El gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), recortó la cantidad de enfermedades contempladas a la hora de realizar reintegros a las obras sociales por tratamientos de “alto costo”, eliminando 47 enfermedades de un total de 130. La medida podría implicar un agravamiento de la atención y la cobertura médica en las prestaciones de las obras sociales.

La medida se efectivizó por medio de la sustitución del Sistema Único de Reintegros (SUR) a cambio del Surge (Sistema Único de Reintegros por Gestión de Enfermedades), con la excusa de una digitalización y dinamización del proceso, pero tijera mediante.

Actualmente la SSS dispone del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se financia con el 17% de los aportes a las obras sociales, con el fin de compensar las asimetrías del sistema. Este asciende a un presupuesto de $20.000 millones, de los cuales el 30% va destinado a este programa para hacer frente a los tratamientos más costos por medio de reintegros a las obras sociales.

Entre las enfermedades que quedan descolgadas de la cobertura del fondo se destacan cáncer de ovario, hepatitis B, cáncer gastrointestinal, leucemia de células vellosas, leucemia linfática crónica, linfoma de células del manto y linfoma no Hodgkin folicular (Clarín, 12/4).

Desde el gobierno afirmaron que el recorte no afecta a las “patologías más prevalentes” y que las enfermedades eliminadas del sistema tenían una “muy baja tasa de utilización”, aunque de ser así esto tampoco explicaría el motivo del recorte.

Para las obras sociales se trata de un soporte vital debido a las asimetrías en la cantidad de aportantes y al costo excesivo de determinados tratamientos de alta complejidad o medicación, los cuales a su vez son totalmente inaccesibles para las familias trabajadoras y los pacientes.

El sistema de reintegros del Estado a las obras sociales es totalmente deficitario y discrecional, siendo uno de los motivos recurrentes de choque y negociaciones con la burocracia sindical, ya que supone el desembolso de fondos millonarios que las entidades sindicales precisan para subsistir.

Las obras sociales deben hacer frente a la cobertura de las prestaciones, exista o no reintegro del Estado, lo cual suele ser, de todas maneras, motivo de conflictos entre los afiliados y las obras sociales por la reticencia a cubrir tratamiento de altos costos. Algo que se agravaría con esta medida.

De todas formas, desde las obras sociales denuncian que el sistema ya funciona de forma deficitaria, realizando reintegros parciales y totalmente desvalorizados por la inflación. El procedimiento ante la SSS solo puede iniciarse luego de que la obra social haya cubierto el medicamento o la prestación correspondiente.

El sistema también demanda de la presentación de mayor documentación de soporte que fundamente los reintegros de la cobertura subsistente, haciendo más restrictivo el acceso a los tratamientos.

El crecimiento de los medicamentos de alto costo también es un factor de desfinanciamiento y quebranto de las obras sociales. Fuentes del sector aseguran que mientras estos representaban antes el 10% del gasto de las obras sociales, este asciende alrededor del 30-40% de las mismas en la actualidad.

El ajuste del gobierno es parte de una política de recortes en todas las áreas y propio de las demandas de recortes del FMI. La supresión de enfermedades cubiertas en los reintegros siquiera garantiza una adecuada cobertura de los tratamientos restantes, con un gobierno que retiene los fondos y los utiliza discrecionalmente para contentar a la burocracia sindical.

El trasfondo de esta crisis es el vaciamiento de las obras sociales, en manos de una burocracia sindical enquistada, y los negocios capitalistas con tratamientos y medicamentos cada vez más inaccesibles que son el monopolio de determinadas firmas farmacéuticas, prestadoras y compañías. Esto a su vez empuja a cientos de miles de trabajadores a las manos de la medicina prepaga, con precios y valores en ascenso, inaccesible para muchos trabajadores.

Hay que poner las obras sociales en manos de directorios elegibles y revocables por los trabajadores, por medio del voto directo, con rendición de cuentas periódica, fondos de compensación en manos de los trabajadores. Así como terminar con los negocios privados a costa de la salud de los trabajadores, nacionalizando la producción de medicamento y tratamientos de alto costo.

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