Sindicales

14/7/2021

El Instituto de Vivienda de la Ciudad le niega la paritaria a sus trabajadorxs

Una arbitrariedad cuyo trasfondo es la enorme precarización laboral al interior del Instituto.

Luego de un año y medio de cargarse al hombro los procesos de reurbanización en los barrios populares de CABA, en simultáneo con las tareas de contención de la pandemia como la asistencia alimentaria, la atención de los Dispositivos DetectAr o los vacunatorios, en estos días se les anotició a lxs trabajadorxs del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) que no se les dará la cuota paritaria correspondiente a julio. Es por eso que han decidido difundir, mediante su cuenta de Instagram, el reclamo a María Migliore, la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña, y al presidente del IVC, Gabriel Mraida.

La paritaria 2021 para lxs municipales acordada entre la burocracia de Sutecba y Larreta, que contó con la aceptación de ATE capital, fue de un 30% a abonarse en 3 cuotas; correspondiendo el primer pago en marzo, la segunda en julio y la tercera en septiembre. Lxs precarizadxs del IVC, quienes se encuentran contratados como monotributistas por contratos de locación de servicios o tercerizados con universidades, solo recibieron el primer aumento del 10%, pero ya han sido informadxs que no recibirán las cuotas restantes.

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Cabe mencionar que el retroceso en los salarios municipales viene acumulándose. Entre 2015 y 2020 la pérdida de poder adquisitivo del ingreso municipal fue de un 38%, y solo en 2020 fue del 13%. Para 2021, el 30% previsto queda muy atrás hasta de las proyecciones inflacionarias oficiales de un 46% anual. Esto se agravará aún más ante el avance de una inflación que promete superar cómodamente estas previsiones.

Esta semana Sutecba acordó con el gobierno de Larreta la ampliación del acuerdo paritario en un 10% más, alcanzando un 40% que aún continúa por debajo de la inflación prevista. Sin embargo, en lo que respecta a contratados, solo dice que los mismos percibirán ese 40%, pero no aclara cómo ni cuándo. Esto no solo fue aceptado por ATE Capital, dirigido por el kirchnerista Daniel Catalano, sino que confunde aún más cuando informa que a lxs contratadxs les corresponderá un 33%.

Esta es la realidad que enfrentan los más de 1000 trabajadorxs contratados del IVC, que en gran parte deben desarrollar tareas muchas veces insalubres en situación de absoluta precarización: sin ART ni estabilidad laboral, sin aguinaldo ni paritarias aseguradas por ley a merced de las arbitrariedades de funcionarios incompetentes, y obligados a pagar el monotributo que solo este año aumentó un 35%. Afecta particularmente a quienes dan la cara a diario en los barrios frente a la falta de recursos y ante los atropellos de una gestión que vulnera los derechos laborales de sus equipos y el derecho a la vivienda de las familias habitantes.

La situación de vulnerabilidad que sufren lxs trabajadorxs territoriales está directamente relacionada con la avanzada represiva en los barrios en el proceso de reurbanización, para asegurarle a Larreta la foto de la inauguración electoral. Sin ir más lejos, el viernes 9 de julio lxs funcionarios del IVC junto con la Policía de la Ciudad realizaron un violento desalojo en el Barrio Rodrigo Bueno expulsando familias sin brindar soluciones habitacionales.

A los salarios devaluados se suman las amenazas, traslados arbitrarios y comunicaciones sistemáticamente informales con el fin de impedir la organización y reclamo de lxs trabajadorxs. Sin embargo, la situación se torna cada vez más desesperante y se hace evidente que la lucha es una sola entre trabajadorxs y familias vulneradas.

Desde Tribuna Municipal acompañamos los reclamos de todos los trabajadores y trabajadoras del IVC, y llamamos a que mediante el método de asamblea se den un curso de lucha por el fin de la precarización laboral, el pase a planta de los cientos de trabajadoxs precarizadxs, la aplicación de la paritaria nacional, la mejora en las condiciones de trabajo y que se incremente el presupuesto para garantizar la vivienda de todas las familias afectadas por los procesos de reurbanización.