Hace dos meses se decretó la quiebra del Hospital. La mayoría de sus trabajadores fueron suspendidos y se les debe aguinaldo, vacaciones y 10 meses de salario.

El golpe de gracia lo dio el Pami, al retirar sus pacientes. Las cápitas “desaparecían”… sin llegar a los trabajadores, ni a los jubilados.

Entonces, todos los trabajadores del hospi­tal incluidos los médicos, pararon y lo ocuparon. Echaron a los delegados de Atsa, cómplices de esos desfalcos. Angamuzzi había apoyado la tercerización a favor de empresas como Isramed y Cruz Dorada, que pretenden ‘sanear´ el Hos­pital con sólo 70 de sus 400 trabajadores.

Los trabajadores decidieron formar una cooperativa y poner en marcha el Hospital bajo su gestión directa.

La “locación” de Caro y el MST

El MST y Luis Caro (del Movimiento de Em­presas Recuperadas) propusieron que la Coo­perativa solicitara al juez la “locación” transitoria del Hospital por un año, con la garantía de los propios salarios adeudados a los trabajadores. Es decir, aceptando considerarse ex empleados y resignando el cobro de sus sala­rios e indemnizaciones. Los trabajadores no deben renunciar a lo que les corresponde, ni someterse a la autoexplotación para capitali­zar la empresa.

Poner en marcha el Israelita demanda im­portantes inversiones y exige una demanda asegurada de servicios, lo que significa recu­perar las cápitas del Pami y abrir el Hospital a toda la comunidad.

El Gobierno de la Ciudad reconoce que el sistema de salud está al borde del colapso.

El presidente de la Amia, Abraham Kahul, deslindó responsabilidades “de la comunidad judía (que) hace más de dos años no considera al Israelita como un hospital comunitario” (Crónica, 28/10), y reclamó una “solución” de los gobiernos porteño y nacional” (ídem).

Expropiación y gestión obrera

Esto plantea un claro camino: la expropiación del Israelita y su incorporación a la red de salud de la Ciudad, haciéndose ésta cargo de todos los salarios caídos y de su puesta en funcionamien­to bajo la dirección de los trabajadores.

La política obrera y socialista es defender a los trabajadores y la población explotada, que no tiene acceso a los sanatorios privados. Hay que reclamar políticamente sobre el Es­tado; el planteo del alquiler sería un paliativo, cuyos costos pagarán finalmente los propios trabajadores.

El PO, que acata el camino que resuelvan las asambleas de trabajadores, incluso si fue­ra el que aconsejan Caro y el MST, lo hará planteando su punto de vista para una defen­sa consecuente de los derechos del trabajador:

Que el Estado garantice el pago de los sala­rios y jubilaciones adeudados (se pone en peli­gro el retiro de compañeros próximos a jubilar­se).

Que se expropie a las “tercerizadas” y al hos­pital, y se los ponga a funcionar bajo gestión de sus trabajadores.

Que vayan a prisión y se hagan cargo con sus fortunas los Beraja y otros testaferros que ju­garon con la vida de los enfermos de la comu­nidad, los salarios de los trabajadores y los pro­veedores.