Se abrieron los sobres de la licitación pública del Ingenio La Esperanza. Sólo dos competidores llegaron a esta instancia: ALESA (firma creada por el grupo colombiano Omega para participar) y Productora del Noroeste, de la familia Budeguer, dueños del Ingenio Leales en Tucumán.

Como ya lo anunciamos en un artículo anterior, el gobierno ha convocado a una licitación completamente amañada para favorecer al grupo colombiano. Este grupo constituyó para la ocasión la firma ALESA (Agroindustria La Esperanza S.A.) donde incluyó en su directorio a un funcionario del actual gobierno de Cambia Jujuy: Facundo Fernández de Oliveira, gerente de Recursos Humanos de Radio Nacional.

Rematan La Esperanza

La licitación fue una puja hacia la baja en todo sentido, pretendiendo quedarse con el ingenio a precio de remate y con la menor cantidad de obreros.

El grupo tucumano ofreció U$S20 millones por el ingenio y 20 mil hectáreas de tierra, y sin trabajadores. Pretendiendo que el Estado indemnice a la totalidad de los obreros y después poder tomarlos sin antigüedad ni convenio.

El grupo ALESA ofreció U$S 85 millones en cuotas por el ingenio, las 70 mil hectáreas que posee y contemplaría quedarse con los 600 obreros que quedaron luego de que el gobierno del radical Gerardo Morales desvinculara 338 obreros a fines de 2017.

La sindicatura y el comité de acreedores tienen que evaluar las propuestas y el juez de la quiebra, Juan Pablo Calderón, tiene plazo hasta el martes 3 de abril para emitir resolución con la oferta más conveniente.

En 2017 el gobierno de Morales forzó una adjudicación directa del ingenio planteando que era la única salida que había. El precio de venta fue establecido en U$S100 millones en cuotas o U$S85millones de contado, y fracasó por el incumplimiento de pago de parte del grupo Omega. El precio calculado del ingenio y sus activos es de por lo menos tres veces la oferta realizada.

El rol de Morales para liquidar el conflicto ha sido clarificador, con  la represión y detenciones, con los despidos ilegales (no le correspondían al Ejecutivo) y ahora sin pagarle la indemnización a los obreros que habían aceptado el retiro voluntario, motivo por el cual tuvieron que acampar en Plaza Belgrano.

En esta experiencia hemos podido observar que la salida que da el gobierno y los empresarios a la quiebra ha sido descargar todo el peso sobre los obreros, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo y un ajuste en las condiciones de labor. En 2015 el ingenio tenía 2000 obreros, entre 2016 y 2017 quedó con 1000 obreros y Morales terminó de hacer el trabajo sucio que le pedían los empresarios dejando un ingenio con 600 obreros. Algo similar ocurre en el Ingenio San Isidro, donde los interesados en comprar el ingenio lo quieren hacer sobre la base de desconocer a los trabajadores para después poder tomarlos y pagarles una fracción de lo que corresponde.

La zafra se tiene que garantizar                 

Como dijimos arriba, el grupo inversor se va a estar definiendo en abril, y ya están retrasados los trabajos para preparar la zafra de este año, y por consiguiente todos los puestos de trabajo. Desde el Partido Obrero exigimos que el Estado se haga cargo de garantizar la zafra de este año y que el grupo inversor ingrese con el ingenio funcionando. Los retrasos actuales en el mantenimiento de la caña ya van a afectar el rinde de la zafra.

En este proceso se ha producido una división entre los trabajadores que siguen en el ingenio, tironeados entre un sector que sigue a la comisión directiva del gremio y otro sector de delgados bajo el auspicio del PJ. Creemos que estas divisiones lesionan al colectivo de trabajadores que debería estar debatiendo de manera colectiva como se defiende la zafra, los puestos de trabajo y que se respeten las categorías y antigüedades. En este sentido nos parece fundamental que se convoque de manera urgente una asamblea general de trabajadores para exponer el cuadro de situación y como seguir. Creemos que sería un elemento que ayude a clarificar y ayudar también a desenvolver una campaña por un congreso de base de la FAR (Federación Azucarera Regional), para poder dar una respuesta rotunda y de todos los obreros azucareros frente a los ataques que vienen recibiendo por parte de las patronales y el gobierno.

