, de los salarios de miseria que ubican a las maestras argentinas entre los más bajos del mundo, y de la falta del más elemental sostenimiento económico de las escuelas por parte del Estado.

Bullrich y el gobierno arremeten contra la herramienta que tienen los y las trabajadoras para defender los derechos básicos al trabajo y a la educación.

Este proyecto debe inscribirse en una larga cadena de ataques: derogación de la limitada paritaria nacional en el año 2017, congelamiento y disolución de los 1.200 pesos por cargo que el Estado gira a las provincias, intento de reemplazar a docentes por “voluntarios”, promoción de Vidal a la desafiliación al sindicato Suteba, decretos del Consejo Federal de Educación de liquidación de niveles enteros, alrededor de 600 sumarios, en su mayoría contra directores que han garantizado y ejercido el derecho de huelga, entre otras medidas.

Restringir el derecho de huelga es un paso hacia la ilegalización de los sindicatos que no se muestren dóciles ante el poder de turno.

¿Quiénes defienden a la educación?

Mientras la miseria social es la realidad cotidiana en el trabajo de los y las maestras y profesores y profesoras –los datos del Indec informan el 46,8% de los niños son pobres– se pretende oponer a docentes y autoridades por un lado y familias por el otro. De esta manera, el “fracaso escolar” sería responsabilidad de la docencia que lucha día a día, haciendo huelga, para sostener la escuela.

Debemos promover exactamente lo contrario: la unidad de la docencia con la familia trabajadora contra el gobierno que destruye el salario y la educación, reclamar juntos por la infraestructura escolar, como lo hacen en la localidad de Moreno luego de la muerte de Sandra y Rubén, en defensa de los salarios de todos los trabajadores y, por supuesto, el derecho a huelga, que es el método con el cual se ha defendido históricamente a la educación y a sus trabajadores.

Abajo el proyecto anti huelga de Esteban Bullrich.