La semana pasada, telefónicas y ex-telefónicos retirados y jubilados, marchamos al Ministerio de Economía para reclamar la nulidad del Acuerdo General de Transferencia, firmado por la burocracia de FOETRA, que fija las condiciones de venta de las acciones de clase “C” de Telefónica y de Telecom del Estado Nacional a los empleados de la ex-ENTel.

Esta marcha de 500 compañeros fue resuelta en una asamblea previa impulsada por la izquierda y sectores afines al CTA, realizada al margen, no sólo de la Federación Nacional, sino también del Sindicato Buenos Aires. El éxito reflejó la bronca suscitada por la disposición de la  burocracia nacional de que se abonaría a los trabajadores, previa renuncia individual y expresa a reclamar contra el Acuerdo, sólo el 30% de lo depositado por Telecom y Telefónica en concepto de dividendos.

Frente a esta agitación, la burocracia retrocedió y aceptó que el cobro pudiera hacerse con cláusulas de “a cuenta”, “reservando derechos” e “impugnando los gastos”.  A pesar de esto, en los primeros días, sólo fueron a cobrar alrededor del 30% de los empadronados.

Un sector importante se mantiene sin ir a cobrar, ya que existen, aun entre distintos abogados, diferencias acerca de cuál es la implicancia jurídica real de cobrar reservando derechos.

Este movimiento ha elaborado un boletín donde se fijan sus objetivos: lograr la libre disponibilidad de las acciones, la imputación del dinero del Fondo al pago de la deuda con el Estado y la impugnación de los gastos que efectuara el Comité que está manejando actualmente el tema. Para lograr esto se planea organizar una nueva movilización para el 26/11, estructurar un cuerpo de representantes por edificio para seguir impulsando los reclamos administrativos al Ministerio de Economía y recibir el poder de los compañeros para constituirse en interlocutores legalmente válidos para reclamar la nulidad del Acuerdo.

 

¿Qué es la Propiedad Participada?

 

La propiedad participada es la venta del 10% de las acciones de las sociedades licenciatarias a los trabajadores prevista por la ley de Reforma del Estado. Su propósito es transformar a los trabajadores en “socios” de la patronal, lo cual serviría para hacerlos más “eficientes”, apoyar una política de tarifas altas y aumentar las utilidades de “nuestra” empresa.

Pero también es una dádiva para la burocracia, que lucra con el manejo de la administración del paquete accionario.

En síntesis, la propiedad participada, y la entrega que se le hizo de la Obra Social y del Fondo Compensador, fueron el precio que la burocracia cobró por “descubrir”  las bondades de la “privatización”.

La Lista Naranja (PO), miembro del Frente Tricolor, viene agitando desde hace años el planteo “No al sindicato patrón”, “Fuera el gremio de la Propiedad Participada”, porque cualquier compromiso del sindicato con el manejo de las acciones, lo convierte en rehén de la política empresaria de “racionalización”, despido y mutilación del convenio y en fuente permanente de corrupción.

Frente a la puesta en marcha del mecanismo de la Propiedad Participada, la lista Naranja impulsó la consigna de “libre disponibilidad”, o sea la posibilidad de que cada trabajador determine qué hacer con sus acciones (y la inmensísima mayoría está, por las necesidades apremiantes en las que vive, queriendo venderlas)

 

El mecanismo de un robo

 

Las burocracias que firmaron el Acuerdo General de Trasferencia (de los sindicatos de jerárquicos, supervisores, profesionales, FOETRA) juntaron poderes por aproximadamente un 20% de los trabajadores, aunque tampoco existe constancia cierta de ese porcentaje, ya que los mismos fueron dados, en su mayoría, sin ningún tipo de legalización de firma.

Las cláusulas firmadas no fueron discutidas, ni siquiera informadas, al conjunto del gremio, salvo una vez firmadas, y por el Boletín Oficial.

Se creó, conforme a dicho Acuerdo, un comité formado por la burocracia sindical, cuya primera actividad fue realizar un empadronamiento de los empleados adquirentes. Este empadronamiento era totalmente innecesario, ya que los datos de todos los empleados figuraban en los archivos computarizados de ENTel. Por este trabajo se le liquidó a la consultora Bunge 2.000.000 de dólares. Según el diario “Clarín”  el precio de mercado de esta tarea, innecesaria por otra parte, no podía ascender a más de 500.000 dólares.

Por el Acuerdo también se crea un Fondo, manejado por el Comité, con el 50% de los dividendos depositados por las licenciatarias, en lugar de saldar, con ese dinero, la deuda al Estado por las acciones que se transfieren.

Debido a que se crea ese Fondo, se ha contraído una deuda con el Banco Ciudad para abonarle las acciones al Estado. Por esta deuda se pagan intereses al Banco, mientras se mantiene depositado en el mismo banco, en Caja de Ahorro, el dinero de dicho Fondo.

Dicha deuda, y por tanto la prenda sobre las acciones, se cancela en 8 cuotas anuales en dólares, o sea, llega al año 2000.

En noviembre del 2001 recién comienza a liberarse el primer tercio de las acciones, con lo que la indisponibilidad llega al 2003.

Como hay deuda (por la creación del Fondo) y no hay liberación, entonces, la administración del paquete accionario deduce el 9% de los dividendos depositados por las licenciatarias para “gastos administrativos”. Esto, además de 1.400.000 dólares que cobra el Banco Ciudad por sus “gestiones bancarias”.

El objetivo de la creación de dicho Fondo es comprar las acciones a los que se retiran de las empresas. Como el “Acuerdo” establece que sólo pueden ser accionistas los trabajadores en actividad, los que se retiran deberían vender en forma obligatoria sus acciones. El precio “sostén” que fijaron en dicho acuerdo alcanza a 10/12% del valor de cotización de las acciones en plaza.

Como dicho Fondo será el propietario de esas acciones,el Comité (del Fondo) tendrá derecho a voto en la Asamblea de Accionistas por la cantidad que le corresponda a los que se retiraron. Como ha habido una reducción del 25% del plantel y las perspectivas son de una reducción aún mayor, vamos a asistir a un despojo generalizado.

Pero como si esto fuera poco, fijaron un sistema “federal”  para realizar las asambleas de accionistas. Los compañeros que trabajan en el sur del Gran Buenos Aires (Avellaneda, Lanús, etc.), tendrán que concurrir para intervenir en dichas asambleas a La Plata, los de Oeste (Matanza, Morón, etc.) a Luján, y los de Norte (V.López, San Martín, etc,) a Zárate. Esto a pesar de que están organizados en el Sindicato Buenos Aires.