Trascendió un documento del FMI del 25 de marzo en el que se plantea que el gasto en jubilaciones y otros beneficios a los adultos mayores es muy alto respecto a otras naciones, que la proporción de jubilados y pensionados entre los mayores de 65 años es excesiva y que se debe a la “edad relativamente baja de retiro, moratorias previsionales que sumaron individuos con insuficientes contribuciones al sistema contributivo y tasas de reemplazo del 90% contra el 58% de la OCDE, y regímenes especiales generosos, incluyendo los provinciales” (Infobae, 16/4).

Insiste además con que el gasto en jubilaciones crece respecto al PBI, y señalan que “las autoridades se han comprometido a realizar y publicar un estudio sobre la equidad y sustentabilidad del sistema, incluyendo opciones que reformen los regímenes especiales y alienten a las personas a trabajar más años” (ídem).

El informe resalta que para cumplir las metas de pago y recaudación acordadas por el gobierno de Fernández y por la oposición patronal hay que ir contra los más de siete millones de jubilados, pensionados, los de la PUAM, los de las jubilaciones por vejez; y contra los dos millones de adultos mayores que no tiene ningún tipo de beneficio, ni lo tendrán acorde a los pactos firmados. No se privan tampoco de avanzar contra las jubilaciones provinciales.

Aprietan para que se aumente la edad jubilatoria, para achicar aún más las prestaciones del Pami, para que no haya ninguna moratoria, para que la tasa de reemplazo sea aún menor (lo que implica no solo arrasar con toda perspectiva del 82% móvil, sin bajar aún más la diferencia entre el sueldo del activo y el haber jubilatorio). Claramente el informe también insiste en acabar los regímenes especiales y con las jubilaciones de las provincias.

Ante este planteo de barbarie, el silencio de la CGT y de la CTA es cómplice. Nada dicen acerca de que la jubilación no es un gasto sino el salario diferido, conquistado con enormes luchas en las que se impuso que todo trabajador debe seguir cobrando proporcionalmente al valor de su sueldo en actividad, y se paga con contribuciones del trabajador. Son las patronales las que evaden -cuando no directamente son eximidas por los sucesivos gobiernos-, empezando por los millones de trabajadores en Argentina que están en negro. No es el trabajador el “no contributivo”.

Se plantea un urgente plan de lucha contra los techos paritarios y la defensa de las jubilaciones. Va a ser a través de los sindicatos y los trabajadores activos, junto con las organizaciones de jubilados, que se defienda el salario diferido.

Porque todos los trabajadores deben estar bajo convenio en blanco, con sueldos acordes a la canasta familiar e indexados por inflación; y porque debemos derrotar el intento de aumentar la edad jubilatoria y conquistar la movilidad automática por inflación, una moratoria universal para todos los adultos mayores (mujeres de 60 años y varones de 65) y un haber mínimo de 90.000 pesos, más un resarcimiento de 30.000 pesos para recuperar lo perdido.