La Resolución 1199/20 del 22 de septiembre dice en su artículo 1°: “prorrógase hasta el 28 de febrero de 2021 la suspensión de los procesos electorales, las Asambleas y Congresos, tanto Ordinarios como Extraordinarios, como así también todo acto institucional que implique la movilización, traslado y/o la aglomeración de personas…”, dando continuidad a la resolución de marzo cuando comenzó la cuarentena en el país.

Posteriormente, el 14 de octubre, a través de la Dirección Nacional de las Direcciones Sindicales el Ministerio de Trabajo, se resolvió que “las entidades sindicales podrán celebrar asambleas y congresos a distancia, a efectos de aprobar las memorias y balances de ejercicios vencidos”. Es decir, una apertura virtual en relación a los actos administrativos, pero que sostiene la imposibilidad de realizar acciones sindicales.

De esto se valen las direcciones para justificar su inacción ante los despidos, rebajas salariales y una multitud de atropellos y para esquivar las elecciones de delegados y delegadas. Lo mismo vale para atacar a los conflicto obreros, como es en el caso de los trabajadores del Puerto de Buenos Aires, acusados, entre otras cosas, de romper con el aislamiento obligatorio.

Desde la declaración de la cuarentena a esta parte corrió mucha agua bajo el puente. La presión de las patronales impuso el levantamiento progresivo de la cuarentena sin haber resuelto la crisis estructural del sistema de salud y sin verdaderos protocolos sanitarios, provocando un aumento explosivo de los contagios. Las y los trabajadores fueron lanzados en masa a sus lugares de trabajo, pero con su capacidad de organización sindical limitada por las resoluciones oficiales.

La cuarentena, por el contrario, fue aprovechada por las patronales y el Estado para avanzar contra las conquistas obreras. Esto ocurrió con la complicidad de los sindicatos que se apoyan en las restricciones legales para desarticular las luchas y enfrentar los cuestionamientos que crecen desde la base. Es necesario que se habiliten las elecciones de delegados y de otras instancias representativas allí donde la presencialidad es un hecho, garantizando la participación todos los trabajadores y la fiscalización del proceso electoral. El levantamiento de la cuarentena en favor de las patronales, y el ajuste de los gobiernos nacional y provinciales, requieren como contraparte la más amplia libertad de organización de la clase obrera.