Se espera que el gobierno presente este miércoles un proyecto de ley para la creación de “comités mixtos de seguridad, salud, medio ambiente y prevención de riesgos en el trabajo”, integrados por las patronales y los sindicatos, como parte de una supuesta agenda “antiflexibilización laboral”. De prosperar, implicaría la supresión de derechos laborales y la regimentación de la potestad de paralizar la planta ante peligro inminente.

La iniciativa es parte de las tratativas de Alberto Fernández para afianzar su relación con la burocracia sindical tras la derrota electoral, buscando generar un efecto rebote en el movimiento obrero. Impulsado por la CTA de Yasky y con apoyo de la CGT, el proyecto plantea la creación de comités mixtos obligatorios, con paridad en la representación de trabajadores y patrones y de género, en las empresas de más de 100 empleados –en las de menos se “ampliarían” las funciones del o los delegados.

El hueso de la cuestión es que estos comités no tendrán potestad para paralizar una actividad que pudiera ocasionar un riesgo inminente para la salud de los trabajadores, limitándose solamente a dar intervención al Ministerio de Trabajo para que este resuelva. Se trata de un avasallamiento de la Ley de Contrato de Trabajo, que faculta a todo trabajador a “rehusar la prestación de trabajo (…) siempre que exista peligro inminente de daño o se hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora, o si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar, el empleador no realizara los trabajos o proporcionara los elementos que dicha autoridad establezca”.

Una fantochada

Tales comités gozarían de funciones de auditoría, control y proposición, pero contarían con poco o nulo carácter resolutivo. Además de agregar que su conformación paritaria es más a los fines de garantizar su obstaculización ya que ante la controversia, en los hechos, regirá la continuidad de la situación impuesta por la patronal.

Estos tienen su antecedente en los comités mixtos de la provincia de Santa Fe, que han demostrado sus verdaderos límites con la reciente pandemia de coronavirus y la extensión de los contagios por todo el Cordón Industrial de San Lorenzo, y sus alrededores.

Los trabajadores no son tenidos en cuenta por las patronales para la elaboración de protocolos sanitarios y/o de seguridad e higiene, ya que gran parte de las medidas a cumplimentar para prevenir los siniestros laborales o para garantizar condiciones sanitarias suponen un gasto económico adicional o la interrupción y obstaculización parcial del proceso de producción y los ritmos marcados por las patronales.

Estos comités mixtos no pasan de anexos de la política de la patronal en la empresa, que actúan con la anuencia y complicidad de la burocracia sindical. Sin ir más lejos, la designación de los miembros obreros que integrarían estas nuevas comisiones estaría a cargo de la discrecionalidad de la burocracia sindical, con la potestad de seleccionar a dedo entre los/as delegados/as.

La patronales ya han hecho saber su disgusto respecto a algunas cláusulas que podrán darle a los trabajadores acceso a información reservada, ya que entre sus funciones se plantea “conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas”, y acceder a “todos aquellos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. Lo que no excluye la posibilidad de que, en su tratamiento, se siga podando las facultades y atribuciones de dichas comisiones.

En el paquete de esta iniciativa parlamentaria también se gestarían “nuevos”canales para la denuncia de casos de acoso y/ violencia laboral, sin que queda en claro cuál sería el lugar de las patronales en la supervisión, control e injerencia en estas denuncias, lo cual viciaría dichos procesos.

Este proyecto se anota en la tónica de las reformas laborales propatronales que, como en el caso de los juicios por ART y las comisiones médicas obligatorias, incorporan nuevos obstáculos para los trabajadores para frustrar el ejercicio de sus derechos. La intromisión del Estado es solo para respaldar a los capitalistas, ya que se trata del primer responsable en hacer la vista gorda a la contaminación industrial, las habilitaciones defectuosas y el descontrol de los lugares de trabajo.

Protocolos obreros

Como contrapartida, el clasismo tiene una experiencia recorrida alrededor de la organización de los lugares de trabajo respecto a los protocolos obreros. Es el caso de la dirección combativa del Sutna y la comisión interna del Inti, en cuyo lugares las direcciones clasistas elaboraron protocolos sanitarios obreros que hicieron valer ante las patronales: única garantía para el respeto y la defensa de los derechos de los trabajadores.

La respuesta a los crímenes y muertes de obreros en las fábricas y al deterioro en la salud de los trabajadores debe partir de la propia organización obrera en los lugares de trabajo como dirección independiente del Estado y clasista. Por comités de seguridad e higiene compuestos íntegramente por los trabajadores y elegidos democráticamente por las bases, junto al acceso a toda la información necesaria para el desarrollo de su tarea y con poder de paralización total y/o parcial de la actividad productiva de no cumplirse con los protocolos sanitarios y de seguridad e higiene elaborados por los trabajadores. Todo lo que supone un control obrero de los trabajadores sobre las condiciones de trabajo en los establecimientos laborales.