Se abrieron los sobres de la licitación pública del Ingenio La Esperanza. Sólo dos competidores llegaron a esta instancia: ALESA (firma creada por el grupo colombiano Omega para participar) y Productora del Noroeste, de la familia Budeguer, dueños del Ingenio Leales en Tucumán.

Como ya lo anunciamos en un artículo anterior, el gobierno ha convocado a una licitación completamente amañada para favorecer al grupo colombiano. Este grupo constituyó para la ocasión la firma ALESA (Agroindustria La Esperanza S.A.) donde incluyó en su directorio a un funcionario del actual gobierno de Cambia Jujuy: Facundo Fernández de Oliveira, gerente de Recursos Humanos de Radio Nacional.

Rematan La Esperanza

La licitación fue una puja hacia la baja en todo sentido, pretendiendo quedarse con el ingenio a precio de remate y con la menor cantidad de obreros.

El grupo tucumano ofreció U$S20 millones por el ingenio y 20 mil hectáreas de tierra, y sin trabajadores. Pretendiendo que el Estado indemnice a la totalidad de los obreros y después poder tomarlos sin antigüedad ni convenio.

El grupo ALESA ofreció U$S 85 millones en cuotas por el ingenio, las 70 mil hectáreas que posee y contemplaría quedarse con los 600 obreros que quedaron luego de que el gobierno del radical Gerardo Morales desvinculara 338 obreros a fines de 2017.

La sindicatura y el comité de acreedores tienen que evaluar las propuestas y el juez de la quiebra, Juan Pablo Calderón, tiene plazo hasta el martes 3 de abril para emitir resolución con la oferta más conveniente.

En 2017 el gobierno de Morales forzó una adjudicación directa del ingenio planteando que era la única salida que había. El precio de venta fue establecido en U$S100 millones en cuotas o U$S85millones de contado, y fracasó por el incumplimiento de pago de parte del grupo Omega. El precio calculado del ingenio y sus activos es de por lo menos tres veces la oferta realizada.

El rol de Morales para liquidar el conflicto ha sido clarificador, con  la represión y detenciones, con los despidos ilegales (no le correspondían al Ejecutivo) y ahora sin pagarle la indemnización a los obreros que habían aceptado el retiro voluntario, motivo por el cual tuvieron que acampar en Plaza Belgrano.

En esta experiencia hemos podido observar que la salida que da el gobierno y los empresarios a la quiebra ha sido descargar todo el peso sobre los obreros, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo y un ajuste en las condiciones de labor. En 2015 el ingenio tenía 2000 obreros, entre 2016 y 2017 quedó con 1000 obreros y Morales terminó de hacer el trabajo sucio que le pedían los empresarios dejando un ingenio con 600 obreros. Algo similar ocurre en el Ingenio San Isidro, donde los interesados en comprar el ingenio lo quieren hacer sobre la base de desconocer a los trabajadores para después poder tomarlos y pagarles una fracción de lo que corresponde.

La zafra se tiene que garantizar                 

Como dijimos arriba, el grupo inversor se va a estar definiendo en abril, y ya están retrasados los trabajos para preparar la zafra de este año, y por consiguiente todos los puestos de trabajo. Desde el Partido Obrero exigimos que el Estado se haga cargo de garantizar la zafra de este año y que el grupo inversor ingrese con el ingenio funcionando. Los retrasos actuales en el mantenimiento de la caña ya van a afectar el rinde de la zafra.

En este proceso se ha producido una división entre los trabajadores que siguen en el ingenio, tironeados entre un sector que sigue a la comisión directiva del gremio y otro sector de delgados bajo el auspicio del PJ. Creemos que estas divisiones lesionan al colectivo de trabajadores que debería estar debatiendo de manera colectiva como se defiende la zafra, los puestos de trabajo y que se respeten las categorías y antigüedades. En este sentido nos parece fundamental que se convoque de manera urgente una asamblea general de trabajadores para exponer el cuadro de situación y como seguir. Creemos que sería un elemento que ayude a clarificar y ayudar también a desenvolver una campaña por un congreso de base de la FAR (Federación Azucarera Regional), para poder dar una respuesta rotunda y de todos los obreros azucareros frente a los ataques que vienen recibiendo por parte de las patronales y el gobierno.