El gobierno nacional convocó para el jueves 15 a una reunión el Consejo del Salario, que deberá determinar la actualización y los aumentos sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil, actualmente en escasos $156.000. En un marco de una elevada inflación, tarifazos y boletazo, el gobierno busca formalizar el ajuste sobre los trabajadores licuando los ingresos populares para cumplir con el FMI.

La última reunión de esta índole tuvo lugar en el mes de septiembre del 2023, bajo el gobierno de Alberto Fernández, cuya última actualización impactó en diciembre, llegando al actual monto por debajo de los indicadores de pobreza e indigencia.

Se encuentran convocados para dicha negociación los representantes de las principales cámaras patronales, la CGT, ambas CTAs y el propio Estado.

Para tener una idea precisa del desfasaje del piso salarial –que se supone debería guardar alguna referencia con la cobertura del costo de vida de la población- los $156.000 actuales fueron superados ampliamente por la canasta de pobreza de diciembre ($495.798) y la canasta alimentaria para el mismo mes ($240.679).

Solo considerando el 2023, el salario mínimo “creció” 151,8% contra una inflación del 211,4%, en un cuadro de retroceso más general si ampliamos el periodo hacia más atrás: una política que busca reducir los montos de las prestaciones y parte significativa de la asistencia del Estado

Si bien desde el gobierno no han adelantado ningún indicio de la cuantía de la actualización, por sus consecuencias inmediatas en el gasto público se espera que la tendencia sea a licuar las erogaciones del Estado por medio de una suba insuficientes que no solo no recupere lo perdido ante la inflación sino que agrave el deterioro del salario mínimo.

En este campo se encuentran los programas sociales como el Potenciar Trabajo, congelados en $78.000 por mes. Además de la prestación por desempleo, la base de cálculo para el pago de Ganancias, el piso de referencia (82%) para las jubilaciones de la mínima que no provengan de moratorias y en los trabajadores precarizados y no registrados.

La caída del salario mínimo va en contraste a la suba de los precios, particularmente de los bienes alimenticios y de consumo masivo: aquellos que integran en mayor medida el consumo de las familias más pobres.

Con el boletazo del transporte público en el Amba, el solo hecho de tomar con colectivo todos los días, ida y vuelta, requiere destinar más del 10% del ingreso base, al cual no accede gran parte de la población trabajadora.

De cara a esta convocatoria es preciso reforzar la organización obrera y popular, y la convocatoria de acciones concretas de las centrales obreras, como el paro nacional y un plan de lucha, para derrotar el plan de ajuste de Javier Milei y arrancar un aumento del salario mínimo para que este llegue a los $600.000 y se puedan así cubrir las necesidades más elementales.

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