La lucha de los trabajadores de la salud resiste por estos días el fuerte embate de los aprietes judiciales y difamaciones mediáticas que desde el Ministerio de Salud provincial se pretende instalar contra quienes genuinamente reclaman por el régimen de trabajo que les quieren imponer desde la dirección del Hospital Regional de Río Gallegos (HRRG), en abierta violación del convenio colectivo de trabajo vigente y las leyes laborales del sector.

Los manifestantes, que se autoconvocaron frente a la sede de ese Ministerio, iniciaron el corte de la autovía 17 de Octubre (de acceso a la capital provincial), a la espera de ser recibidos por alguna autoridad política, por empezar la del propio ministro de Salud, Claudio García, quien luego de finalizar su jornada laboral decidió eludir e ignorar el reclamo de los profesionales de la salud y escapó en una camioneta sin dar explicaciones.

Durante el tenso momento de la salida, los trabajadores intentaron detenerlo en reclamo de ser escuchados. Sin embargo, el ministro decidió seguir de largo presurosamente, en una situación que por momentos recordó la del año 2007 en que un exfuncionario del ejecutivo provincial, Daniel Varizat, atropellara a 17 manifestantes en la gran huelga docente de aquel año.

La mañana de este viernes 5, los trabajadores de la sanidad amanecieron de nuevo concentrados a la espera de respuestas, sin tomar el edificio y sin impedir el ingreso de nadie, en una permanencia pacífica sobre la vía pública pero con la policía desde el interior del edificio controlándolo todo.

La mentira y la campaña

Mientras eso ocurría, nos desayunamos con las noticias de tapa de los medios oficialistas como La Opinión Austral y Tiempo Sur en las que se intenta montar una burda y descarada campaña de miedo contra los enfermeros del HRRG haciéndolos responsables de frenar la vacunación contra el Covid-19 y de bloquear el ingreso al Ministerio. Esto llevó, a su vez, a redoblar la seguridad policial donde se encuentran las vacunas en procura de evitar un supuesto e inexistente boicot.

No obstante, medios de comunicación que no responden al gobierno de Alicia Kirchner y se acercaron al complejo cultural, dependencia del Estado en que se lleva adelante la campaña de vacunación en Río Gallegos, desmontaron la mentira corroborando la total normalidad de la situación con gente se estaba vacunando sin inconvenientes y sin manifestantes en el lugar.

Se trata, una vez más, de deslegitimar el reclamo de los trabajadores de la salud, tergiversándolo. Sin embargo y rápidamente, la población expresó su repudio frente a la maniobra mediática y se puso en defensa de aquellos enfermeros y trabajadores que, en definitiva, pusieron el cuerpo y arriesgaron la vida durante todo el 2020 con los recursos que la misma gente en solidaridad les acercaba.

Las autoridades de Salud, y el mismo Gobierno provincial se niegan a recibir a los trabajadores, a pesar de las tantas notas presentadas en las que se plantea el pago de las guardias adeudadas, por la mejora en las condiciones de trabajo y el pase a planta de los contratados.

No conforme con la estrategia de ataque mediático montado, el Ministerio de Salud presentó ante la Fiscalía de Estado y el juzgado de la Dra. Rosana Suárez una denuncia contra los trabajadores autoconvocados de la salud y los enfermeros de la unidad de terapia intensiva, así como los de otras áreas que prestan servicio en el Hospital Regional de Río Gallegos.

El disparate planteado desde el Gobierno es que los mismos trabajadores serían responsables de poner en peligro la vacunación de la población. Un nuevo intento por criminalizar la protesta social, como los muchos a los que nos tiene acostumbrados la gestión kirchnerista en la provincia, que ante el menor reclamo inicia causas judiciales fulminantes para desactivar las luchas de los trabajadores y sus gremios.

El sindicato de Aprosa realizó una conferencia de prensa junto a médicos y representantes de salud mental que se solidarizaron con los enfermeros del HRRG y llamaron la atención ante la falta de diálogo por parte de las autoridades. También reclamaron que se convoque a la sectorial de salud para poder discutir un CCT (convenio colectivo de trabajo) propio y regular las “islas” salariales que se han generado durante todos estos años con la complicidad de los funcionarios kirchneristas que buscan atomizar la unidad de las bases.

Por estas horas, el reclamo se intensifica y la solidaridad se hace sentir por parte de los trabajadores que no dudan en defender a quienes, desde hace ya casi un año, han sido la primera línea de defensa frente a la pandemia en medio de una precariedad total recursos. Los enfermeros y profesionales que lograron incorporarse al hospital con contratos a término están aún a la espera de pasar a planta permanente y no de ser solo un parche temporal y de descarte como pretende el gobierno.

El Partido Obrero acompaña la lucha de los trabajadores de la sanidad, por una recomposición salarial que cubra los requerimientos de la canasta familiar; contra el autoritarismo y los regímenes laborales que violan los derechos establecidos en los CCT, para poner fin a la precarización laboral alentada desde el propio Estado; por el pase a planta permanente de todos los contratados y monotributistas, el pago inmediato de las guardias adeudadas y ya trabajadas y por seis horas para enfermeria. Basta de criminalizar la protesta social en Santa Cruz.