En una Nota aclaratoria de fecha 10/5, el Ministro de Trabajo Moroni confirma que las patronales están habilitadas para convocar a trabajar al personal de riesgo -hasta ahora dispensado por edad, comorbilidades o embarazo- a los 14 días de haber recibido una dosis de cualquier vacuna y al personal de salud que haya recibido las dos dosis. Y especifica que la Resolución conjunta del Ministerio de Salud y el de Trabajo que lo dispuso el 4/4, no es contradictoria con el DNU presidencial (241/2021) del 15/4.

El DNU establece en su artículo 7º que se prorroga, por el lapso de su vigencia, la dispensa de concurrir al trabajo del personal mencionado. El sentido común indica que al no referirse al hecho de que esas personas estén o no vacunadas, el DNU mantiene la dispensa para todos. Con más razón cuando en los considerandos plantea: “Que, ante el aumento exponencial de casos en el ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), se hace necesario incrementar las medidas ya adoptadas, en forma temporaria e intensiva” (Boletín Oficial). No es así para Moroni y Vizzotti, que opinan que el DNU omitió la vacunación y ellos vienen a complementarlo. Que lo hagan según los intereses de las cámaras patronales, que tratan de desconocer todo tipo de licencias de personal y protocolos, coincide con el espíritu general de las medidas oficiales, hay que reconocerlo, que mantienen el 90% de la actividad industrial y comercial abierta y cero control sobre los protocolos.

Que esto se haga en el cuadro del crecimiento de la pandemia en todo el país, con récord de infectados y muertos y circulación de nuevas variantes de virus ya es absolutamente criminal. Se sabe que las personas de riesgo vacunadas no están exentas de infectarse, pero no existen datos fehacientes sobre sus consecuencias, menos con una dosis y mucho menos ante variantes de virus cuya resistencia a las vacunas no está todavía comprobada. Más allá de la contradicción formal entre el espíritu del decreto presidencial y la resolución ministerial, Moroni y Vizzotti no han publicado prueba científica alguna que los avale. Vale aclarar que estos ministros no actúan sin la aprobación de la cúspide del gobierno.

Los trabajadores y sus organizaciones deben repudiar esta política, reclamar su anulación y organizar la no concurrencia del personal de riesgo a sus tareas, hasta que la mitigación de la pandemia lo permita.

 

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